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Sillas integradoras

 

Señor Director:

Hola, mi nombre es Carolina, y quería hacer un comentario sobre las nuevas sillas integradoras que están en las plazas. Me parece que es una idea bárbara esta buenísimo que se piense en los niños con discapacidades diferentes para integrarlos y que ellos también tengan la oportunidad de ir a una plaza y tener con que divertirse. Pero lamentablemente soy testigo de cómo todos los días se maltratan las sillas integradoras.

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En mi caso todos los días veo en la plaza General San Martin (ex plaza Rosales) en el Calvario cómo los chicos del centro comunitario que se encuentra a media cuadra de dicha plaza se suben de a 10 en la silla integradora balanceándola de manera brusca, siempre están al borde de romperla!¡Esta silla se ha colocado recién esta semana! Y ya está al borde de romperse. En el lugar no hay ningún placero o policía que les llame la atención debido a que las personas que nos encontramos en el lugar les llamamos la atención y no nos hacen caso. Sería una lástima que se rompa la silla, hay nenes que realmente la necesitan, yo tengo un hermano de 8 años discapacitado (motriz) y él se maneja en silla de ruedas, yo sé lo que él siente y a muchos nenes como él le debe pasar, ir a una plaza y encontrarse con que no pueden participar de ninguno de los juegos que están ahí.

Hoy tienen su lugar, su silla, y están felices, hagamos algo para que los chicos entiendan para quiénes es esa silla y lo importante que es para los nenes discapacitados tener su juego y que no lo rompan.

Gracias por el espacio para expresarme.

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Carolina Gómez

 

Debate por la justicia

 

Señor Director:

 

Justicia Legítima Tandil nació al abrigo de la convicción de que es posible un servicio de justicia que, desde adentro y desde afuera del Poder Judicial, rompa y supere las prácticas corporativas consolidadas en formas de organización y actuación destinadas a proteger sólo determinados intereses y privilegios de sus integrantes –aislados del conjunto de la sociedad- y que, en definitiva, tornan ilusorio el acceso a la Justicia de los más débiles e impiden la profundización de la democracia.

A partir de ese eje conformamos un colectivo plural, dinámico y en constante ampliación que integran magistrados, funcionarios, empleados, académicos, estudiantes, representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos.

En documentos públicos anteriores, y en las jornadas celebradas en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, hemos señalado los principios básicos para la transformación a la que aspiramos.

La propuesta de reforma judicial expresada -en principio- a través de los seis proyectos que fueran enviados al Poder Legislativo, ha hecho aflorar una serie de posturas a las cuales queremos referirnos, haciendo pública nuestra postura.

Desde nuestra óptica y en cuanto a la cantidad y la calidad de opiniones vertidas por distintos actores sociales respecto del conjunto de leyes presentado desde el Ejecutivo Nacional para su debate y posterior sanción por nuestro Parlamento, es dable distinguir la posición del Colegio de Abogados de Azul que ahonda en la imprudencia, la irresponsabilidad y el análisis banal o trivial al cual se permiten arribar en cuestiones tan delicadas, pero con el claro propósito de desinformar, desconcertar y generar un posicionamiento contrario, por el solo hecho de pararse en la vereda de enfrente, prescindiendo de evaluar con detenimiento la integralidad de la reforma propuesta.

Lamentamos que tan prestigiosa entidad haya dejado pasar la oportunidad de analizarlos seriamente, haciendo conocer los fundamentos técnicos jurídicos que sustenten su postura al respecto, con la responsabilidad y profesionalismo requeridos por su importancia y trascendencia social, dejando de lado oportunismos políticos, criticas vacías y apocalípticas. Esto nos demuestra una vez más el funcionamiento corporativo y poco democrático de estas instituciones, que no están a la altura de las demandas de la sociedad y de sus integrantes ya que no se ha generado un espacio de debate y trabajo profesional constructivo.

Decir que las reformas planteadas “rompen la independencia del Poder Judicial”,  o que “se pierde la República”, o que “un juez que saque una resolución que no le convenga al gobierno va a ser sancionado”, entre otras aseveraciones carentes del fundamento técnico y jurídico que se espera de quien ejerce la representación de los profesionales de la abogacía, contribuyen a generar en la sociedad un descreimiento hacia las instituciones que componen la república, desnaturalizando el objetivo democratizador de la reforma judicial cuando su norte, precisamente, es el de reconciliar al sistema de administración de justicia con la ciudadanía.

En este sentido y en relación a la reforma del Consejo de la Magistratura, es importante destacar que se conserva todo el sistema actual del jury de enjuiciamiento, que es en definitiva la institución que avanza en el proceso contra jueces por mal desempeño de sus funciones, permaneciendo aún la exigencia de una mayoría agravada para proceder a la destitución. Lo medular se conserva. Se modifica la alternativa de la acusación que ahora sí dependerá de una mayoría absoluta de los miembros del Consejo, pero de ninguna manera cabe interpretar ese estado como sancionatorio. Distintas provincias de nuestro país cuentan desde hace años con este mismo sistema de acusación propuesto e invitamos a la comunidad a reflexionar e interiorizarse sobre sus resultados y, luego en forma prudente, elaborar conclusiones que no se acaben en el estruendo, lo rimbombante y la cosecha de irresponsabilidades en la comunicación.

Respecto a la integración del Consejo de la Magistratura –órgano político del Poder Judicial- por voto popular, solo resta decir que hace propia la esencia de nuestro sistema democrático recurriendo a un sistema electivo para aquellos que hasta el momento eran elegidos por sus pares –abogados, jueces y académicos-, a través de organizaciones que poco tienen que ver con los intereses de la comunidad en su conjunto.

En cuanto a la función de las particularidades introducidas por la reforma respecto a las medidas cautelares contra el Estado, claramente el análisis válido transcurre en el mensaje que se le envía al órgano jurisdiccional, en el sentido de la necesidad de celeridad en los pronunciamientos judiciales, como derecho humano reconocido por la universalidad de ordenamientos. Con medidas cautelares acotadas de efectividad en el tiempo y con jueces que estimen esa sed de los justiciables, automáticamente se cancela la posibilidad de sueño y letargo de sus causas que, ante la medida fenecida o caduca, no quedará mayor actividad que dictar sentencia, determinando con verdadera fuerza el derecho de cada parte. Hemos podido ver en cientos de oportunidades la desnaturalización en su uso y el mantenimiento en el tiempo, sin la consecuente resolución de las cuestiones de fondo que le dan origen.

En relación con la creación de las nuevas Cámaras de Casación, cabe destacar que esta medida tiende a acelerar la resolución de los conflictos judicializados por lo que permitirá descomprimir la gran cantidad de juicios sin resolver otorgando derechos de esa manera a aquellos que están esperando por la resolución de sus controversias.

Desde comienzo del nuevo siglo se han ido produciendo, tanto en nuestro país como así también en gran parte de Latinoamérica, profundas y significativas transformaciones políticas y económicas cuya finalidad apunta a mejorar la condición social de los más desposeídos mediante su progresiva inclusión. Frente a ello, y mientras los sectores políticos gobernantes –legitimados por la voluntad popular– intentan dar satisfacción y respuesta a aquellas aspiraciones, resulta palmario que el Poder Judicial en muchas circunstancias no sólo no ha acompañado, sino que ha sido refractario a dichas transformaciones generando así una pérdida de legitimidad y consecuente desprestigio. Ello amerita la necesidad de su reparación. Quién podría negar la necesidad de una reforma judicial que actualice el mismo a los tiempos que corren; esto es la democracia y todos formamos parte de ella, incluidos los magistrados y funcionarios. Debemos entonces trabajar en ese sentido y no alarmar con falsos conceptos de índole apocalíptico al ciudadano sino informarlo en forma adecuada.

Quienes integramos este espacio colectivo, horizontal y abierto a toda la comunidad sostenemos la necesidad de generar un debate responsable en un tema trascendental como lo es la administración de justicia de la nación, aprovechando la oportunidad para reiterar y hacer pública la invitación a las autoridades, tanto del Colegio de Abogados de Azul como de la Asociación de Abogados de Tandil a participar de los foros de discusión que semanalmente organizamos en el Centro Cultural Universitario de Tandil, para conocer sus alternativas, propuestas y hacerlas públicas, ya que se impone la necesidad de hacer llegar a la comunidad argumentos y fundamentos formativos, con la responsabilidad que la democracia y la república nos demanda al emitir nuestras opiniones y posturas.

Justicia Legítima Tandil