Avanza la causa con más pruebas contra los imputados de la sustracción de Sofía
Tal lo informó en exclusiva El Eco de Tandil, el caso Gonzalo arribó a sus primeras conclusiones sobre lo que compete a la sustracción de la niña Sofía (tal reza el delito ventilado), desembocando primero en imputaciones a cuatro personas: Leoncio y Mariano Gonzalo -padre e hijo- y Franco Agustín Bindi y Mariano Rimini Carol, estos dos últimos sospechados de mantener fuertes contactos políticos que permitieron semejante logística para que un padre logre fugarse con su hija más allá de las fronteras del país.
Pero la pesquisa no cesa. Tal se detalló, si bien se trata de una voluminosa causa (75 cuerpos cuenta el expediente) que arribó a las primeras acusaciones avaladas por el juez de Garantías interviniente, se siguen acumulando fojas frente a la continuidad de diligencias procesales varias encabezadas por el fiscal Damián Borean, con la estrecha colaboración (indispensable, consideran los actores judiciales locales) de integrantes de la policía judicial de la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.
En efecto, según este Diario pudo confirmar, en las últimas horas el propio fiscal mantuvo un nuevo encuentro con dos experimentados hombres que integran el cuerpo investigativo creado precisamente para apoyar la tarea del ministerio público y trabajar en el terreno sobre la pesquisa que, en este caso, desembocó en un saldo más que favorable para los investigadores, teniendo en cuenta la complejidad de la trama que se estaba hablando.
Dichos efectivos, intercambiaron nueva información que hace a la causa y no se descartan novedades sobre el avance que ha ganado el trabajo desplegado, especialmente concerniente a mayor cantidad de probanza que no hace más que ratificar los roles como influencias que han ejercido los sospechados a la hora de articular semejante ingeniería que permitió que Gonzalo no solo huyera a Brasil, sino que pudiera radicarse con documentación apócrifa.
Como se informó en ediciones pasadas, se aludió a un entramado con vínculos con funcionarios del más alto nivel, a los que hay que ubicarlos en Balcarce 50 de la Capital Federal. De hecho, las imputaciones que ahora se develan hablan de dos personas con roles desempeñados oportunamente en ministerios nacionales.
Se habló también de un “ejército” sigiloso como profesional que colaboró con el fiscal, como personal de Interpol, Migraciones, Gendarmería, Policía Federal, Jefatura Departamental y Distrital, DDI y especialmente, destacan, los efectivos que ayer estaban reunidos con el fiscal, los integrantes de la policía judicial que, desde el 2010, intervinieron activamente en el expediente y acercaron información como prueba concreta que ayudó, sino es el sostén, de la causa.
Se destacó también la actuación del cuerpo de letrados y, puntualmente, el perito en informática que no sólo actuó sobre las comunicaciones cibernéticas capturadas entre los sospechados, sino que ejerció las veces de “docencia” a la hora de explicar cómo acceder a semejante información que a la postre resultaría clave a la hora de las relaciones confirmadas entre los imputados.
Como se indicó, se trata de una investigación de más de tres años, un expediente de 75 cuerpos que contiene cientos de fojas en las que figuran miles de horas de escuchas telefónicas, transcripciones de mensajes de correo electrónico y más horas de seguimientos.
Precisamente en el expediente se transcriben mails y comunicaciones telefónicas con personas cercanas al Gobierno nacional. De hecho, alguna de las escuchas determinó que las llamadas se hicieron desde dependencias de la Casa Rosada.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailCasos como el homicidio esclarecido de Miguel Angel Prezioso, ocurrido en Azul en enero de 2007, o el crimen del abogado olavarriense Alonso (que mereció el jury del juez de Garantías Saladino), son alguna de las intervenciones de estos efectivos de civil que, en secreto, han logrado esclarecer dichos casos. Se informó incluso que actuaron en otros hechos mediáticamente explosivos como el caso García Belsunce.
Trascendió, que los investigadores lograron descifrar la ruta emprendida por los sospechados para no solo emprender la fuga por la triple frontera, sino también acceder a una “industria” que subyace acerca de cómo obtener documentación apócrifa (documentos de identidad como actas notariales, por caso).
De hecho, se trabajó en el terreno (provincia de Misiones) y se entrevistó con múltiples actores, incluso autoridades y funcionarios públicos. Conversaciones que permitieron esclarecer el modus operandi de toda una logística al margen de la ley que no deja de asombrar.
Para citar apenas un ejemplo, la identidad falsa que se hizo Mariano Gonzalo pertenecía a un joven misionero discapacitado, que desde el 2006 había sufrido la “sustracción” de su documento. Desde aquel entonces, dicho joven padeció trastornos varios que hacen a la vida cotidiana por esos pagos, por caso, cruzar la frontera e incluso moverse en el propio territorio.
Este como otros tantos “detalles” se irán develando a partir de más confirmaciones que aluden ya no sólo a las responsabilidad penales de quienes hasta aquí resultaron imputados, sino de una red de complicidades que, al decir de la especulación de los especialistas, no se sabe hasta qué punto será competencia de la justicia ordinaria para pasar en un futuro a otras jurisdicciones, frente a los delitos que se está hablando.
Cabe destacar que hasta el propio juez de Garantías, José Alberto Moragas, en su resolución aludió a una incompetencia parcial en determinados delitos esclarecidos por los citados investigadores.
Sobre Bindi, se lo conoce como un abogado capitalino que no tuvo empacho en hacerse cargo de una causa de un distrito de la provincia de Buenos Aires. El mismo, en notas periodísticas supo confiar que al menos trabajó en la asesoría legal del Ministerio de Planificación de Julio De Vido.
A Rimini Carol se lo conoce como empleado de la Biblioteca Nacional y con asidua estadía en dependencias de la Casa Rosada, precisamente desde donde se realizaron algunas de las llamadas peritadas en torno a los delitos investigados.
A la hora de explicar la conexión de los acusados y sus respectivos roles, se habla de una triangulación: Mariano Gonzalo, profugado con su hija; Leoncio Gonzalo abasteciendo los recursos económicos para la ejecución de la fuga, y Bindi y Rimini Carol como los gestores y el aporte logístico para obtener las herramientas necesarias que permitieron la realización de la huida del país como su permanencia en Brasil hasta que fuera detenido por Interpol en Porto Seguro.
Bien vale aclarar que justamente por estos días surge un debate en la legislatura sobre una iniciativa que alude a la creación de la policía judicial cuando, en verdad, ya funciona como tal.
en efecto, el organismo ya fue creado por ley y, según reza el artículo 91 “la policía Federal será auxiliar directa del Ministerio Público Fiscal, debiendo ejecutar sus requerimientos y órdenes en todo lo relacionado con la persecución penal, tanto en la confección de los sumarios judiciales, como en las tareas de investigación. Dependerá jerárquicamente del Procurador General, pero los fiscales de Cámara dirigirán y le asignación funciones en cada uno de los departamentos judiciales. Será la encargada de prestar la asistencia técnica y científica necesaria para el desarrollo de las investigaciones, como así también para la búsqueda, recopilación, análisis y estudio de las pruebas, y otros medios de convicción que contribuyen al esclarecimiento de los hechos punibles”.
La presente ley rige a partir de la fecha en que entró en vigencia el Código Procesal Penal de la Provincia.
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