Avanza la regulación de las cautelares contra el Estado

 

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Al igual que el último miércoles, cuando obtuvieron dictamen la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de nuevas cámaras de Casación, los únicos senadores opositores que concurrieron a la reunión fueron Sonia Escudero (Peronismo Federal) y Samuel Cabanchik (Probafe).

Durante el plenario de comisiones, Alak sostuvo que el proyecto “no tiene como objetivo disminuir las posibilidades de los ciudadanos litigantes” sino fortalecer “el derecho de defensa del Estado ante las grandes corporaciones”.

“Hay que terminar con el negocio de las cautelares eternas”, sentenció Alak, quien recordó puntualmente la medida cautelar interpuesta por el Grupo Clarín que mantiene congelada la aplicación de la cláusula de desinversión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

En este sentido, subrayó que “lo que determina la legalidad de una medida no es la cautelar sino la sentencia” y que “se utiliza la cautelar para dilatar el procedimiento y para que no salga la sentencia, lo que se ha convertido, además, en un negocio”.

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Interés social

 

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Alak destacó que “todas las provincias tienen reguladas las medidas cautelares como instrumento de acción” e indicó que “por eso es sorprendente que a algunos sectores de la oposición les llame la atención que la Nación quiera una legislación específica” sobre este tema.

A su turno, Álvarez explicó que “no hay ningún inconveniente cuando se habla de intereses privados” pero que “cuando se habla del interés público dispuesto mediante una ley sancionada por el Congreso de la Nación, (la cautelar implica) la suspensión de un interés social, no privado”.

El funcionario precisó que, a partir de esta ley, el Estado deberá “dejar claro a través de un informe cuál es el interés público que se cercena si el juez hace lugar a la medida cautelar”.

“Una vez recibido el informe, el juez dictará o no la medida cautelar, que no podrá exceder los seis meses y, en caso de un proceso sumarísimo en trámite, no podrá exceder los tres meses”, agregó.

En este sentido, Alak remarcó que “la Corte Suprema ha dicho que no procedían las cautelares contra el Estado, porque los actos de la administración siempre tienen la presunción de legalidad y dijo que las cautelares debían tener un plazo razonable”.

Durante el debate se introdujo una modificación al proyecto, por la cual se establece que en los casos en los que la cautelar sea presentada por el temor a un daño ambiental, el juez podrá hacer lugar a la medida inmediatamente, sin necesidad de esperar el informe del Estado.

Con la firma de este dictamen, el oficialismo logró en tan sólo dos días dejar preparados para su sanción los proyectos centrales de la reforma judicial impulsada por el Gobierno.

En efecto, el próximo miércoles el Senado votará la reforma del Consejo de la Magistratura y la creación de nuevos tribunales de Casación, mientras que al día siguiente someterá a votación la regulación de las medidas cautelares. NA