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–A propósito del anteproyecto de ley de reforma al Código Penal Argentino-

No sin advertir que el encasillamiento en categorías de determinadas facciones políticas y/o tendencias ideológicas resulta tener cierto grado de arbitrariedad, es claro que hay dos posiciones políticas que se ven enfrentadas entre sí y que resultan inconciliables: una que intenta garantizar la libertad con igualdad de oportunidades para la mayor parte de la comunidad, y otra que aspira a mantener la más amplia libertad, pero tan sólo para un puñado de intereses, que privilegiados por su situación económica haría lo que sea para conservarla y aumentarla.

Según el tema que se aborde estas tendencias se mantienen equidistantes una de otra; sin embargo,  a veces suele tener el raro efecto de entremezclarse, tal como a mi parecer sucede en torno a los modelos de seguridad ciudadana. La reforma del Código Penal Argentino se inscribe en ese orden de situación, más por el peso de la confusión que genera la usina de pensamientos que provee el discurso a la demagogia punitiva, que a verdaderas razones de orden lógico y/o jurídico.

El anteproyecto de reforma del Código Penal que logró incluir a diversos sectores políticos en su redacción, y por ende responde a una multiplicidad de opiniones divergentes, es paradojalmente colocado como un objeto más de discusión en la dicotomía señalada al inicio, utilizándose políticamente falsos eslóganes.

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Y es que como afirmara Gustavo Arballo (secretario de Jurisprudencia del Superior Tribunal de La Pampa)   “Debatir el Código Penal requiere a veces pasar en limpio qué pensamos de la ley, qué pensamos de las penas, qué pensamos de los bienes jurídicos, y muchas veces nos sorprenderemos que el debate sobre un artículo equis es en realidad un debate sobre premisas mayores, y es, en ese sentido, una oportunidad de socializar y reconstruir el sentido que le adscribimos al derecho”.

En el medio de estas dos tendencias, izquierda la una y derecha la otra, por llamarlas de algún modo, hay un gran sector de la sociedad, poco comprometido, muy prejuicioso, al cual no le llega ni el discurso progresista de igualdad de la izquierda, ni los beneficios económicos de la derecha;  un sector frecuentemente distanciado por la forma de expresión de la izquierda, y seducido por el discurso hipócrita de la derecha.

La izquierda y la derecha así son dos partes en conflicto, dos partes que se oponen, y que en nuestro país al menos, tiene la derecha la particularidad de haberse opuesto violentamente a la izquierda, sin ningún tipo de miramiento.

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Hoy esa violencia esta ínsita en algunos grupos sociales que descalifican a un gobierno social y democrático y a sus adeptos en forma virulenta, apelando al agravio, a la mentira, a la violencia física, y al complot, y que están, como siempre, dispuestos a todo y bajo cualquier forma.

Hoy vemos fundamentalmente a un representante de este sector nuevamente arbitrando todos los medios posibles a su alcance, incluidos y preferentemente, los de comunicación social, denostando al anteproyecto de reforma del Código Penal argentino, sin conocerlo cabalmente, sustituyendo el debate propio en las legislaturas, por una burda maniobra política que se materializa por ejemplo, en torpes llamados telefónicos de propalación partidaria.

Hoy catalogan en forma ignorante al anteproyecto como un Código “sacapresos” intentando con ello crear alarma social, e inquietudes infundadas; aprovechándose indecorosamente de la volubilidad social frente a los complejos problemas de la inseguridad urbana.

Complicada tarea la de los juristas y políticos de aquí en más de intentar al menos impulsar la reversión de esta situación.

De aquí un pequeño aporte en algunos puntos básicos: 1) El actual código penal argentino es poco claro, es impreciso y posee su sistemática fracturada como consecuencia de las sucesivas reformas parciales que se efectuaron en forma inorgánica; el anteproyecto en ese sentido le otorga claridad, precisión y organicidad, pues se trata de una reforma integral que pretende incorporar ordenadamente en un solo cuerpo normativo temas que hoy se encuentran en diversas leyes especiales. 2) la pena máxima de prisión se adecua a estándares internacionales (Estatuto de Roma) a los cuales Argentina suscribió, estableciéndose un límite preciso, mejorando al actual del cual pueden predicarse diversas posturas contradictorias entre sí; 3) Se eliminan conceptos que prácticamente se encuentran erradicados en la buena doctrina y jurisprudencia penal, como el de peligrosidad, verdadero estandarte de lo que se conoce como el derecho penal de autor, donde se castiga lo que se es y no lo que se hace;  4) Se eliminan los efectos automáticos de la reincidencia, propiciándose un análisis particularizado de la existencia de antecedentes penales y su real incidencia en la persona sometida a proceso penal; 5) Se incorporan expresamente institutos ya aceptados, prácticamente en forma pacífica, por la doctrina y la jurisprudencia argentina, y contemplados en varios de los nuevos códigos de procedimientos penales, tales como la exención de pena o reducción de la misma en causas iniciadas por delitos insignificantes; la pena natural en hechos culposos, y también la pena ilícita.

No puede coartarse autoritariamente ni el debate legislativo ni el franco debate público, proponiendo en su reemplazo la absurda recolección de firmas, manipulación mediática mediante, y por la cual se anuncia prácticamente y en forma trágica una situación de emergencia penitenciaria si se aprueba el anteproyecto.

Nada más alejado de la realidad, pues el anteproyecto lo único que intenta es dotar de racionalidad y proporcionalidad a las penas, circunstancia que hoy no existe.

Se engaña a la población diciendo que la inseguridad es consecuencia directa de la falta de una dura legislación penal. Ello es un mito de muchos años, propalado por aquellos que pretenden segmentar a la sociedad instaurando dos bandos, el de los buenos y rectos ciudadanos y el de los malvivientes, sin percatarse que los delitos que más comprometen a la nación lo cometen aquellos que suelen contarse en el primer grupo, pero que no se encuentran etiquetados por no ser ni pobres ni ignorantes, ni por vestirse de tal o cual manera. En este sentido no puede perderse de vista que se endurecen las penas por delitos cometidos por funcionarios públicos, se aumentan las penas por el delito de cohecho, el tráfico de influencias entre otros, y se crean figuras penales que atienden a la responsabilidad criminal de las personas jurídicas.

Sin lugar a dudas la legislación penal tiene un rol que cumplir en el lineamiento de toda Política Criminal, pero no es la única variable, y quizás para algunos ni siquiera sea la más importante.

El nuevo anteproyecto de ley de reforma del Código Penal argentino se adecua no sólo al camino que emprendió nuestro país con la incorporación de diversos tratados internacionales a la Constitución Nacional, sino también que está en consonancia con la ampliación de derechos que consagrara jurisprudencialmente la Corte Suprema de la Nación.

En un Estado de Derecho, social y democrático no puede pensarse sino en un modelo punitivo que sea democrático y respetuoso del programa de derechos humanos a los que Argentina adhirió dotándolo de jerarquía constitucional hace ya casi veinte años.

Lo demás es pura hojarasca; un intento desesperado de lograr votos apelando al miedo, a los prejuicios, y al siempre falaz discurso de que con mayor cantidad de penas menos inseguridad; algo tal falso como fácil de vender.

Diego Araujo, defensor oficial

 

El riesgo de no saber qué  nos pasa alrededor

La presidenta Kirchner promocionó Direct TV, el sistema satelital con casa matriz en Venezuela, que en el interior del país es la contracara de lo que el Gobierno declama en la ley de medios. La grilla de DirecTV no tiene lugar para canales locales o regionales. Se globaliza la información y la programación y no hay lugar para programaciones y canales de noticias de ciudades o pueblos del interior donde vive cada abonado.

Vecinos de La Quiaca, Mendoza o Río Gallegos o cualquier lugar del país suscriptos a DirecTV, pueden ver la programación de los canales abiertos de la Capital, el fútbol de España e Italia, boxeo internacional y Discovery, pero vivirán ajenos a lo que ocurre alrededor.

Para conocer los datos y el pronóstico del tiempo en cada lugar del interior tendrán que encender una radio.

Son ciudadanos del mundo, con acceso a la CNN, Telesur, los canales abiertos y cables de la Capital, pero desarraigados, ignorantes de la agenda local, del día a día del lugar donde viven, que la radio refleja con sonidos y la TV lo debería mostrar con imágenes. Ciudadanos del mundo en la aldea global, pero oriundos de ninguna parte. La Ley de Medios, bien gracias.

El que ve DirecTV en una ciudad del interior es como si solo leyera diarios de otros países, Clarín o La Nación. No hay siquiera lugar para el diario regional o provincial. La actitud de Cristina se entiende en el marco de la pelea con Clarín, pero al promover de la manera que lo hizo a DirecTV el efecto sobre el interior será más globalización y menos programación local y regional.

Ahora la pregunta es: ¿Qué ofrecen a cambio y como alternativa a DirecTV los canales de Cablevisión en el interior y los canales locales de los cables independientes?

¿Por qué el abono a DirecTV y no al cable local? Porque en general los canales locales no ofrecen programación propia y distintiva. Y no habrá buena programación y mejor información si no se invierte en mejorarla.

No hay manera de que los cables del interior puedan afrontar y sobrevivir a la competencia de DirecTV con el auspicio del Estado Argentino, si no se deciden, en primer lugar, a retener y luego a sumar abonados. ¿De qué manera? Ofreciendo lo que no puede dar DirecTV: programación e información local y regional, bien producidos, con calidad y continuidad. DirecTV es un gigante con pie de barro porque ofrece el mundo en HD pero no puede competir contra ninguna programación local.

La batalla está en pleno desenlace: si el negocio del cable sigue siendo el abono a cambio de un paquete de señales sin el plus de programación local, si el Estado sigue siendo sponsor oficial de la multinacional, el “pacman” de DirecTV probablemente ganará la pulseada. Y los ciudadanos del interior serán los grandes perdedores.

Por Néstor Machiavelli

Periodista

 

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Plaza abandonada

Señor Director:

Después de 20 días, aproximadamente, de haber publicado la queja por los pasajes Fernández Moreno y Sur Mer del barrio 17 de Agosto por el abandono de la plaza, todo sigue igual.

Al día siguiente de haber salido en el diario El Eco de Tandil, dos personas de Parques y Paseos se acercaron al lugar preguntando quién había hecho el escrito. Se les dijo quién había sido y prometieron que al día siguiente se ponían a trabajar, cosa que no fue así.

La semana pasada llamé a Parques y Paseos y me dijeron que se lo trasladaban al director.

 

Eduardo Pablo Fernández

DNI 8.525.894