Con críticas, presentaron el proyecto para crear un centro de información del delito
Previamente al tratamiento del orden del día, se dio lugar a los pedidos de utilización de la banca ciudadana. El primero de los planteos fue efectuado por la dirigente de la Corriente Clasista Combativa, Griselda Altamirano, por la represión a los integrantes de esa comunidad en Chaco y Formosa.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailEl segundo fue encabezado por la abogada tandilense Ana Galván, que expuso su propuesta que contempla la creación de un centro de información del delito y lanzó críticas hacia los concejales.
La propuesta
En segundo lugar se presentó en la Banca XXI Ana Galván, que llevó su propuesta que apunta a la elaboración de un centro de información delictiva que se nutrirá de datos aportados por los propios vecinos víctimas de algún episodio de inseguridad. A partir de allí, se avanzará en la conformación de un mapeo del delito que permitirá ejecutar políticas respecto a la problemática.
En su alocución, la abogada destacó que la iniciativa busca optimizar los recursos con que cuenta el Municipio en la materia y señaló que el ciudadano, a través de una línea 0-800, podrá aportar datos sobre “el lugar del hecho, modus operandi y brecha horaria, reservando su identidad”.
Si bien “todas las herramientas con que cuenta el Estado nacional, provincial y municipal son insuficientes”, remarcó la importancia de “ubicar geográficamente los hechos y a través de internet poder acceder a lo que está sucediendo por zona”.
Críticas
En medio de su presentación, Ana Galván, que oportunamente inició un pedido de jury contra la jueza de Familia, Silvia Monserrat, se dirigió hacia los integrantes del cuerpo a quienes reprochó que “no han hecho ninguna crítica constructiva ni tampoco han elaborado un proyecto para que sea puesto en consideración”.
A su vez, cuestionó que más allá de la posibilidad de utilizar la banca ciudadana “esto lo tendrían que haber hecho ustedes. Ninguno de los que están presentes desconoce que el tema de la seguridad tiene que ser la principal prioridad”.
En esa línea dijo que “se actúa sobre lo que está roto, vulnerado”, y cerró con un llamado a la reflexión “a que asuman responsabilidades”.
“A ustedes los votó el pueblo para que los represente. Yo soy una más, que pone en consideración algo que ustedes deberían haber hecho porque el tema primordial es la seguridad. Esta es una herramienta”, concluyó.
Pedido por los qom
En medio de una ruidosa manifestación, la CCC llevó su reclamo al Legislativo local para solicitar al cuerpo, a través de un proyecto de resolución, que el Ejecutivo nacional cumpla con la Ley 26.160, que declara “la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes”.
En la fundamentación, Griselda Altamirano repasó la historia de los pueblos originarios y la “lucha por sus tierras”, con cuestionamientos al Gobierno nacional, que en su “doble discurso impulsó la ley que prohíbe los desalojos de naciones y pueblos originarios y obliga a hacer un relevamiento de tierras. Sin embargo, impulsa la sojización como principal producción”.
Sobre el final de la exposición, la referente de la organización expresó que “los pueblos originarios sufren la persecución salvaje, son reprimidos, detenidos y torturados por este Gobierno que se autoproclama defensor de los derechos humanos y la justicia”, y que “no frena el genocidio del pueblo qom y no hace cumplir a los gobiernos provinciales la Ley 26.160”.
Por último, expresó: “Exigimos el cese de hostigamiento e inmediata detención a las necesidades de la comunidad qom en Chaco y Formosa y memoria, verdad, justicia y derechos humanos para los pueblos originarios”.
El fin de su presentación fue seguida por un cerrado aplauso por parte de la barra ocupada por integrantes de la CCC y por algunos concejales.
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