Clientela nacional

Son cada vez más resonantes las críticas que en nuestro país exigen el fin de ciertas prácticas políticas enquistadas que corrompen la dinámica y el funcionamiento esperados respecto de las instituciones y la política en general.
Si buscásemos enumerar esos vicios que conserva con frecuencia nuestro sistema político, debiéramos emprender una tarea ardua, debido a la cantidad, y penosa, respecto de lo ingrato que significa descubrirlos. Hoy intentamos particularizar uno de tales defectos, el clientelismo, actividad que en verdad muchos denuncian y de la que pocos se hacen cargo.
Preguntándonos en qué consiste, en muy pocas palabras puede afirmarse que el clientelismo es una forma de adquirir consensos electorales (es decir, votos) a partir del reparto discrecional de recursos estatales. Al describirlo, Bobbio y Matteucci señalan que ?los políticos de profesión ofrecen a cambio de legitimación y sostén -o sea votos-, toda clase de recursos públicos de los que pueden disponer, como cargos y empleos públicos, financiamientos, licencias, entre otros?.
Aquí, la finalidad primordial es la construcción de poder: todo político con actitudes clientelares busca construir o mantener el poder, porque generar consensos y afecto se le hace cada vez más difícil por sí mismo, al tiempo que el beneficiario, ante su situación de necesidad y constreñimiento, se favorece con prebendas.
Los actores que se envuelven en esta forma de vínculo social son los políticos ?contratantes?, que se disponen a cautivar adhesiones; los ?clientes?, que aceptan beneficios o recursos del Estado facilitados por los aquellos políticos, a cambio de su apoyo; y el ?puntero?, quien intermedia y obtiene también beneficios para sí y su estructura política local. Final y extensivamente, intervienen también el Estado, de donde salen los recursos, y la sociedad, que contribuye al tesoro público y padece la adulteración de su voluntad democrática.
En estas circunstancias perniciosas, quien sólo ?gana? es el dirigente que así acrecienta o mantiene su poder e influencias, mientras damnifica a todos los demás: los beneficiarios, que si bien en el corto plazo obtienen algunas ventajas, en verdad por ser funcionales a este sistema corrupto son usados como ?funcionales al sistema?, no fomentando su ascenso social y teniéndolos siempre a disposición; la sociedad en general pierde no sólo sus recursos materiales, sino lo que es peor, aquellas oportunidades de construcción de un futuro común sobre bases de una calidad democrática creciente.
Con lamento, puede verse cómo el clientelismo se manifiesta con mayor frecuencia en las zonas y sectores más vulnerables socialmente: el conurbano bonaerense o los barrios con una realidad social delicada en las ciudades del interior del país, son los más notables ejemplos. Pero no es exclusivo en este sentido: asombrosamente vemos también cuánto se repiten ?clientelismos de guante blanco?, donde con foto y discursos se racionan beneficios con una evidente intención y discrecionalidad políticas.
Es un espíritu de apropiación el que cimienta tales prácticas, por fuerte que suene la expresión. Pero más fuerte es engañar a la gente que padece debilidad y necesidades, exhibiéndole espejos de colores: no utilizando esos recursos públicos sino en beneficio personal, asignándoselos para que los beneficiados se conviertan en adhesiones, votantes o activistas. Y son espejos de colores, pues reflejan una cierta ventaja para quien lo recibe, pero generando por lo tanto una cada vez mayor dependencia de las voluntades políticas.
El clientelismo no es exclusivo de nuestra Argentina contemporánea: ya la antigua Roma atestigua cómo el patronazgo intercambiaba trabajos y protecciones públicas entre familias. No obstante, la antigua Roma no nos exime de perseguir este mal social que a nuestra propia vida democrática le hipoteca sus mayores posibilidades. Tampoco es exclusivo de tal o cual fuerza política, si bien las responsabilidades no son todas iguales.
La mejor forma de atacar estas redes de fidelidades personales edificadas a partir del uso personal que la clase política hace de los recursos estatales es denunciándolas y publicándolas, haciéndolas notorias: legitimar una dirigencia pública a partir del abuso de la debilidad del otro es un disparate no sólo político, sino sobre todo humano, simultáneo con la injusticia.*

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