La semana pasada el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la desocupación en el segundo trimestre de 2023 fue del 6,2%. Se trata de la tasa más baja registrada al menos desde 2004, de acuerdo con datos del INDEC y de la consultora Orlando Ferreres & Asociados para el período 2007-2015, durante el cual el organismo se encontraba intervenido.

Qué es

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) denomina empleo informal a “todo trabajo remunerado que no está registrado, regulado o protegido por marcos legales o normativos, así como también el trabajo no remunerado llevado a cabo en una empresa generadora de ingresos”. El organismo sostiene que “los trabajadores informales no cuentan con contratos de empleo seguros, prestaciones laborales, protección social o representación de los trabajadores”.

Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de Unicef Argentina, amplió el concepto, al señalar que “la economía informal la componen asalariados que no gozan de beneficios sociales en su ocupación principal”, pero también “empleadores o trabajadores por cuenta propia con calificaciones no profesionales, con ingresos ubicados en los 5 primeros deciles de la distribución del ingreso; cualquier trabajador que afirma no tener un salario; trabajadores que realizan changas y el servicio doméstico”.

Es decir, que un trabajador informal es alguien que realiza tareas remuneradas pero que no cuenta con los beneficios legales que otorga el empleo registrado (obra social, aportes jubilatorios, vacaciones pagas e indemnización por despido), pero también quienes realizan tareas por cuenta propia (es decir, que no reciben el salario de un empleador), poseen empleos de baja calidad (como alguien que realiza “changas”), o desarrolla tareas no remuneradas (como una persona que trabaja con un familiar pero no recibe un pago por ello).

El Observatorio de Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) denomina a este grupo como trabajadores micro-informales, quienes desarrollan “actividades laborales autónomas no profesionales o llevadas a cabo en pequeñas unidades productivas de baja productividad, alta rotación y baja o nula vinculación con el mercado formal”.

Los números de la informalidad en la Argentina

La tasa de empleo (es decir, la cantidad de personas ocupadas sobre el total de la población) se ubicó en el 44,6% en el segundo trimestre de 2023, una de las cifras más altas desde el inicio de la serie oficial en 2016.

Del total de trabajadores, el 46,9% declaró ser asalariado con descuento jubilatorio (es decir, que percibe un salario registrado o “en blanco”), mientras que el 27,3% dijo cobrar un salario, pero no cuenta con esos beneficios (lo que se denomina un sueldo no registrado o “en negro”).

En tanto, un 22,2% de las personas aseguró que trabaja por cuenta propia. Es decir, no percibe el salario de un empleador, ya sea en blanco o en negro, sino que genera sus propios ingresos a partir de la provisión de bienes y servicios a terceros.

Si bien suele asociarse a este segmento con trabajadores independientes, emprendedores o profesionales (como médicos o abogados, entre otros), en su interior hay un porcentaje muy importante de personas que realizan tareas de baja calificación y remuneración (como las “changas”), características que los ubican dentro del segmento de empleo informal.

Para poder determinar el verdadero peso de este sector, los especialistas recomiendan separar, dentro de la categoría de cuentapropistas, a personas de escaso nivel educativo e ingresos bajos.

Así, de acuerdo con datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) analizados por Jorge Paz, investigador del Conicet en el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), el 92,5% de los cuentapropistas es considerado trabajador informal. De este modo, si se suman los asalariados no registrados y los cuentapropistas no profesionales, el número de trabajadores informales llegó, a fines de 2022, al 47,6%. Casi la mitad del total de personas que declararon poseer un empleo en ese período.

En coincidencia, el ODSA-UCA reveló, de acuerdo con un trabajo realizado en base a una encuesta propia, que en 2022 el 51% de la población se encontraba “sometida a un subempleo inestable (realizando changas, trabajos temporarios o no remunerados, o siendo beneficiarios de programas de empleo con contraprestación” (23%) o “con un empleo regular pero precario, sin afiliación alguna al Sistema de Seguridad Socia” (28%).

El estudio de la UCA señala también que en 2022 el ingreso medio de los trabajadores informales fue un 48,9% inferior al de los trabajadores del sector privado, y un 39,3% respecto de los trabajadores públicos.

Evolución

Al analizar un período más prolongado de tiempo, puede verse que la recuperación del empleo registrada en los últimos años se explica mayormente sobre la base de un incremento del empleo informal.

Entre el cuarto trimestre de 2016 y el cuarto trimestre de 2022, se incorporaron al mercado laboral casi 2,6 millones de personas (dato que surge de proyectar la EPH -realizada en los principales conglomerados urbanos- a toda la población del país). De ese total de nuevos empleos, sólo el 25,5% (660 mil) son asalariados formales.

En tanto, el 44,9% (casi 1,2 millones) son cuentapropistas no profesionales (personas que realizan tareas de baja calificación), el 29,9% son asalariados no registrados (775 mil) y el 1,4% patrones. El número de cuentapropistas profesionales, por su parte, cayó 1,7% (42 mil personas).

El universo de asalariados registrados comenzó a caer a partir de la crisis cambiaria de 2018, mientras aumentaba proporcionalmente el peso de los asalariados no registrados en el total de empleos. Durante la pandemia, el porcentaje de trabajadores registrados sobre el total aumentó y llegó a casi el 60%, pero no por un incremento de este tipo de puestos de trabajo (que se mantuvieron a raíz de la prohibición de despidos y del programa ATP) sino por una drástica caída de los puestos informales, los más afectados por las restricciones a la circulación.

En tanto, en la recuperación posterior a la pandemia (desde el tercer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022) casi 7 de cada 10 nuevos empleos fueron puestos asalariados no registrados y cuentapropistas no profesionales. Es decir, de los 3,5 millones de puestos de trabajo generados entre el tercer trimestre 2020 y el cuarto trimestre de 2022, 2,4 millones fueron informales.

Las razones del aumento de la informalidad

Nuria Susmel, economista de la consultora FIEL -que preside Daniel Herrero-, aseguró que “hay varios factores que explican la informalidad”. En este sentido, sostuvo que, por parte de los trabajadores, “dentro de los asalariados hay gente que no quiere estar registrada porque pierden otros planes o las asignaciones familiares”.

En tanto, indicó que desde el punto de vista de las empresas “está el tema de los costos laborales y toda la carga impositiva que es alta y juega en contra”. Y agregó: “La productividad es baja para el nivel de impuestos al trabajo que existen”.

En el mismo sentido, Santiago Boulat, economista y socio de la consultora Invecq, dijo al sitio Chequeado que un trabajo del Banco Interamericano de de Desarrollo (BID) publicado en 2017 ubicó a la Argentina como el país con mayor costo no salarial promedio por trabajador (es decir, el porcentaje de dinero que una empresa paga en concepto de seguridad social, cuota sindical, ART y otras cargas laborales por encima del salario de bolsillo) de América Latina y el Caribe, con un 72%.

Mariana González, economista y coordinadora del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) perteneciente a la CTA -sector que lidera el sindicalista docente Hugo Yasky-, dijo al citado medio que, “por un lado, la informalidad es un fenómeno muy asociado a la existencia de actividades económicas de muy baja productividad, incluso de subsistencia. Pero es un fenómeno que también se da en empresas de cierto tamaño, y que suele tomar en esos casos formas menos evidentes”.

Frente a esto, la especialista propuso “políticas de inspección más abarcativas y eficientes y penalidades más fuertes y efectivas”, al tiempo que opinió que “ciertos sectores de actividad con niveles de informalidad muy superiores al resto requieren de políticas específicas que den cuenta de sus particularidades”, como fue -sostuvo- el caso del régimen especial para el sector de casas particulares.

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