Con el oído agudo
Abrir el paraguas
La Cámara alta bonaerense finalmente dio media sanción a un proyecto del senador Santiago Nardelli, que declara ?Paisaje Protegido de Interés Provincial? según la Ley 12.704 al área serrana de los partidos de Tornquist y Coronel Pringles.
El objetivo de esta medida, que debe ahora ser ratificada por Diputados, es evitar que la producción minera limitada en nuestra localidad por la Ley de Paisaje Protegido se traslade a esa zona, evitando que los problemas prevenidos por aquella normativa se repliquen a la zona serrana especificada en el proyecto.
Los vecinos de la Comarca Serrana se habían mostrado preocupados por la posibilidad de que se instale en la Reserva Natural y Parque Provincial Ernesto Tornquist una explotación minera, luego de que el 1 de junio último el Ejecutivo bonaerense elevara a la Legislatura provincial un proyecto tendiente a regular la actividad de prospección y explotación hidrocarburífera en el territorio bonaerense.
Las tres cuencas mencionadas en el proyecto –como aquellas capaces de contener gas o petróleo– son las de los ríos Colorado y Salado, y la del Claromecó. Sin embargo, también se menciona que otras zonas –como el sistema serrano de Ventania– podrían ser alcanzadas por las tareas de prospección.
“Una provincia como la de Buenos Aires no puede, en pleno siglo XXI, mantener desconocido el potencial que yace en su subsuelo. Por ello es conveniente propiciar una tarea de exploración a gran escala”, señalaba el proyecto oficial.
La iniciativa contempla la creación de una autoridad de aplicación de la ley, que estaría a cargo de la entrega de licencias de explotación, y la constitución de una empresa estatal con el objeto de desarrollar las actividades de exploración, explotación y distribución de hidrocarburos.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailPolémica en puerta
Diputados del Peronismo Federal, entre ellos el tandilense Roberto Mouillerón, presentaron un proyecto que buscaría que el Estado se haga cargo de las diferencias económicas que surjan entre el importe de las prestaciones establecidas en la Ley de Riesgos del Trabajo y las indemnizaciones que corresponda abonar a los trabajadores en concepto de reparación civil por los daños y perjuicios sufridos.
La iniciativa, que lleva la firma de los diputados nacionales Daniel Germano, Alfredo Néstor Atanasof, Mouillerón, Carlos Alberto Carranza, Sergio Horacio Pansa, Celia Isabel Arena y Juan Carlos Forconi, el Estado también tendría que hacerse cargo de los gastos judiciales, honorarios, costos y costas que deba erogar el empleador.
El texto del proyecto establece la creación de un “Fondo Específico de Aplicación”, que estará destinado a atender el pago “de las diferencias que surjan entre el importe de las prestaciones establecidas en la LRT, a cargo de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART), quienes serán partes obligadas en el juicio, y las sumas que, conforme resolución judicial firme, corresponda abonar a los trabajadores en concepto de reparación civil por los daños y perjuicios sufridos”.
Asimismo, se aplicarán dichos fondos al pago “de todos los gastos judiciales, honorarios, costos y costas que deba erogar el empleador con motivo del reclamo que por resarcimiento civil interponga el trabajador ante la justicia ordinaria”.
Manotazo a Bossio
Una nueva batalla promete enfrentar al oficialismo y la oposición en el Congreso tras la muerte de Néstor Kirchner: la del presupuesto 2011. El kirchnerismo, que obtuvo dictamen de minoría gracias al apoyo de aliados, quiere aprobar en tiempo récord la ley de leyes, pero se encontró ahora con un escollo impensado del otro lado, un dictamen unificado de los bloques anti-K, que consiguieron juntar 21 firmas para llevar al recinto un proyecto alternativo de asignación de recursos.
Los bloques de la CC, UCR, PRO, Peronismo Federal, Partido Federal Fueguino, Bloque Peronista, GEN y Frente Cívico de Córdoba acordaron un proyecto diferente al que apoya el oficialismo que, según aclararon, no implica un plan de gobierno alternativo.
El dictamen K contempla una inflación del 8,9%, un crecimiento de 4,3% y un dólar a $4,10.
El dictamen opositor esboza resultados de recaudación más razonables, que el proyecto oficial subestima.
En total, esa suma ascendería a los 35.000 millones de pesos, que reforzarían la Anses para hacer frente al pago del 82 por ciento móvil de jubilaciones mínimas y la actualización de haberes.
Es por eso que el presupuesto opositor establece que la Asignación Universal por Hijo deje de estar en manos de la caja que controla el tandilense Diego Bossio y sea cancelada con excedentes del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Estudio sobre seguridad
Desafío Económico realizó un relevamiento sobre 18 municipios para verificar si realmente, los vehículos que data el organismo oficial coinciden con los que día a día patrullan las ciudades. Según la consulta, que ganó espacio periodístico en la capital provincial, se observan dos realidades; en las ciudades del interior bonaerense el nivel de patrullaje en las calles no es bueno, sin embargo, en comparación con los partidos del Gran Buenos Aires, (La Matanza, José C. Paz, etc.), parecen vivir en el paraíso.
Los distritos del interior que formaron parte del relevamiento son: Ayacucho, Benito Juárez, Coronel Suárez, General Alvear, Guaminí, Necochea, Saladillo, Tandil, Tapalqué y Tres Arroyos; los partidos del GBA son: Avellaneda, Campana, José C. Paz, La Matanza, Lomas de Zamora, Tigre y Pilar.
Para comenzar el análisis, se debe decir que el número más alto de habitantes por patrulleros de los municipios del interior no alcanza al más bajo del GBA. Coronel Suárez tiene un promedio de alrededor de un vehículo cada 4.200 habitantes, mientras que Pilar cuenta con un móvil cada 5.000 personas, aproximadamente.
La ciudad con mejor promedio de patrulleros por habitantes es Tapalqué, que cuenta con un móvil por cada 670 habitantes, aproximadamente. Contrariamente, se encuentra José C. Paz que contiene datos alarmantes; en principio, sólo tiene entre 2 y 3 patrulleros por comisaría y cuenta con un móvil cada más de 34.000 habitantes. José C. Paz está entre los distritos con mayor índice de inseguridad. ¿Casualidad o causalidad?
Por su parte, Tandil, según las cifras de la Provincia, debería tener 60 móviles, sin embargo hay 140 y sólo funcionan 90.
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