La Ley de Inocencia Fiscal comenzó a regir este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial. A partir de ahora, los contribuyentes cuentan con un nuevo marco para la declaración y regularización de ahorros no bancarizados y para la determinación de responsabilidades ante presuntas infracciones tributarias.

La norma, sancionada el 26 de diciembre, establece cambios relevantes en los montos mínimos para sancionar penalmente la evasión, introduce la declaración jurada simplificada y crea un sistema de presunciones favorables para quienes cumplen con sus obligaciones. Su objetivo es facilitar la relación entre los ciudadanos y el Estado y brindar mayor seguridad jurídica.

Qué reglamentaciones faltan

El tributarista Sebastián Domínguez explicó que aún resta la reglamentación del Poder Ejecutivo y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En particular, el Ejecutivo podrá fijar condiciones adicionales para acceder a la declaración jurada simplificada, hoy prevista para quienes tengan ingresos de hasta $1.000 millones, patrimonio de hasta $10.000 millones y no sean grandes contribuyentes en los últimos períodos fiscales.

También ARCA deberá definir cómo funcionará el sistema: si pondrá a disposición información de ingresos, gastos y deducciones, si el contribuyente podrá editar esos datos o solo aceptarlos, entre otros aspectos operativos.

Domínguez señaló además que resta conocer qué hará la Unidad de Información Financiera (UIF) con los umbrales para controles reforzados sobre depósitos en efectivo, hoy fijados en 40 salarios mínimos vitales. En este punto, recordó que la Argentina debe cumplir con las directrices del GAFI en materia de lavado de activos.

El especialista subrayó que las normas antilavado no se modificaron y que optar por el régimen simplificado de Ganancias no implica, por sí solo, certeza sobre el origen de fondos: los bancos deberán seguir realizando análisis de riesgo.

Principales cambios de la ley

Uno de los ejes centrales de la norma es la actualización de los montos del Régimen Penal Tributario. El límite para considerar un hecho como evasión simple se elevó a $100 millones, mientras que para la evasión agravada se fijó en $1.000 millones. También se incrementaron los mínimos para multas y sanciones administrativas, con valores que van de $6 millones a $67,5 millones, según el caso.

La declaración jurada simplificada está destinada a personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos anuales de hasta $1.000 millones y patrimonio de hasta $10.000 millones, siempre que no califiquen como grandes contribuyentes. Quienes adhieran y acepten la declaración propuesta por la agencia, abonando el importe en término, obtendrán efecto liberatorio del pago.

La ley establece una presunción de exactitud favorable al contribuyente, salvo que ARCA detecte discrepancias significativas, como diferencias superiores al 15% o montos mayores a $100 millones en impuestos o $7 millones en aportes y contribuciones, o el uso de facturación apócrifa.

Otra modificación relevante es la reducción de los plazos de prescripción: para contribuyentes inscriptos y cumplidores, baja de cinco a tres años; para no inscriptos se mantiene en diez. Además, se prevé una actualización automática anual de todos los montos a partir de 2027, según la variación de la UVA.

La normativa también dispone que no habrá denuncia penal si el contribuyente cancela el total evadido y los intereses antes de que se formule la denuncia. Si la acción penal ya se inició, se extinguirá si se paga el monto adeudado, intereses y un adicional del 50% dentro de los 30 días hábiles de notificada la imputación.

Finalmente, la ley invita a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir con regímenes simplificados propios, con el objetivo de unificar criterios de fiscalización en todo el país.

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