Concejales opositores denunciaron la posible malversación de fondos en Desarrollo Social

“De todo tipo de datos”

Claudio Ersinger indicó a El Eco Multimedios que la documentación presentada “es muy abultada y hay de todo tipo de datos, nombres y situaciones”, tras lo cual enfatizó que “dentro de la administración pública, hay todo un procedimiento que se debe seguir cuando se trata del manejo de fondos”.
Acotó que “cada nivel de gobierno tiene un presupuesto a través del cual se asignan partidas para cada uno de los fines. Subsidios, evidentemente va destinado a las familias en riesgo, quienes necesitan el apoyo social desde el gobierno en el nivel municipal”.
Aclaró que “la contratación de servicios o la adquisición de productos o insumos que el gobierno local demanda para su trabajo se hace con otras partidas”.
El concejal acotó que tal situación es “alguna de las que están mencionadas y serán las que deben ser investigadas para determinar si se respetó el procedimiento de pagos”.
Ersinger acotó que “vimos la documentación, pero no puedo decir si eso constituye o no prueba. La Justicia deberá determinarlo. Eran papeles originales de puño y letra, con mucha documentación y muy profusa, de mucho tiempo”.
El edil añadió que “la Justicia tendrá el trabajo de determinar si esos elementos son una prueba y -a partir de allí- el fiscal deberá ver que camino toma para llevar adelante una investigación”.
Finalmente Ersinger especuló “que por tratarse de una situación tan delicada, la Justicia –que tiene mucho trabajo- le dará una prioridad a este tema”.

Los posibles delitos

La denuncia presentada bajo al patrocinio del abogado Ariel Pellegrino hizo referencia a la posible comisión de “Malversación de caudales públicos” y pidió que “se amplíe la pesquisa a otros tipos penales protectores de la administración pública”.
Los concejales afirmaron que “los caudales destinados –conformes partida presupuestaria municipal- al otorgamiento de subsidios para personas indigentes o de bajo recursos, y que se encarga de distribuir la Secretaría de Desarrollo Social conforme estrictas pautas, han sido desviados (´aplicados´) en reiteradas oportunidades para diferentes fines, adquiriéndose y pagándose dichos servicios”.
Se acotó que dichos subsidios “fueron otorgados sin el informe socio-ambiental que se requiere para el otorgamiento de los mismos o –lo que es peor aún- firmando el profesional sin constatar la real indigencia del beneficiario que en muchos de los casos tiene una situación holgada económicamente”.
Se consideró que tal posible conducta delictual perjudica al Municipio en varios aspectos, principalmente a los sectores vulnerables, ya que se ven privados de un importante porcentaje de esa ayuda social.
Por otra parte, los funcionarios “no necesitan rendir cuentas de los caudales desviados ya que se entiende que fueron para subsidios”.
Además, los bienes adquiridos no son inventariados y “se realizan contrataciones con personas que no revisten el carácter de proveedores del municipio y los requisitos que ello conlleva”.
En otro apartado se plantea la “sospecha” de que los montos abonados “exceden la contraprestación obtenida” y la posibilidad de que la tarea “pueda ser desarrollada por la propia planta de empleados municipales”, lo que determinaría el delito de “Peculado”.*