Con palos y piedras, la CCC frenó el desalojo de familias de la manzana de Chapaleofú al 2100

El conflicto por la propiedad ubicada en Chapaleofú al 2100, en el barrio 25 de Mayo, escribió ayer otra página signada por la tensión y la resistencia de cuatro familias que hace décadas viven en el lugar. Ante una nueva orden de desalojo, militantes de la Corriente Clasista Combativa (CCC) organizaron una resistencia que dio resultado parcial, ya que el juez José Martín Zárate decidió postergar el desalojo compulsivo. 

Todo comenzó a las 6.45, cuando integrantes de la familia Blanco Galabert se despertaron con el torear de los perros. Al mirar por las ventanas, confirmaron el peor de sus temores. Decenas de policías de distintos escuadrones comenzaron a cerrar las calles en el perímetro del lote y se apostaron en el portón del acceso principal. 

En medio del gran operativo de seguridad, una vez más el oficial de Justicia Julio Caram notificó la situación y cinco horas después, redactó el acta sobre los hechos acaecidos en la fría mañana de verano. 

Al ver el movimiento, Natalia Galabert dio aviso a Griselda Altamirano y Jorge Lezica, líderes de la CCC, y en cuestión de minutos el parque de la casa fue ganado por unos cien militantes de la corriente. Además, vecinos que conocen a la familia hace años llegaron para dar una mano y sumarse a la resistencia. 

El juez Zárate, acompañado por el defensor de Menores e Incapaces Ezequiel Belauzarán, encararon las negociaciones para intentar convencer a las familias de que dejaran la manzana. La violencia fue in crescendo y unas cien personas amenazaron atacar a la policía con piedras y palos si se animaba a ingresar a los domicilios, donde estaban encerrados los menores. Finalmente, se optó por suspender el desalojo compulsivo. 

Antes de dar por finalizado el operativo, el magistrado y los integrantes de la familia Blanco Galabert sellaron un acuerdo de palabra, que peligró unos minutos después, con las declaraciones de los ocupantes a El Eco de Tandil. Es que les ofrecieron que el Municipio afronte el pago del alquiler durante un año de nuevas viviendas, pero las cuatro familias que quedarán sin techo reclaman un lugar definitivo. 

 

El acuerdo

 

En diálogo con El Eco de Tandil, el juez José Martín Zárate explicó que “quien adquirió este predio en una subasta pública, adquirió en condiciones de venta donde un juez de Capital Federal garantizó que esto estaba limpio, libre de ocupantes o que los ocupantes no tenían título”.

Agregó que “la persona que compró quiso ejercer ese derecho y le dijo al juez de allá que le diera el bien libre de ocupantes. Entonces, el juez de allá –por la extraña jurisdicción- exhorta a un juez local para que lleve adelante la medida”. De este modo, el magistrado tandilense debió ponerse al mando del operativo de ayer, pero encontró que las familias que están ocupando “alegan un montón de años. Saben que no tienen derecho a estar, pero en definitiva necesitan que se les dé una mano para que este tránsito de no tener derecho a tener un derecho de alquiler, sea gradual”.

El abogado explicó que en 2011, con el primer intento de desalojo, las familias se mostraron sorprendidas porque contaban con una autorización de palabra, por parte del antiguo dueño para permanecer en el lugar. Si bien iniciaron un reclamo ante la Justicia, “no prosperó, con lo cual hoy, luego de dos años, tienen más certezas, más conciencia de su no derecho”.

El juez confió que “llegamos a un acuerdo con las familias, verbal, que me alcanza y es suficiente, de conseguir cuatro lugares para alquilarles por un año, y ellos se van a ir. Pacíficamente van a desarmar todo y se van a ir”. 

 

“Lo que nos

ofrecen es

muy pobre”

 

En tanto, Natalia Galabert, integrante de las familias que viven en el predio delimitado por Nigro, Laurealeofú, Basílico y Chapaleofú, afirmó que no les notificaron la medida porque se trató de un desalojo urgente.

“La negociación no fue muy buena. Lo que nos ofrecen es muy pobre. En realidad, nos ofrecen alquileres nada más; cuatro alquileres durante un año y que se haga cargo Desarrollo Social (del Municipio) cuando no tiene nada que ver”, cuestionó.

Sostuvo que “el comprador tendría que venir y hacerse cargo de nosotros, porque cuando él compró sabía que esto estaba ocupado. Es así”.

Natalia Galabert recordó que hace 32 años, el propietario del aserradero que funcionaba en el lugar, Rafael Sirito, dejó al cuidado del predio a su suegro Raúl Esteban Blanco, tras la quiebra de la empresa. Desde entonces, su esposa y varios hijos habitan en esos lotes del barrio 25 de Mayo. 

“Intentamos todo. Inclusive, hace dos años se abrió una mesa de negociación, donde nos daban dos terrenos pero estaban ocupados. Nosotros teníamos que ir a desalojar a esas familias que vivían ahí para ocuparlos nosotros. Era más de lo mismo, por eso directamente no se aceptó esa oferta. Después, no ofrecieron más nada”, relató.

Preocupada por el futuro, Natalia Galabert manifestó que “no sé qué vamos a hacer. Por ahora lo que se habló fue de palabra”, pero “la idea es que se puedan conseguir terrenos, al menos dos para construir cuatro casas”.

En cuanto a los próximos pasos, confió que “el juez personalmente va a venir, nos va a notificar, y nosotros deberíamos dejar las casas”. 

Antes del final, confió que no está conforme con la propuesta. “Sí estoy contenta porque gracias al apoyo de toda la gente logramos que se fueran y que no se lleve a cabo el desalojo, pero no sabemos si mañana no van a volver”, expresó angustiada.