A través de siete asociaciones, civiles, 554 familias buscan alcanzar su primera vivienda

Esta metodología se ha convertido en una herramienta innovadora destinada a que los asociados accedan a la vivienda única a través de una propuesta que les permite participar –con una visión solidaria- desde la compra de las tierras, la apertura de las calles y la llegada de los servicios hasta la construcción de su casa.

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Al mismo tiempo se consolidan nuevos barrios, como las 210 viviendas que construirá Docentes por la Vivienda, el Hábitat y la Promoción Cultural en La Movediza o las 210 que levantarán otras tres entidades detrás de la Rural, las 82 ubicadas en Ijurco y Circunvalación y otras 60 cerca del Campus Universitario.

Esta nueva forma de adquirir tierras, lotearlas y llevar los servicios, se traduce en “la posibilidad de mucha gente joven que no tiene la oportunidad de ir solo a comprar un terreno porque no le alcanza el dinero y de ir solo a conseguir el dinero para hacer su construcción. Juntándose con otros, incluso podrán hacer compras conjuntas entre las asociaciones para conseguir mejores precios. Tal vez no se puedan unir para todo pero sí para determinados casos”, consideró Frolik.

Es la Subsecretaría Social de Tierras de la Provincia la que aprueba el loteo realizado por el agrimensor que contratan las asociaciones y autoriza la división de las manzanas o chacras con la finalidad de generar parcelas más pequeñas donde se levantarán viviendas únicas.

Por otra parte, el Municipio exige a las entidades estudios de factibilidad de los servicios eléctrico, de agua, cloacas y gas, además de una aptitud hidráulica para determinar si el terreno se inunda, antes de que adquiera las tierras. De este modo, se asegura que la ciudad crezca hacia el sector donde se pueden extender los servicios.

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Las obligaciones

El espíritu del Plan Familia Propietaria es que las familias que no tienen vivienda y no logran adquirir la tierra puedan acceder a un terreno a valores más económicos y concretar el sueño de tener su hogar.

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De acuerdo a esta normativa, una de las obligaciones de los adjudicatarios es pagar su lote. Como en este caso las tierras las compró cada asociación, el Municipio acordó un valor de 200 pesos que luego serán destinados a obras de infraestructura para el barrio.

Además, el Plan Familia Propietaria prevé que tendrán que disponer de todos los servicios: agua, cloacas, luz y gas, y cada beneficiario deberá construir y habitar su vivienda única. Tampoco la podrá ceder, ni enajenar, transferir ni vender por un plazo de cinco años.

Frolik explicó que si alguno no cumple con estas normas “está previsto que la misma asociación puede disponer el reemplazo de ese adjudicatario por otro que designe la misma asociación. Siempre la idea es consolidar un barrio y que cada una de las asociaciones se mantenga como una intermediaria entre el Estado y cada uno de los adjudicatarios, y que sirva como una valla de contención, que la solidaridad que existe entre todos los asociados sirva para ayudarse mutuamente a que cada uno pueda terminar su vivienda”.

Y evaluó que estas asociaciones “están muchísimo más cercanas a cada uno de sus adjudicatarios para que les hagan cumplir sus obligaciones. La infraestructura del barrio tiene que hacerse con el aporte de cada uno de los asociados. También en todo el procedimiento hay herramientas dadas a la asociación para que cada uno de los asociados que designó cumpla con ese aporte en las distintas obras”.

Por otro lado, los adjudicatarios que nombra cada organización se aprueban por ordenanza y la Subsecretaría Social de Tierras verifica por medio de informes certificados del Registro de la Propiedad que cada una de esas personas no tenga una vivienda o lote en ningún lugar de la provincia de Buenos Aires.

El presidente del Concejo Deliberante destacó que “los asociados están trabajando -algunos más, otros menos- en un pie de igualdad y peleándola por ellos mismos, aprendiendo en conjunto con lo que aprende el Municipio y la Provincia”. 

 

Las docentes, pioneras

Este proceso arrancó hace dos años por una inquietud de la asociación civil Docentes por la Vivienda, el Hábitat y la Promoción Cultural, conformada por un grupo de educadores al que se le ocurrió comprar tierras pero no las podía subdividir.

En un trabajo conjunto con Juan Pablo Frolik, comenzaron a estudiar alternativas, fueron al Instituto Provincial de la Vivienda y a la Subsecretaría Social de Tierras de la Provincia para analizar ideas y determinar su viabilidad. También hubo consultas a la Escribanía General de Gobierno y el funcionario Luciano Escatolini hizo sus aportes. “A partir de ahí se ideó este mecanismo”, recordó el presidente del Concejo Deliberante.

La herramienta principal es el Plan Familia Propietaria, que en sus inicios, en 1994, se aplicaba solamente a las tierras que eran propiedad de la provincia de Buenos Aires pero dos años más tarde se aceptó que los municipios pudieran utilizarlo.

“La idea consiste en que una asociación civil pueda adquirir la tierra, haga una donación a la Municipalidad y después la Municipalidad, a través de la Subsecretaría Social de Tierras, pueda hacer la subdivisión afectando el terreno al Plan Familia Propietaria. Después, se hacen todos los trámites de subdivisión del lote a través de un agrimensor particular que contrata cada una de las asociaciones”, describió.

Si bien hoy los pasos están aceitados, en el trayecto se fueron sorteando distintos inconvenientes. Por ejemplo, que tras la donación a la Municipalidad, los lotes se transferían de manera gratuita a cada adjudicatario; pero como el Plan Familia Propietaria no lo permite, pusieron un valor de 200 pesos por terreno que se destinarán a obras de infraestructura en el barrio.

La última de las dificultades que surgió obligó a modificar todas las ordenanzas que se habían aprobado. Es que para evitar la especulación inmobiliaria, el Plan Familia Propietaria prevé que por un plazo de 5 años el adjudicatario no puede disponer del lote, es decir, no se puede enajenar ni por sí mismo ni por otros. La inquietud apareció ante la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario como el Procrear, entonces se agregó un párrafo que habilita a las entidades bancarias a ejecutar el inmueble si el beneficiario no cumple con los compromisos tomados.

“Advertimos eso hace dos meses. Cuando la Secretaría Social de Tierras empezó a preparar los boletos de compraventa hubo otra modificación en la ordenanza para facilitar el acceso al Procrear y a otros créditos hipotecarios”, precisó el legislador.  

Por otra parte, cabe resaltar que en todo este proceso, Frolik encontró muy buena disposición de la Provincia para seguir avanzando y a partir de esta propuesta de Tandil, la Subsecretaría Social de Tierras recibió consultas de otros municipios para conocer detalles del procedimiento y ya comenzaron a implementarlo. 

Una experiencia negativa

En 1996, durante el gobierno de Julio Zanatelli, la Municipalidad había vendido 800 lotes en el marco del Plan Familia Propietaria a 480 pesos, en 24 cuotas de 20 pesos. Los compradores estaban obligados a construir su vivienda única.

La experiencia no dejó un buen balance para el Estado municipal, ya que en 2004 de las 800 familias, menos de cien habían logrado concretar su vivienda y el resto tampoco saldó las cuotas.

Ante el incumplimiento, “el Municipio en 2004 retomó esos más de seiscientos lotes que estaban libres y fueron los que se afectaron al Plan Federal. Los 439 terrenos afectados al Plan Federal provenían del Plan Familia Propietaria que la gente no había pagado o no había logrado construir”. 

 

Replicar el mecanismo

A partir de la sanción de la Ordenanza 13.579, el Municipio decidió replicar este mecanismo pero a la inversa, tras advertir que es difícil avanzar en forma individual.

De esta manera, el Concejo Deliberante estableció que entregará 180 lotes a ONGs, en bloques de 12, para la construcción de viviendas, y los deberán pagarán en cuotas. Las entidades –asociaciones civiles, cooperativas, fundaciones, sindicatos, clubes, iglesias evangelistas, etc.- podrán anotarse desde el 4 de noviembre y deben tener personería jurídica vigente.

El objetivo es que “las ONGs sirvan de contención como en las otras asociaciones, que a través de su propio esfuerzo han logrado comprar e iniciar todo el procedimiento. Creemos que la posibilidad que estamos dando es que las ONGs de Tandil puedan participar y sirvan de contención para que cada uno de sus asociados no quede aislado y por no poder asociarse con otros no logre hacer la construcción”, destacó el presidente del Legislativo.