Analizan pedir el juicio político de la magistrada tandilense de Familia, Silvia Inés Montserrat

La investigación es sobre la titular del Juzgado de Familia del departamento judicial de Azul, con asiento en la ciudad de Tandil, Silvia Inés Montserrat.

La presentación, que fue remitida ahora a la Secretaría Permanente de Jurado de Enjuiciamiento, denuncia irregularidades procesales en la Causa 2650, caratulada como “N.N. s/ protección de Personas”, que tramitó en dicho juzgado, “vulnerando los derechos reconocidos en la Convención del Niño”, según un cable de la agencia Télam.

La magistrada es acusada por un particular de haber impedido el contacto de Rossana Benítez Parodi, una mujer de nacionalidad paraguaya, con su bebé recién nacido.

Parodi, madre de seis hijos, y viuda del padre de los cinco primeros, producto de su situación económica apremiante había considerado dar el bebé por nacer en adopción, pero luego comunicó a la Justicia que no lo haría y posteriormente buscó asesoramiento para entregarlo a una familia de su misma nacionalidad, y con quien ella tenía relación desde años anteriores.

Según informó la Comisión Bicameral, de acuerdo con la denuncia que recibieron, al momento de buscar el camino legal para cumplimentar los trámites, la mujer no contó con la intervención necesaria del asesor de menores, no se le brindó contención, ni acompañamiento. 

El problema se origina cuando Parodi rectifica junto a la Secretaría de la Defensoría oficial, su voluntad de dar en adopción, hecho que le fue comunicado al juzgado que preside Montserrat, y a su vez, al Hospital para que se efectivizara el alta médica.

Según el cable de Télam “a pesar de esto, la jueza, de manera unilateral y sin darle intervención al asesor, ordenó la guarda institucional del bebé dentro del área del Servicio de Neonatología del Hospital Municipal Ramón Santamarina requiriendo que se separara al bebé de su madre, e impidiendo el contacto entre ambos, lo que de por sí ya configuraría un delito tipificado en la Ley Penal 24.270”. 

 

Proceso, pero

no culpabilidad

 

Consultado sobre los alcances del proceso iniciado, el presidente de la Asociación de Abogados de Tandil -Ricardo Mauhourat- dijo que “son las reglas del sistema republicano, donde se ejercen controles recíprocos entre los distintos poderes”.

Añadió que “cuando alguien entiende que hay un mal desempeño en un magistrado al frente de un juzgado de la materia que sea, tiene los remedios y recursos legales como para que se analice la conducta del magistrado”.

El letrado analizó que “lo que ha pasado en este caso es que alguien ha creído que hay mal desempeño de las funciones del Juzgado de Familia, ha hecho la presentación correspondiente y ahora institucionalmente se le ha abierto la posibilidad como para que el organismo que corresponda analice la conducta de la jueza”.

Mauhourat dijo que no tenía noticias ciertas acerca del origen de la denuncia y estimó que “puede ser de quien ha visto afectado sus derechos profesionalmente o particulares”.

El abogado dijo que la medida que trascendió implica que se “ha encontrado que hay mérito suficiente como para iniciar el proceso, lo que no quiere decir de ninguna manera que se haya encontrado culpable de algo a quien se le está analizando la conducta”.

Mauhourat afirmó que “la jueza seguirá en sus funciones como corresponde y deberá hacer los descargos respectivos, tras lo cual se dictaminará sobre su conducta. Esto en nada tiene que afectar al trabajo de la magistrada”, aclaró.

Finalmente, ante la consulta acerca de las medidas que se podrían adoptar en ese tipo de juicios, el abogado dijo que “el peor escenario para un magistrado que se ve sometido a este tipo de proceso es la destitución del cargo, como ha pasado en otros casos que son muy renombrados y con gran difusión”.*