Con nuevas ocupaciones, suman catorce las casas tomadas en el barrio demorado de La Movediza

Ayer, dos asistentes sociales visitaron las catorce casas ocupadas, relevaron los datos de los grupos familiares y los invitaron a acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social para una entrevista con su titular Oscar Teruggi. Llegaron en un automóvil, acompañadas por Roberto Pérez, asesor del intendente Miguel Lunghi.

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Las profesionales se dedicaron a identificar a las familias, a conocer dónde vivían antes de la toma, si son residentes de Tandil o han llegado de afuera, y las razones que las condujeron a usurpar. Estos datos serán elevados a la empresa y al Instituto de la Vivienda.

Sobre el mediodía, algunas de las personas que están ocupando las viviendas expresaron su decisión de permanecer en el lugar debido a que no cuentan con otra alternativa. Además, adelantaron que no se van a dirigir a Desarrollo Social y pidieron que el secretario Teruggi que se acerque hasta el barrio para dialogar con ellos.

Mientras tanto, detrás del portón y las rejas que rodean el predio, el arquitecto Juan Ibáñez, representante de la firma Málaga que ganó la licitación provincial para ejecutar las 52 casas, no autorizó el ingreso a los trabajadores de prensa, argumentando razones de seguridad.

Los representantes de la empresa se encontraban atendiendo a dos preadjudicatarias de las unidades habitacionales que decidieron no esperar el final de obra y mudarse de inmediato, por temor a que puedan usurpar sus futuros hogares.

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La construcción está detenida

En diálogo con El Eco Multimedios, Oscar Teruggi afirmó que desde Desarrollo Social conocen a algunas de las personas que ocuparon. “Lamentablemente, volvemos a tener una situación de una usurpación de viviendas que estaban en proceso de construcción”, confirmó.

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El funcionario explicó que la obra avanzaba a buen ritmo y lograron entregar 24 unidades que fueron entregadas a los adjudicatarios, asignados por sorteo en 2010.

“A partir de noviembre la empresa nos manifiesta que se había cortado el flujo de dinero que tenía que enviar la Provincia y que paralizaban las obras. Desde la Secretaría de Obras Públicas se ha tomado contacto con el Instituto, inclusive estuvo el administrador aquí, en el predio, y le mostramos cuál era la situación, la irregularidad que había en la zona porque había terrenos que habían sido tomados a nosotros, y de la necesidad de poder avanzar con la terminación del barrio”, expresó.

Con la obra detenida, la empresa dispuso un servicio de seguridad con tres serenos que “no ha sido suficiente” para evitar la masiva toma.

 

La ayuda social

Ayer, las asistentes sociales fueron a “ofrecerles la posibilidad de que depongan la actitud de la usurpación y que entreguen las viviendas a la empresa para que pueda terminar y luego se puedan entregar a los beneficiarios”, dijo Teruggi.

Actualmente, el Municipio brinda a las familias 3 mil pesos para ingresar a alquilar y 1.500 pesos mensuales durante tres meses. Cada uno de ellos debe conseguir un lugar para rentar. Esta solución no conforma a la mayoría porque en poco tiempo vuelven a quedar en la calle o hacinadas en el hogar de algún pariente.

“En realidad, todos los acuerdos que establece el Municipio lo que hacen es garantizar el acceso a la vivienda y el pago de los tres primeros meses de alquiler. Luego, no es real que el Municipio se desentiende de la situación sino que se evalúa cómo ha evolucionado en esos tres meses para luego establecer cuál va a ser la estrategia para reiterar la ayuda o determinar cuál es el tipo de ayuda que necesita”, manifestó.

Y explicó que “entendemos que ninguna familia puede subsistir ni mantener una vivienda sin trabajo, formal o informal, pero el jefe de familia tiene que tener la posibilidad de obtener los recursos, al menos para garantizar parte de los recursos que sean necesarios. Esta situación se va evaluando permanentemente con las trabajadoras sociales, a fin de que en algún momento la familia pueda autovalerse y sostener su propia vivienda”.

 

 

Recuperar las viviendas

Teruggi sostuvo que se están realizando gestiones ante el Instituto de la Vivienda para lograr que se reactive la construcción, pero para eso necesitan las unidades desocupadas.

“Las casas no están en condiciones de ser habitadas. En algunos casos tienen contrapiso; otras no tienen la instalación eléctrica; algunas no tienen agua. Hay distintas situaciones y grados de avance. La alternativa es que entre el Instituto de la Vivienda y la empresa resuelvan la situación económica, se retome la obra y se entregue a los beneficiarios”, precisó.

En ese sentido, destacó que “aquí se visualiza únicamente la situación de los usurpadores, pero también hay que visualizar la de los beneficiarios que están pagando un alquiler, que lo costean con su propio trabajo y que están esperando que el Estado les entregue la casa a la que han accedido por medio de un sorteo”.

Adelantó que desde el Municipio se esforzarán para no llegar a un desalojo, aunque resaltó que la empresa Málaga fue la que radicó la denuncia ante la fiscalía, porque tiene la guarda de las viviendas que construye con fondos del Estado. 

 

Dos familias sorteadas se instalarán en las casas por temor a la usurpación

Ante esta segunda toma masiva en La Movediza, dos adjudicatarias de este barrio de 52 viviendas decidieron pedir autorización para instalarse y reguardar sus inmuebles de futuras usurpaciones. Estas mujeres atravesaron la ocupación de fines de 2009 que las dejó sin su casas y hoy temen volver a perder.

Mónica Gómez, la mamá de Mariana Pérez que resultó sorteada en 2010, se acercó ayer al obrador y la empresa le entregó las llaves de la casa, que aún no está terminada y no tiene servicios.

“Mi hija está trabajando y decidí venir yo hasta que ella salga”, contó y agregó que espera su vivienda hace 5 años, ya que salió sorteada y le usurparon su casa del Plan Federal por eso el Municipio la compensó con esta nueva unidad.

La mujer cuestionó que “la Justicia no hace nada para sacarlos. Entonces se tiran la pelota unos a otros y nadie nos da una solución”, por lo que decidió evitar una nueva ocupación.

Su hija Mariana Pérez es madre de una menor de edad y es mucama en el Hospital Municipal. Hoy está con sus padres que la alojan, pero tiene muy poco espacio y necesita un lugar porque no puede afrontar un alquiler. Hoy su familia planea ayudarla para terminar de construir la casa y lograr su sueño de independencia.