Cartas de lectores

La decisión de la Corte

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Señor Director:

 

Felizmente la Corte ha puesto las cosas en su lugar. Una vez más, como en tantos otros fallos señeros en que ejerció su obligación legal de decretar la inconstitucionalidad de una ley que contradice el texto de la Ley Fundamental. Es que para eso está la Corte, para resguardar el pacto básico de convivencia entre los argentinos que es la Constitución. Cuando no lo hizo, como con la doctrina de facto que avaló los golpes militares, lo pagamos muy caro.

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En este caso, la cuestión era sencilla: los representantes de los jueces los deben elegir los jueces y los de los abogados otro tanto. De lo contrario no son representantes. Es como si a los diputados de Mendoza los eligiera el pueblo de Misiones. Un disparate. Podemos estar de acuerdo o no con la representación por estamentos, pero es la que adoptaron los constituyentes de 1994 en forma casi unánime. Y mientras no haya sido modificada debemos respetarla, porque forma parte de ese pacto básico.

De allí que hablar de democratización de la Justicia cuando se propone adulterar los mecanismos de representación es un contrasentido. Pero es también una inmensa hipocresía. Porque en el Consejo de la Magistratura, junto a los representes de los estamentos técnicos –jueces, abogados, académicos- hay representantes políticos: “los de los órganos políticos resultantes de la elección popular”. A  éstos no los elige el pueblo en forma directa, sino el Presidente de la Nación, del Senado y de la Cámara de Diputados. Si el oficialismo y su partido parajudicial Justicia Legítima estuvieran sinceramente interesados en el voto popular, propondrían que los representes políticos fueran electos por el pueblo. Pero no. A esos los elige la corporación política. Voto indirecto, como en el viejo Colegio Electoral de la Constitución de 1853. El impulso democratizador se agota en las puertas del privilegio político.

Se dirá que no es posible elegir en forma directa a los representantes políticos porque la Constitución dice otra cosa. Es cierto. Pero el mismo argumento vale para los representantes de jueces y abogados. El único camino, entonces, es reformar la Constitución. Pero eso, desde ya, no se lo proponen los democratizadores (léase domesticadores) de la Justicia. El oficialismo no votará un mecanismo que devuelva al pueblo prerrogativas que hoy ejerce él. Se trata de sacarles a los otros sus poderes, no renunciar a los propios por mera ideología.

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En esta como en otras cuestiones, el gobierno demuestra la inconsistencia de un discurso progresista que en realidad sólo busca la acumulación de poder para garantizarse la autoperpetuación y, con seguridad, la impunidad.

 

Miguel Ibarlucía

Abogado

DNI 11478962