Ballent avaló la instalación de la alcaidía y sugirió reducir su capacidad de alojamiento

Mientras se aguardan certezas de la Provincia, la ciudad mantiene el debate en torno al proyecto del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que prevé la modificación del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) para la próxima década y que apunta a facilitar un adecuado proceso de reinserción de los internos y fortalecer su institucionalidad.

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La inquietud surgió a partir de la difusión del plan estratégico, que señala a Tandil (además de Ensenada, Tigre, San Martín, Azul, Bahía Blanca, San Nicolás y Quilmes) como uno de los distritos a construir alcaidías de 140 plazas en promedio en respuesta a las condiciones de infraestructura del sistema.

Como se informó se trata de una instancia previa a la cárcel destinada al alojamiento de los detenidos a los que aún no se les dictó la prisión preventiva. Para el caso del Departamento Judicial de Azul, la alcaidía de General Alvear es la unidad más cercana para el traslado de los imputados.

Entre las voces que se sumaron al debate, el defensor oficial Diego Araujo, quien junto a otros actores judiciales impulsó un reclamo en este sentido, se pronunció a favor de la creación del espacio pero advirtió que resultará necesario evitar distorsiones en cuanto a su funcionamiento para evitar que modifique su modalidad.

Luego el concejal del PRO, Claudio Ersinger, aclaró que responde a una demanda del sistema judicial, y aclaró que se trata de una dependencia para el “alojamiento temporario” de detenidos a los que no se les dictó la prisión preventiva.

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Este miércoles, tras evaluarlo hacia el interior del Gobierno para definir postura, el jefe de Gabinete, Mario Civalleri, puso reparos a la instalación de una alcaidía y si bien ratificó la apertura al diálogo sentenció: “No es una idea que nos entusiasme demasiado”.

En ese marco, sumó su voz el concejal del Frente Renovador, Gustavo Ballent, quien desde su profesión de abogado que litiga en el Fuero Penal, calificó de “necesaria” la instalación de una alcaidía pero rechazó que su capacidad sea de 140 plazas “porque se podría pensar en que mañana se puede convertir en un penal y eso no lo avalaría nunca”.

“Sí un lugar mucho más chico, en condiciones para alojar a estas personas de modo transitorio para las cuestiones puntuales que suceden”, diferenció.

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Un número excesivo

En diálogo con El Eco Multimedios el abogado opinó que “los jueces, fiscales y defensores oficiales se dan cuenta que necesitan tener este lugar”, pero expuso sus reparos frente a ciertas características.

“Me da la impresión que una alcaidía planteada para 140 alojados es excesiva para el Fuero Penal en Tandil, donde podríamos necesitar una alcaidía pero de menores dimensiones a lo que se está proponiendo”, resumió y demandó que se revea ese aspecto.

En esa línea propuso que “sería adecuado” contar con una estructura que contenga a “15 o 20 personas”, cifra que “circula en el ámbito penal”.

Especuló que puede que la intención sea realizar una inversión proyectando el crecimiento de la ciudad “pero no para 140 personas porque la gente va a temer que esto se convierta en una prisión y en eso estoy absolutamente en contra”.

“El Poder Judicial
necesita la alcaidía”

A modo de repaso Ballent citó los principales problemas a los que la Justicia se afronta ante la ausencia de este espacio intermedio al señalar que se trata de un lugar “transitorio” que permite a un detenido permanecer allí alojado hasta tanto el fiscal solicita la prisión preventiva, pero también “para cuando haya un juicio oral y sea necesario trasladarlo de un penal a la ciudad de Tandil, esté en ese lugar porque hay muchos problemas” en este sentido.

En ese marco “quizás sería bueno tener esto en condiciones para una menor cantidad de gente de la que se está hablando; creo que el Poder Judicial lo necesita”.

Así, el letrado sumó otro argumento que sustenta la necesidad de instalar una alcaidía al señalar que en la actualidad “no se puede tener gente alojada en las comisarías” en función de una “decisión de las autoridades de la Provincia desde 2008 por hechos ocurridos en seccionales policiales”.

“Cuando detienen a una persona, hasta que el fiscal hace el pedido de prisión preventiva, no la pueden tener en la comisaría, por lo que la trasladan a un penal. Allí no hay un lugar para tenerla y si la mandan con la población carcelaria genera otros problemas”, expuso, con lo cual ratificó que “el Poder Judicial necesita la alcaidía”.