Condenado por denunciar el extravío de un cheque para frustrar un pago

La operatoria

 

Según se describe en el fallo, a través de las testimoniales quedó en claro el vínculo que unió a los involucrados sobre la potencial venta de unos compresores –propiedad de Oroná– a la empresa Metalúrgica Tandil, en la que Rodríguez y el imputado operaran como intermediarios.
La defensa en ejercicio de su ministerio planteó que la operatoria comercial relatada por el principal testigo de cargo ha sido particular o extraña, dado que en principio los compresores no eran del imputado, por lo que no surgía porqué iba a otorgar una comisión por la venta, cuando también él, por caso, estaba en igual condición que Rodríguez, es decir como intermediario; que cualquier interesado podía ingresar a la empresa Metalúrgica Tandil y en el caso realizar un negocio, sin necesitar recomendación alguna.
Sobre los reparos defensistas, el juez indicó que en algún caso reviste cierta razonabilidad, pero consideró que “no lograron poner en crisis la característica principal del cartular que la independiza del contrato o negocio entre las partes, como la protección brindada por la figura en tratamiento, dado que se trata de un delito contra la fe pública”.
Se agregó al respecto que quien tuvo en su poder el cheque y manifestó que fuera Carletti –quien luego lo denunciara como extraviado– quien se lo había entregado, expresando el lugar y el motivo por el que se lo había dado, lo que da por tierra con los dichos del encartado.
También se acreditó -al decir del juez- que el imputado resultaba titular de la cuenta corriente del Banco Credicoop, tal las probanzas incorporadas por lectura a la causa como también sabía y conocía claramente que el cheque en cuestión había sido entregado a Rodríguez y no extraviado, ello más allá de los reclamos que pudieran existir por no haberse perfeccionado el negocio originado, lo que le llevara a frustrar intencional y  maliciosamente su pago.

 

La calificación

 

A la hora de calificar los hechos, el magistrado habló de “Frustración maliciosa de pago de cheque”, sobre lo que añadió que en el caso el bien jurídico protegido resulta ser la fe pública “…entendida como la confianza generalizada en la autenticidad y el valor de ciertos objetos, signos o documentos que suscita o impone la garantía que les dispensa el Estado, sea directamente o a través de las instituciones o los funcionarios en quienes delega al efecto. Se trata de una fe colectiva y pública, no sólo subjetivamente, por ser creencia de todos, sino también objetivamente, porque acompaña al escrito o a los signos como si se incorporara a ellos y ante la colectividad les confiere un valor universal”.
En tal sentido, descartado un hurto o una apropiación indebida por parte de Rodríguez –tal como lo reconocen el imputado y la defensa–, la existencia, condiciones y particularidades del negocio original, pierden virtualidad ante esta protección legal prevista en la norma.