Altamirano pidió la recusación del fiscal Piotti por la toma en Villa Cordobita

Mientras se aguardan definiciones en torno al desalojo de 53 lotes de distintas manzanas de la chacra 182, que perteneciera a la empresa Tandilia SRL, en Villa Cordobita, resuelto por la titular del Juzgado de Garantías 2, doctora Stella Maris Aracil, la referente del movimiento 1 de Octubre y una de las organizadora de la toma, Griselda Altamirano, sumó un nuevo elemento a la causa al solicitar la recusación del fiscal Luis Humberto Piotti.

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Este martes, la dirigente social entregó en la sede judicial un escrito por medio del cual sustenta el pedido sobre hechos sucedidos en el marco de la investigación realizada luego de la denuncia por la masiva ocupación de parcelas, que se inició el pasado 11 de septiembre.

La medida se funda en razones “legítimas” puesto que consideró que existen “circunstancias suficientes que, por su gravedad, afectan los principios de objetividad, legalidad y oficialidad del agente que pretendemos apartar”.

Tras la exposición de los argumentos solicitó “tenga por interpuesta la recusación en legal tiempo y forma, declare su admisibilidad formal y proceda a la formación del incidente respectivo; se corra traslado al agente fiscal Luis Humberto Piotti; oportunamente haga lugar a la recusación solicitada”.

 

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Los fundamentos

 

La presentación hace alusión a lo que se desprende de dos hechos, una “charla informal” que Altamirano mantuvo con el fiscal pocos días después de la toma y al vínculo laboral que, según expuso, mantiene con la esposa de uno de los integrantes de la toma.

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En el primer punto la dirigente citó que la noche del miércoles del 16 de septiembre “recibo un llamado de personal jerárquico de la comisaría Primera para comunicarme que el agente fiscal quería hablar conmigo, a pesar de no recibir notificación por escrito accedí a dicha reunión”.

Al día siguiente acudió a la sede de la fiscalía, donde “Piotti me aclara que es una charla informal, que le interesaba conocerme y conocer mis razones en los actos que él investigaba, ya que él no lee los diarios ni presta atención a los medios para no ser influenciado por ellos”.

“Como siempre estuve a disposición de la Justicia, sin ningún acto que ocultar, accedí aun si no quedara registro de la conversación”, expresó.

Sobre el final de la conversación “me informa que él iba a pedir el desalojo, expresando las siguientes palabras: ‘Algo se te escapó, sí hubo un tipo de violencia’, y comienza su explicación, basado en la supuesta intimidación que ejercimos al ingresar masivamente”.

La postura llevó a un “intercambio de interpretaciones” y seguidamente, y tal cual dejó asentado en el documento, “me plantea que si me voy voluntariamente puede argumentar razones sociales en mi conducta para pedir la pena mínima en relación al delito que él consideraba que yo estaba cometiendo, y si no contaba con causas anteriores era excarcelable, le respondo que tengo tres causas penales federales por toma de edificio público producto de mi lucha social”.

Altamirano contó que tuvo “dos sensaciones, la primera que la investigación estaba concluida porque ya tenía el agente fiscal una opinión formada y aseveraba aun sin estar concluida la investigación que existía delito” y la segunda fue que “me estaba extorsionando, ofreciéndome una atenuación a cambio de mi deposición”.

“Al notar que en nada me importaba lanzó otra frase que me preocupó: ‘Sabés Griselda que si el desalojo se lleva adelante hay gente que puede perder el trabajo’. Actué normalmente como si no me importara lo que me acababa de decir, él estaba intentando conocer si yo estaba al tanto de una situación que él intentaba ocultar”, remarcó.

Tras aclarar que el “verdadero contenido” de la reunión lo transmitió a los integrantes de la asamblea conformada tras la toma, Altamirano evaluó que “hoy comprendo la conducta inapropiada, ilegal, compatible con mal desempeño de funciones del agente fiscal y debido a esto no tendríamos una Investigación Penal Preparatoria (IPP) basada en los principios de objetividad, legalidad y oficialidad. Aunque amable en su trato, expresa en los hechos una enemistad manifiesta”.

A propósito de lo planteado hizo alusión al segundo punto que fundamenta el pedido realizado al indicar que la esposa de uno de las personas que forma parte de la ocupación “pública y pacífica” de los lotes resulta ser “empleada doméstica en la casa del fiscal”.

“Durante todo este tiempo la conducta del agente fiscal fue inapropiada ya que constantemente accedió a distinto tipo de información a través de su empleada”, puntualizó.

Por las “conductas ilegales” citadas en el documento, Altamirano consideró que “debe ser investigado el accionar del agente fiscal por incumplimiento de deberes de funcionario, mal desempeño, ir en contra de los principios de objetividad, legalidad y oficialidad”.