Ante una orden de desalojo, un grupo familiar de Villa Aguirre se resiste a abandonar la propiedad

La familia Blanco Galaver habita el predio ubicado en Chapaleofú al 2100 desde hace más de 25 años. Allí funcionaba primeramente un aserradero, donde se quedó a vivir Blanco Galaver, encargado del lugar en su momento y donde actualmente viven siete familias de ese grupo familiar.

Hace una semana recibieron una orden de desalojo de un juzgado de Capital Federal que se concretaría en la mañana de ayer, debido a que el predio se remató y fue vendido a un particular domiciliado en la gran ciudad. Frente a esto, los habitantes del lugar, acompañados por militantes de distintas agrupaciones sociales como la CCC (Corriente Clasista y Combativa) y vecinos, se prepararon para resistir esta medida que los dejaría en la calle.

Finalmente y tras vivir una complicada mañana, el abogado defensor, Marcelo Lousteau, arribó al predio y les informó que el juez a cargo determinó postergar la medida por 20 días más. “Ante gestiones con el apoderado de la propiedad se decidió suspender la medida hasta tanto se llegue a un acuerdo”, explicó el abogado.

“Esto está originado en una orden de desalojo emitida por un juez de Buenos Aires que habla de desalojar un predio producto de una quiebra presentada en Capital Federal. Por lo que el adjudicatario inició el trámite de desalojo de la gente que está ocupando el lugar hace más de 25 años”, aseguró.

Contó que los Blanco Galaver “eran los custodios del lugar y están sorprendidos por el desalojo, por eso estaban tratando de evitarlo”.

Consultado acerca de las próximas medidas a tomar, afirmó que “se tenderá a lograr una negociación con la otra parte o alguna presentación judicial para reclamar los derechos de esta gente”.

En cuanto a la estadía de estas familias en el predio, aclaró que “eso va a depender de la resolución que tome el juez, esta gente podrá permanecer de acuerdo a lo que diga el juez, quien determinará si corresponde por derecho que se queden en el lugar”. 

 

El testimonio 

de la familia

 

En este contexto y con una expresión de desesperación en su rostro, Natalia Disalvo, integrante del grupo familiar, contó: “Los primeros que vinieron fueron mis suegros, tuvieron seis hijos. Hace 28 años que estamos viviendo acá, somos siete familias con nueve menores y ahora en cuestión de una semana nos quieren desalojar. Es por una supuesta venta, un negocio inmobiliario por detrás y nos quieren desalojar”.

No obstante, aclaró que “hasta ahora no han venido. Marcelo Lousteau, nuestro abogado, ha venido porque se comprometió y dijo que se había suspendido la medida. Igualmente, estábamos preparados”. 

Aparentemente, según añadió, “se suspendió la orden por 20 días y en ese lapso se iniciaría el juicio por usucapión”. Consultada acerca de qué saben sobre el comprador del predio, indicó que “apareció hace un año, lo que pasa es que en el transcurso de estos años han aparecido muchos supuestos compradores, ninguno con un papel que diga que es el dueño”, a la vez que contó que el jueves pasado les llegó la orden de desalojo para ayer.

Y concluyó: “Estamos viviendo una semana terrible porque tenemos criaturas. Pensamos que hay mucha gente en Tandil que también está pasando lo mismo que nosotros y queremos que sepan que tienen que hacer valer sus derechos. No te pueden venir a sacar así porque sí”.

 

El apoyo

de la CCC

 

Informada acerca de la situación, Grisela Altamirano, referente de la Corriente Clasista y Combativa, se hizo presente en compañía de militantes del partido y vecinos del lugar, para apoyar a la familia Blanco. 

En diálogo con El Eco de Tandil, contó que “esto era un aserradero que presentó quiebra, por lo que se procedió a un remate judicial y lo adquirió una persona hace un año. Desde ahí empiezan con las órdenes de desalojo, pero nunca de manera firme, hasta que se presentó un fallo judicial al juez de acá para que pueda usar las fuerzas policiales para llevar a cabo el desalojo”.

Asimismo, explicó que “acá viven siete familias hace 28 años, esto es lo más raro de todo. Hace un año que se remata una propiedad en donde viven hace tantos años estas familias. Antes trabajaban como cuidadores del aserradero y luego vivieron durante todo este tiempo, cuidaron la propiedad y ahora misteriosamente aparece un dueño en un remate judicial que, valga la casualidad, está relacionado con un plan de viviendas”.

Altamirano recalcó que “la familia vivó toda la vida acá, tranquilamente podrían quedarse con la propiedad porque ellos estuvieron acá por más de 20 años”, por lo que “pedimos es que haya un escrito que diga que se suspendió el desalojo por 20 días. No nos sirve la palabra del juez. Lo único que teníamos escrito es que el 23 de mayo iba a efectuarse este desalojo compulsivo”.

Y concluyó: “Dejar que pase esto es dejar que el día de mañana aparezca un supuesto dueño de Tandilia y desaloje toda Villa Cordobita. Y así, que todos los negocios “hecha la ley, hecha la trampa”, se hagan alrededor del negocio inmobiliario y a que todas las familias que han estado viviendo en los lugares hace décadas, les pueda pasar esto”.*