Comienza el juicio por el ?Plan Cóndor?, que tendrá entre los acusados a Videla y Bignone
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl Plan Cóndor fue una estrategia implementada por los gobiernos de facto del subcontinente a partir del golpe de Estado que derrocó en Chile al socialista Salvador Allende y, a través de él, los perseguidos políticos que se refugiaban en los países vecinos eran asesinados, desparecidos o deportados.
De este plan participaron las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, Perú y Paraguay, donde fueron descubiertos la mayoría de los archivos secretos de las acciones conjuntas llevadas a cabo por aquellos años.
Además de Videla y Bignone, estarán sentados en el banquillo de los acusados el exministro del Interior de la dictadura Albano Harguindeguy, y Luciano Benjamín Menéndez, el por entonces poderoso represor a cargo del Tercer Cuerpo de Ejército, sobre quien ya pesan siete condenas a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad.
El juicio, que comenzará el martes próximo a partir de las 10 en los tribunales federales de Retiro, en la Capital Federal, ventilará también las responsabilidades de otros 21 acusados por centenares de arrestos, torturas y desapariciones.
Sobre Videla pesan hasta el momento dos sentencias de prisión perpetua y otra a 50 años, en tanto que Bignone -el último dictador antes de la transición democrática- tiene una condena de por vida, otra a 25 años y una tercera a 15, en todos los casos por graves violaciones a los derechos humanos.
La justicia argentina había solicitado, en el marco de esta causa, la extradición del exdictador peruano Francisco Morales Bermúdez, pero fue denegada, en tanto en 2011 un tribunal argentino condenó a prisión perpetua al exgeneral Eduardo Cabanillas como responsable de Automotores Orletti, el centro clandestino de detención y tortura por donde pasaron cientos de prisioneros, en su mayoría uruguayos, pero también de otras nacionalidades.
Morales Bermúdez está acusado de la privación ilegal de la libertad y tormentos a 13 ciudadanos peruanos detenidos en Perú en 1978, trasladados a Argentina y alojados en un centro de detención antes de ser deportados, según una resolución del juez federal Norberto Oyarbide.
Unificación
de las causas
El tribunal, integrado por Adrián Federico Grünberg, Oscar Ricardo Amirante y Pablo Laufer dispuso la unificación de tres causas (Plan Cóndor, Plan Cóndor II y Automores Orletti II) y que en mismo debate se determinen la responsabilidad de los acusados.
En la causa unificada “Videla, Jorge Rafael y otros s/privación ilegal de la libertad personal” – “Plan Cóndor”, se encuentran acusados, además del ex dictador, Harguindeguy, Santiago Omar Riveros, Eduardo Samuel De Lío, Carlos Humberto Caggiano Tedesco, Ramón Genaro Díaz Bessone, Antonio Vañek, Carlos Tragant, Luciano Benjamín Menéndez, Bernardo José Menéndez, Jorge Carlos Olivera Róvere, Eugenio Guañabens Perelló, Carlos Landoni y Ernesto Arturo Alais.
En esta causa se investigan 108 casos por presuntas violaciones a los derechos humanos, en el marco del cumplimiento de los objetivos propuestos en el acuerdo ilícito internacional denominado “Operación Cóndor”, atribuyéndoseles a los acusados el delito de asociación ilícita y privación ilegítima de la libertad.
En la segunda de las causas, caratulada “Lobaiza, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de libertad-Plan Cóndor II” están imputados Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Manuel Juan Cordero Piacentini por violaciones a los derechos humanos en un total de 13 casos.
Por último, en la tercera de las causas llevadas a juicio, caratulada “FURCI, Miguel Ángel s/privación ilegal de la libertad agravada e imposición de tormentos” –Automotores Orletti II- se halla como único imputado Miguel Ángel Furci, a quien se le imputan violaciones a los derechos humanos, que habrían ocurrido en el período mayo a noviembre de 1976 en ese centro clandestino de detención ubicado en Venancio Flores 3519/21 de la Capital, en un total de 67 casos.
Según estima el Tribunal, la duración del debate será de aproximadamente dos años y está previsto que declaren alrededor de 600 testigos por estos hechos. (NA)
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