Consenso y contradicción

En este 2010, el comienzo del nuevo año carga con una trascendencia especial. Los doscientos años que se cumplen de los acontecimientos de 1810 obligan a repensar nuestra realidad más allá de los preparativos para los festejos de mayo próximo. La llegada del bicentenario de la patria induce a averiguar sobre la naturaleza íntima de lo que lleva a la Argentina a celebrar.
En primer lugar, ¿qué se festejará en este 2010? ¿Los acontecimientos de Mayo de 1810, en particular? ¿O el itinerario de doscientos años que se han sucedido hasta nuestros días? El contenido de una celebración ?nacional? no puede aislarse como un hecho más en la cadena histórica de los argentinos.
Por el contrario, para la comprensión del presente y la proyección de futuro, el bicentenario exige volvernos conscientes de aquel eslabón que asume una importancia principal para toda la sucesión histórica que le continuó.
Por ello, si se pretende que esta celebración edifique a la memoria y con ella a la identidad colectiva, no puede dudarse que es necesario evocar ese ?hecho matriz? sin desligarlo de los doscientos años de existencia que nos abrigan hasta el presente.
Con la destitución del virrey Cisneros y la formación del primer Gobierno patrio, Mayo de 1810 constituye el primer paso formal de liberación nacional previo a la cúspide que significaría la declaración de la Independencia en 1816.
Sin embargo, un relato liviano de nuestra historia nacional recurre con frecuencia a sucesivas antinomias para dar razón de los hechos y explicar el presente. Esa dialéctica, en la que el conflicto es el denominador común, ensaya desmoralizarnos mientras acusa a los argentinos por no resolver ni sintetizar sus confrontaciones del pasado, sino reelaborándolas en otras nuevas.
Es ya antiguo el falso mito que se pretendió propagar afirmando que después de 1810, las disyunciones internas en el ejercicio de nuestra soberanía, complicarían siempre el camino hacia toda prosperidad. Mientras se ha denunciado la impotencia de los argentinos para liberarse de las cadenas de la lucha interna, se ha originado una larga lista de antinomias por la organización y distribución del poder en el país.
?Colonialistas e independentistas, monárquicos y republicanos, unitarios y federales, liberales y conservadores, radicales y peronistas, o militaristas y demócratas?, son algunos de los tantos pares de contrarios a los que se recurre para explicar una realidad nacional polarizada y reducida.
Quienes recurren a aquella explicación antinómica, sí responden a una constante. El parámetro común a todas las contiendas que se detallan es el conflicto por el poder, su organización y distribución: si  moraría en el Río de la Plata o respondería a España; si lo haría valer un rey o se realizaría en el pueblo; si emanaría la Capital o provendría de los estados provinciales; si sería protagonizado por la aristocracia o por las clases medias urbanas; por el movimiento obrero o por los sectores del capital; si se organizaría en torno a los militares, el establishment económico y las nuevas corporaciones, o según los cánones ecuánimes del régimen democrático.
Vale reconocer que ese relato de la historia basado en una explicación dialéctica poco sofisticada del conflicto interno, no da cuenta de cómo, en momentos puntuales, aparecieron sobre la faz distintos modelos de país que se propusieron mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La segunda nota común a esta forma de explicar momentos históricos descansa en dejar de lado una variable fundamental: el consenso popular. Quienes profesan esta forma de relatar nuestra historia vician la verdad obviando intencionalmente los grados de adhesión que lograron los padres de la Constitución, o los dirigentes del Radicalismo y el Justicialismo, en sus momentos de irrupción.
En el transcurso de doscientos años, la historia sólo reconoce tres ?modelos de país? que fueran integrales, con adhesión y que rematan el espectro político: a) el orden que siguió a la organización nacional y floreció en la Generación del ?80; b) la emergencia del radicalismo cuando amanecía el siglo XX y llegando al Gobierno con Hipólito Yrigoyen en 1916; c) y la revolución justicialista, liderada por Perón seis décadas atrás.
En la Argentina que nos legaron no todo ha sido conflicto. Pese a los muchos intentos, sucesivas experiencias políticas aún no han logrado superar los grados de consenso que consiguió aquella tríada de ?casos iniciales?.
Pero paradójicamente, los dirigentes políticos que hoy insisten con la necesidad de un ?consenso argentino?, al estilo del Pacto de la Moncloa que los españoles rubricaron medio siglo atrás son los mismos que reducen el relato de nuestra historia a un constante enfrentamiento dialéctico. Cabría preguntarles cómo harían posible ese consenso en una sociedad a la que ellos mismos siempre describieron como conflictiva.*

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