Asamblea por Tierra y Vivienda pide la ?revisión? de la causa por las usurpaciones en La Movediza

Además, informaron que “hemos realizado un relevamiento en el lugar y constatamos la situación de total vulneración de derechos en que se encuentran estas familias, en relación a las condiciones de vida en que están llevando adelante su cotidianeidad. Nos encontramos con jóvenes y niños que ven afectado el derecho humano a la vivienda y expresamos que dicha situación en casos de vulnerabilidad extrema compromete la responsabilidad del Estado”.

Por otro lado, analizaron que los jóvenes que decidieron tomar las casas “ven sistemáticamente cerradas las posibilidades de acceder a una vivienda y muchas veces a un trabajo”, entonces “han decidido cobijarse en casas en construcción a partir de un fideicomiso de la Anses, algunas de la cuales se dice que estarían ya adjudicadas”. 

Desde la asamblea expresaron que “nos solidarizamos con aquellos ciudadanos que siguen a la espera de una solución habitacional y los invitamos a sumarse en forma colectiva y organizada en la búsqueda de soluciones integrales al problema de la vivienda”.

 

“Pobres contra

pobres”

 

En otro párrafo, Tierra y Vivienda valoró las políticas implementadas por la Nación, aunque consideró que las tomas “evidencian que aún siguen quedando excluidos amplios sectores de la clase trabajadora, desocupados o subocupados y aún quienes insertos en el mercado laboral, perciben bajos salarios. En tal sentido, la política de vivienda actual implementada por el Estado fragmenta a la clase obrera y vuelve a poner a pobres contra pobres”.

Volviendo a la situación de La Movediza, denunciaron que “se están vulnerando cuanto menos seis de los derechos reconocidos por la legislación nacional e internacional vigente, como son derecho a la vida, a la educación, al agua, a la alimentación, a la salud y a la protección. Asimismo, se ve afectado el derecho al acceso a una vivienda digna, contemplado en el artículo 14 bis, de la Constitución Nacional de la República Argentina”.

Agregaron que a la vulneración de derechos se suman los riesgos para la salud de las 48 personas que habitan las casas, entre ellos los 27 niños y adolescentes. “Ambos aspectos se evidencian en principio, en la imposibilidad de llevar adelante las cuatro actividades elementales como son asearse, dormir, ir al baño y comer, por no contar las construcciones con las instalaciones internas de gas, agua y electricidad, ni el predio con los servicios urbanos necesarios para el desarrollo de la vida cotidiana de los grupos familiares en cuestión”, describieron.

 

La causa

 

Por otro lado, la Asamblea manifestó que “los documentos por los cuales se les informa la situación de imputados en una causa penal, originada por el fiscal Morey (sic), no hacen más que profundizar la situación de exclusión, pobreza y vulnerabilidad extrema en que se encuentran, dado que no se perciben soluciones al problema de la vivienda de estas 48 personas sin el compromiso del Estado, por no contar los y las ciudadanas implicados con recursos materiales ni monetarios que les permitan encontrar una solución por la vía del mercado inmobiliario”.

Para revertir la situación de los ocupantes de las casas, pidieron “una urgente revisión de la decisión judicial como asimismo y respecto al destino habitacional de este grupo de ciudadanos y ciudadanas, la propuesta de una solución alternativa a largo plazo y que contemple un inmediato cambio de situación habitacional implicada en la restitución de derechos humanos y civiles”.

Por otra parte, anunciaron que se encuentran organizando una jornada solidaria, con fecha y lugar a confirmar, e invitan a la “población sensible de Tandil, a que colabore con ropa de chicos, pañales y alimentos”. 

 

La organización

 

La Asamblea por Tierra y Vivienda es una agrupación constituida por vecinos de diferentes barrios de Tandil y distintas organizaciones de la sociedad civil, que “compartimos la necesidad de expresar la preocupación por el acceso a la tierra y a una vivienda digna para los sectores con derechos vulnerados”.

Considera que “la situación creciente de luchas, reclamos y reivindicaciones en relación al acceso a la vivienda que se ha venido presentando en la ciudad, y particularmente las ocupaciones han sido y son producto de las reglas y el modelo de la actual política del gobierno local que claramente impide al acceso universal a la tierra y a la vivienda digna para los sectores empobrecidos”.

En su diagnóstico observan que la imposibilidad de contar con un espacio donde desarrollar la vida cotidiana -esto es la no posesión de una casa o de un lugar donde construirla- genera condiciones de absoluta vulneración de derechos fundamentales para las familias que se encuentran en dicha situación, derechos que sólo podrán ser restituidos, con la implementación de políticas inclusivas por parte del Estado.

“Como Asamblea, en la ciudad de Tandil, hemos venido expresando nuestro particular rechazo a los desalojos realizados y previstos por el Gobierno municipal como asimismo venimos exigiendo un cambio en el diseño de programas, planes y políticas en referencia al hábitat y la vivienda”, manifestaron. u