Avanza la causa por el posible delito de trata laboral contra el dueño de un campo de El Gallo

La causa que investiga el presunto delito de explotación laboral en un establecimiento rural ubicado en la avenida Don Bosco y Ruta Provincial 74, en el paraje El Gallo, avanza por los carriles correspondientes.

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En ese marco, y mientras suman otras pruebas, la Fiscalía Federal con sede en la ciudad sostiene la hipótesis y se encamina a solicitar la indagatoria del imputado, identificado como Joaquín Ferreira, para que luego el juez federal de Azul, Martín Bava, dicte el procesamiento en caso de coincidir con los argumentos expuestos.

En principio, este miércoles declararon en cámara gesell cinco adultos -dos matrimonios y otro familiar- que prestaban tareas en el predio donde se dio cumplimiento con la medida judicial.

De los testimonios se obtuvieron resultados positivos en cuanto a la hipótesis inicial, pero continuarán sumando otros elementos para avanzar en la solicitud de la indagatoria.

En cuanto a los menores, si bien la denuncia que dio inicio a la investigación los incluía como presuntas víctimas de explotación laboral, no se pudo constatar y finalmente se determinó que no prestaban tareas en el lugar.

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Avances

En diálogo con el ciclo radial “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM), el titular de la Fiscalía Federal, Pablo Larriera, confirmó que el miércoles se tomó declaración a los integrantes de dos grupos familiares provenientes de Santiago del Estero que se encontraban en el lugar y que, a criterio de la Fiscalía y conforme a los elementos recabados, “estaban siendo explotados en la zona del Paraje El Gallo”.

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Durante la jornada el imputado, junto a sus letrados, escuchó el relato de las víctimas, a través de cámara gesell.

Precisó que “todavía no solicitamos otras medidas” y adelantó que “estamos terminando de esbozar la acusación”, ya que “a mi criterio hay elementos para avanzar y concretar una imputación por trata laboral”.

A más detalles sobre la situación detectada, el fiscal expresó que las personas llegaron desde su provincia de origen en condiciones de “extrema vulnerabilidad y necesidad laboral”, a raíz de lo cual “se les hizo una oferta de trabajo determinada que no se cumplió y generó deudas a través de las necesidades de alimentación para someterlas a jornadas de trabajo muy intensas, que comenzaban a las 5 y podrían terminar a las 18 o a las 19, los siete días de la semana, los 365 días del año, sin descanso”.

En tanto, sostuvo que, entre otras cuestiones que aún restan certificar, las familias no accedían “a derechos laborales, sociales o sanitarios”, sumado a “nulas condiciones de higiene y de vivienda”.

En definitiva, todos aspectos que hacen sospechar que la situación detectada “trasciende una mera infracción laboral”, y que avanza hacia la “explotación de personas que podría enmarcarse en un caso de trata laboral”.

A ese esquema sumó lo que implica retirar a las familias de su entorno, ya que “cuando se las ubica en otro lugar y contexto, eso también profundiza las condiciones de sometimiento y evita que la gente tenga capacidad de reacción para poder hacer valer sus derechos”, planteó.

 

El caso

Como se informó a través de estas páginas, el pasado 11 de abril personal de la Subdelegación Tandil de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal Argentina realizó un allanamiento en el predio, que fue dispuesto por el Juzgado Federal de Azul, a cargo del doctor Martín Bava, a instancias de lo solicitado por la Fiscalía Federal.

La medida fue concretada con el apoyo de personal de la oficina de rescate y acompañamiento a las personas damnificadas por el delito de trata -dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-; y de la Delegación Regional Tandil del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

De acuerdo a las pruebas recabadas en el lugar, la Fiscalía Federal encontró motivos para imputar al propietario del predio por el presunto delito de trata de personas.

La causa se inició hace aproximadamente tres meses a raíz de una denuncia que se recepcionó a través del Ministerio de Seguridad, por lo que se le dio intervención al Juzgado Federal de Azul y se inició la investigación a través de la Policía Federal.