El régimen de jubilaciones argentino es noticia frecuentemente por los debates que se generan en torno al modo de actualización de los haberes, el ingreso de nuevos beneficiarios a través de moratorias y la sustentabilidad de todo el sistema.

En 2008, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria) impulsó la eliminación del régimen de capitalización (por el que cada trabajador acumula sus ahorros previsionales en cuentas individuales que pueden ser gestionadas por administradoras privadas) y su reemplazo por el régimen de reparto actualmente vigente.

En este sistema, son los trabajadores en actividad y las empresas, con sus aportes, quienes financian las jubilaciones. A esto se le suman otros fondos provenientes de impuestos y aportes del Tesoro nacional.

Dentro del sistema previsional de nuestro país conviven varios esquemas de jubilaciones y pensiones. Según señaló al sitio Chequeado Julián Folgar, economista y analista de investigación del Banco Mundial, “el sistema público de reparto está muy fragmentado, con muchos subsistemas dentro”.

Por un lado se encuentra el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), que cubre a la mayoría de los trabajadores registrados y es administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Pero también existen sistemas provinciales (que cubren a empleados públicos), esquemas previsionales con normativa propia (como el del personal de las fuerzas armadas y de seguridad) y cajas profesionales (como la de los abogados).

Para acceder a una jubilación una persona debe contar con 30 años de aportes laborales (descuentos que, en el régimen general, son del 11% del sueldo bruto) y tener 60 años de edad en el caso de las mujeres, y 65 años en los hombres.

Pero no todas las personas en la Argentina se jubilan bajo las mismas condiciones: existen algunas actividades que cuentan con beneficios especiales, ya sea por acortar la edad de retiro (en el caso de actividades consideradas insalubres), exigir una menor cantidad de años de aportes (por ejemplo, a trabajadores agrarios y de la construcción se les piden 25 años), el nivel de haberes (las jubilaciones son más altas) o las reglas de movilidad (el tipo de actualización al que están sujetas).

En el SIPA existen 7 tipos de regímenes especiales que nuclean a docentes universitarios, docentes no universitarios, trabajadores de Luz y Fuerza, investigadores científicos, empleados del Poder Judicial, personal del Servicio Exterior, trabajadores de los Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) de Río Turbio y personal de policía y servicios penitenciarios provinciales cuyas cajas fueron transferidas a la Nación.

Pero, además de ellos, en el sistema general existen unos 200 regímenes de excepción, según dijo al mencionado medio, Rafael Rofman, especialista en temas previsionales. Se trata de subsistemas enrolados dentro del régimen general, pero que otorgan algunos beneficios particulares, como el acceso a un retiro temprano o mayores ingresos. En números absolutos, son 3,7 millones de beneficios, según un informe de la consultora Invecq que preside el economista Esteban Domecq.

Además de estos regímenes especiales, otra vía de acceso excepcional a las jubilaciones son las moratorias, que consisten en otorgar un plan de facilidades de pago para que aquellas personas que no cumplan con los 30 años de aportes obligatorios puedan acceder a una jubilación y paguen (con descuentos aplicados en sus haberes) la deuda previsional que mantienen con el Estado.

Números

De acuerdo con los últimos datos del Boletín Estadístico de la Seguridad Social que elabora la ANSES, en junio de 2023 había casi 5,7 millones de jubilados y pensionados en la Argentina. Se trata de un 87% más que los 3 millones de beneficiarios que se registraban en 2001, el primer año registrado en la serie estadística oficial.

De ese total, el 90,6% de los beneficiarios pertenecen al régimen general, el 5,2% a regímenes anteriores al actual, y el 4,2% a los 7 regímenes especiales.

Las disparidades de ingresos entre estos grupos son notorias: mientras que los jubilados y pensionados del régimen general percibían en junio último un haber medio bruto de $ 150 mil, en el otro extremo, los jubilados del Poder Judicial cobraron (en bruto) $ 1,2 millones en promedio y los retirados del Servicio Exterior, $ 1,7 millones.

En este sentido, el 65,6% de los beneficiarios enrolados en el régimen general cobraban en junio último una jubilación mínima ($ 85.938, sumando el bono percibido ese mes), mientras que en el caso del Poder Judicial, el 33,2% cobró entre $ 500 mil y $ 1 millón y el 63,5% entre $ 1 millón y $ 3 millones. En el Servicio Exterior, el 10,7% de los beneficiarios percibió entre $ 500 mil y $ 1 millón, mientras que el 83,6% cobró entre $ 1 millón y $ 3 millones.

En tanto, el 53,7% de los investigadores científicos, el 38,9% de los docentes universitarios y el 31% de los trabajadores de Río Turbio cobraron en junio último entre $ 500 mil y $ 1 millón.

Por otro lado, el 64,1% (3,6 millones) de los actuales jubilados tuvieron que adherirse a una moratoria para poder comenzar a cobrar los beneficios, dado que no contaban con los años de aportes necesarios.

Las sucesivas moratorias contribuyeron a un mayor acceso al sistema previsional. Como muestran los datos oficiales, entre 2001 y 2005 el número de beneficios previsionales se encontraba en descenso, pero a partir de entonces experimentó fuertes aumentos, con un pico del 33,8% registrado en 2007, como efecto de la primera moratoria, aprobada en 2005.

Entre quienes accedieron a jubilaciones y pensiones a través de las moratorias, el 89,1% cobra la mínima ($ 85.935 con bono en junio) o menos, el 3,4% cobra entre la mínima y $ 100 mil, el 7,1% cobra entre $ 100 mil y $ 200 mil y sólo el 0,4% restante más de $ 200 mil.

En cambio, entre quienes ingresaron sin necesidad de moratoria, sólo el 25,5% cobra la mínima o menos; el 16,8% cobra entre la mínima y $ 100 mil; el 32,6% entre $ 100 mil y $ 200 mil; el 12,2% entre $ 200 mil y $ 300 mil, el 6,6% entre $ 300 mil y $ 400 mil y el restante 6,3% más de $ 400 mil.

Sustentabilidad

El incremento en la cantidad de beneficiarios también se ve reflejado en los recursos destinados al gasto previsional, que pasaron de representar el 7,2% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2001 al 9,3% en 2021, con un pico del 10,9% en 2020 (incluyendo los gastos nacionales y las cajas provinciales), de acuerdo con un informe de la consultora Invecq que utiliza datos de Folgar.

Esta situación también se evidencia en el sostenido déficit previsional de la ANSES: es decir, la diferencia entre los ingresos tributarios (los aportes de los trabajadores en actividad) y el costo de las jubilaciones y pensiones.

De acuerdo con datos oficiales, el déficit se mantiene ininterrumpidamente al menos desde 1998. En 2022 (último dato consolidado) representó el 2,8% del PBI, la cifra más baja desde 2016 (-2,7%).

En el mismo sentido, un trabajo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) sostiene que en el primer trimestre de 2023 el 15,8% de los gastos en seguridad social (que, a diferencia de los datos elaborados por Folgar incluyen ítems tales como las asignaciones familiares y seguro de desempleo, entre otros) debieron ser cubiertos con aportes del Tesoro Nacional debido a que los ingresos fueron inferiores a las erogaciones.

En el libro “El sistema previsional argentino, sus logros y desafíos” editado por Ignacio Apella, Folgar sostiene que “por el lado del gasto, las partidas desde 2005 en adelante experimentaron un notable incremento sostenido de la mano de los programas de inclusión previsional por moratoria”. En cuanto a los ingresos, el especialista señaló que a partir de 2010 cayeron “a raíz del estancamiento de la economía, sumado a la reducción de las alícuotas de aportes”.

Según los datos de la ANSES, en marzo último había una relación de 1,8 trabajadores por cada persona que cobra un haber previsional: se registraron 10,5 millones de aportantes al sistema (es decir, trabajadores a quienes se le efectúa un descuento previsional) y 5,6 millones de jubilados y pensionados.

Se considera que se deben tener 3 trabajadores activos por cada pasivo para que el sistema se autofinancie.

Esta merma en la relación entre el número de aportantes y los beneficiarios del sistema se agrava al considerar la calidad de los aportes: en los últimos años, la expansión del mercado laboral estuvo sostenida mayormente por la creación de puestos de trabajo precarizados, en los que las contribuciones son escasas (en el caso de que el trabajador pague el monotributo) o nulas (en el caso de los trabajadores informales).

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