Comenzó en Olavarría el juicio que incluye delitos en La Huerta

Los imputados son el sargento Omar Antonio Ferreyra ("Pájaro"), el capitán Walter José Grosse ("Vikingo"), el general Ignacio Aníbal Verdura y el teniente primero Horacio Leites, quienes están acusados de "homicidio agravado con ensañamiento; privación ilegal de la libertad y torturas" en más de 20 casos. 

Los acusados ingresaron al auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro (Unicen) pasadas las 15, y con gesto adusto escucharon durante más de dos horas la lectura de los fundamentos del juicio.

Al dar comienzo a la lectura de los argumentos del proceso y nombrar a los acusados, se escucharon silbidos por parte de algunos de los presentes, lo que originó la rápida advertencia del presidente del Tribunal, Roberto Atilio Falcone.

"Estamos en un juicio oral y público dentro de una instancia que tiene que ver con el legítimo proceso. Si se producen incidentes o alteraciones al orden vamos a tener que proceder a desalojar la sala", advirtió Falcone.

Restablecido el orden, un funcionario judicial leyó los fundamentos de la causa y toda la jurisprudencia en la que se basa el proceso oral.

El Tribunal dio cuenta del proceder de las fuerzas represivas en los centros clandestinos de detención, y señaló que en ellos los agentes del terrorismo de Estado "ejercieron tormentos, torturas y privaciones ilegítimas de la libertad".

Tras 34 años de los hechos que hoy se le imputan a los acusados, se considera probado el objeto procesal de los hechos de lesa humanidad cometidos en Monte Peloni, las comisarías de Las Flores, La Plata y Tandil, donde también funcionó el centro clandestino de la Huerta a cargo del Ejército.

Los magistrados dieron cuenta del funcionamiento operativo que tenían los centros clandestinos de detención, comandados por un jefe de campo, secundados por oficiales y diversas guardias.

Además, se relataron las circunstancias en las cuales resultaron detenidas las víctimas para ser conducidas a los diversos centros de detención en operativos que estaban a cargo de los acusados. 

"Todos fueron privados de su libertad de forma ilegítima por sus actividades políticas y sometidas a torturas", apuntó el Tribunal. 

 

Los representantes legales

 

En la audiencia también estuvieron presentes los defensores de los acusados, los abogados Gerardo Ibáñez (Grosse); Alejo Baltasar Ordenavía (Verdura); Claudio Castaño (Leites) y Carlos Devoto (Ferreyra).

La querella de las 20 víctimas estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, coordinadas por los letrados Manuel Marañón y César Sivo, respectivamente.

La acusación, a cargo del Ministerio Público Fiscal, contó con la representación de Walter Romero y del fiscal Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.

"Las actividades que desarrollaron los acusados a las órdenes de Verdura estuvieron destinadas a eliminar a los integrantes de la Juventud Peronista de la zona represiva 124 del Ejército, a cargo de su responsabilidad como jefe de la unidad de caballería mecanizada de Olavarría", enfatizó el Tribunal.

En tanto, el titular de la Comisión por la Memoria de Olavarría y sobreviviente del centro clandestino de detención de Monte Peloni, Carmelo Vinci, consideró que el proceso por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en ese lugar hace 34 años "constituye en verdad el comienzo de un nuevo recorrido en la lucha por establecer verdad y justicia".

"Para mí, como sobreviviente, es muy importante llegar a esta etapa que pensé que no iba a ver en mi vida. Ahora empieza otro camino, el de juzgar las complicidades que los sectores civiles tuvieron con la dictadura", señaló Vinci.

Vinci es uno de los líderes históricos de la APDH, y desde ese lugar denunció durante años los crímenes que se cometieron en Monte Peloni como en el área represiva 124, a cargo de Ignacio Aníbal Verdura, por entonces coronel del Ejército.

"Hoy se cumplen 37 años desde que me secuestraron y resulta emblemático que hoy comience este juicio", enfatizó Vinci, quien se negó a ingresar en la sala de audiencias a presenciar la elevación a juicio de parte del Tribunal.

Por su parte, Araceli Gutiérrez, sobreviviente de Monte Peloni que en la actualidad oficia como cuidadora del lugar en el que funcionó ese centro de detención, admitió que "la espera para llegar al juicio resultó muy larga".

"Este juicio llega después de una espera muy larga. Muchos años de lucha. Bueno, pensé que después de las leyes de impunidad este día no iba a llegar, pero sí. Los genocidas están donde se merecen", señaló Gutiérrez.

Y en ese sentido, agregó: "Ahora, debemos ir por los cómplices civiles. Ese es el nuevo capítulo que se abre ahora".

Al respecto, Carlos Fernández, que estuvo secuestrado en Monte Peloni, sostuvo que los efectivos que ejercieron la represión cometieron "crímenes aberrantes porque querían terminar con una juventud que luchaba".

"Hoy vivimos una reparación histórica, la de una juventud que luchó y peleó por sus ideales. Este juicio es un homenaje a todos mis compañeros", puntualizó Fernández. 

A su vez, el secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Guido Carlotto, consideró hoy que el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención de Monte Peloni, "puede contribuir a desentrañar la complicidad civil con el terrorismo de Estado en la ciudad de Olavarría".

"Este juicio es muy importante, primero porque reivindicamos a las víctimas. Luego, establecemos claridad sobre cómo funcionó el engranaje represivo en la Provincia, y por último, podemos comenzar a avanzar sobre la complicidad civil con la dictadura", sostuvo Carlotto en diálogo con la prensa a horas de que comience el proceso. (Télam)