Avanza el proyecto de desalojo exprés y cambios en la ley de propiedad privada

La Cámara alta reanudará mañana el debate sobre el proyecto de propiedad privada, tras haber suspendido la sesión el pasado 16 de julio. La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presenta una versión acotada que excluye el capítulo sobre la extranjerización de tierras y las disposiciones sobre barrios populares.

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El eje central del proyecto es la implementación de un desalojo exprés para inmuebles usurpados o tenedores precarios. Según el texto, el juez podrá disponer la entrega inmediata del bien si el derecho invocado es verosímil y previa caución juratoria. El magistrado tendrá la facultad de intimar la devolución en un plazo de 72 horas, siempre que el propietario presente prueba documental que acredite su titularidad.

En cuanto a las relaciones contractuales, los inquilinos que adeuden pagos deberán recibir una carta documento y contarán con un plazo de al menos 10 días corridos para regularizar su situación. De persistir el incumplimiento, el propietario podrá iniciar una acción de desalojo con un plazo de resolución de 10 días hábiles. Asimismo, se establece que el propietario no podrá negarse a recibir las llaves, aunque podrá dejar asentada la existencia de deudas pendientes.

El proyecto también contempla situaciones de vulnerabilidad social: ante la presencia de menores o adultos en situación de desamparo, el juez deberá dar intervención a organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, otorgando un plazo máximo de 10 días para asegurar una alternativa habitacional transitoria.

En materia de expropiaciones, la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva y el Estado deberá fundamentar claramente los motivos. Se fijó un tope del 30 por ciento para la indemnización por lucro cesante y se estableció que la tasa de interés aplicable será la del Índice de Precios al Consumidor más la tasa del Banco Nación a 30 días.

Finalmente, la propuesta incluye modificaciones a la ley de Manejo de Fuego, eliminando el plazo de 60 años para el cambio de uso de suelos incendiados en bosques nativos, y actualiza la ley Pierri de regularización dominial, permitiendo el acceso a la escritura para familias con 10 años de posesión pública.

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