Confirman procesamientos para Jaime, Schiavi y los empresarios Sergio y Mario Cirigliano

  Asimismo, el Tribunal revocó el sobreseimiento y procesó al motorman Antonio Córdoba por el delito de "estrago culposo", según el fallo al que accedió Noticias Argentinas, de 62 carillas,y en el cual se urge al juez federal Claudio Bonadío a que remita la causa a instancia de juicio oral y público.

   A los ex funcionarios, entre quienes están Pedro Ochoa (titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte  entre febrero de 2004 y diciembre de 2007) y Antonio Luna (ex  subsecretario de Transporte), la Cámara les equiparó su situación penal a la de los empresarios, y los procesó por estrago culposo y administración fraudulenta en perjuicio de la administración  pública.

   Los jueces Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun en  cambio no hicieron lugar al pedido de las querellas y la  fiscalía de endilgarles el delito de asociación ilícita.

   El tribunal también revocó el sobreseimiento de Antonio  Sícaro (ex titular de la CNRT), a quien al igual que al resto, le impuso embargos de 600 millones de pesos.

   "Lo cierto es que el progresivo deterioro de los trenes y,  con ello, el incremento de los riesgos, sólo resultó posible por  la manifiesta inactividad de los órganos encargados de velar por  el correcto y normal desarrollo del servicio, pues ha quedado  demostrado que los funcionarios han incumplido sus propios  deberes ejerciendo un control meramente formal", recalcó el  Tribunal.

   En cuanto a los ex secretarios de Transporte, los jueces  señalaron que "no caben dudas" que Jaime y Schiavi "se  encontraban en cabal conocimiento de los términos contractuales  y de las graves deficiencias que rodeaban la prestación del  servicio por parte de TBA, pese a lo cual permitieron su  continuidad sin adoptar medida alguna tendiente a modificar la  vergonzosa realidad".

   También valoraron que ellos sabían del incremento de  subsidios que se entregaban: entre marzo de 2006 a abril de 2010  el subsidio por explotación se incrementó un 146 por viento; en tanto que el monto por pasajero subió un 483,72 por ciento entre 2003 y 2009.

   "Ha quedado demostrada, de ese modo, la contribución de Jaime, Schiavi y Luna a los hechos analizados merced al desapego y total ausencia de atención a la forma en que eran mantenidos los bienes concesionados y al modo en que se prestaba el servicio y se velaba por la propia seguridad de los usuarios", remató la Cámara.

   En cuanto a Ochoa y Sícaro, los jueces evaluaron que como entonces titulares del órgano de control de transporte sólo se limitaron "a la periódica elaboración de informes, sin que ninguna concreta medida se tomara a efectos de que se corrigieran las deficiencias advertidas en relación a la operación del servicio ferroviario de la línea Sarmiento".

   A los empresarios de TBA y la firma controlante de ésta, Cometrans, la Cámara los benefició al revocar la figura de asociación ilícita por la cual habían sido procesados en primera instancia y reformular la de estrago doloso por culposo (la cual prevé una menor pena) al considerar que no actuaron con la finalidad que el tren chocara.

   La Cámara hizo referencia a los reiterados informes que elaboró la Auditoría General de la Nación dando cuenta de un pésimo estado de los trenes, y al considerar que las preocupaciones por parte del directorio de TBA "pasaban centralmente por lograr mayores reconocimientos económicos por parte del Estado".

   "De tal proceder son responsables todos aquellos que, directa o indirectamente, tuvieron capacidad funcional para modificar el escenario adverso existente, pese a lo cual, desarrollando una política empresarial desaprensiva que, lejos de tender a conservar en un umbral mínimo los riesgos propios de la operación, priorizó la atención de asuntos corporativos en desmedro de las específicas funciones asignadas, permitieron y avalaron el paulatino y constante crecimiento de los peligros", añadieron.

   Los jueces refutaron la versión de los hermanos Sergio Claudio y Mario Cirigliano, titular y apoderado de la firma controlante Cometrans, respectivamente, quienes aducían que las decisiones las tomaba el directorio de TBA y no ellos como empresa societaria.

   Para la Cámara la relación entre ambas firmas "iba más allá de la simple participación accidental que intentan sugerir las defensas", y que los Cirigliano "han interactuado siguiendo un mismo designio criminal, siendo el rédito económico el único objetivo".