Acompañan ley que facilita la posesión a familias de bajos recursos que ocupan casas

El concejal Facundo Llano, con el apoyo de sus pares de bloque FpV y PJ, anunció que presentó ?ante el Concejo Deliberante un proyecto que contempla el apoyo y acompañamiento a la reforma de ley 24.374 de regularización dominial?.
La citada ley otorga el beneficio de acceso a un título de propiedad a aquellas familias que acrediten la posesión pública y pacífica de sus unidades familiares.
La reforma ?se encuentra en tratamiento ante la Cámara de Diputados, cuenta con media sanción del Senado y lo relevante es que amplía el plazo contemplado, extendiéndolo, lo que conlleva que un gran número de familias puedan tener solucionada su situación de irregularidad dominial? señaló el edil, al hacer oficial el anuncio.
Por Ley 24.374, denominada comúnmente como ?Ley Pierri?, se permitió que miles de familias puedan lograr seguridad jurídica respecto a su bien más preciado, como lo es la vivienda familiar.
?De obtenerse la sanción del proyecto apoyado por los legisladores locales, seguramente será un gran número de vecinos de Tandil los que puedan alcanzar el anhelo de obtener su titulo de vivienda. Oportunamente el gobernador Daniel Scioli se manifestó en apoyo del proyecto de ley apelando a que la Cámara de Diputados le otorgue sanción definitiva? destacó Llano.
Cabe recordar que el Senado aprobó, aunque no sin polémicas, modificaciones a un controvertido proyecto de ley que extiende los alcances de la denominada ?ley Pierri?, que estableció los mecanismos administrativos para que quienes ocupen viviendas en núcleos urbanos puedan alcanzar el correspondiente título que les garantice el pleno dominio en diez años.
La llamada ?ley Pierre? fue sancionada en 1997, cuando el por entonces titular de la Cámara baja y uno de los principales referentes del PJ bonaerense buscaba su reelección como diputado nacional.
El procedimiento establecido en la ley permitía regularizar la posesión dominial de familias de bajos recursos que ocupaban viviendas, para lo cual establecía un proceso administrativo para alcanzar el registro definitivo de la unidad.
Para acceder a ese beneficio hay que demostrar al menos tres años de ocupación pacífica de la vivienda, es decir, sin controversia judicial sobre su propiedad, y solicitar su inscripción en un registro específico.
Esta inscripción abre paso a un procedimiento por el cual la Justicia deberá ubicar a quienes figuren en el registro catastral como propietarios del inmueble para comunicarles la situación.
Si en 30 días no hay respuesta, se abre un proceso de diez años al término del cual, de no mediar ninguna acción judicial de reivindicación de propiedad de sus legítimos dueños, el bien pasa al pleno dominio de sus ocupantes.
Lo que hace este proyecto es abrir un nuevo plazo para que nuevos ocupantes puedan acogerse a este beneficio. La iniciativa alcanzó amplio consenso gracias a que se introdujeron cambios de último momento.

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