Crece la pelea Gobierno-Corte con denuncias y acusaciones

Lorenzetti dejó trascender que podría denunciar penalmente al jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, por extorsión y amenazas por el inicio de una supuesta investigación impositiva contra él, sus dos hijos profesionales y el secretario general de la administración de la Corte, Héctor Marchi.

El titular de la Corte reveló el caso ante sus pares del máximo tribunal, en la habitual reunión de los martes, pero también dejó que trascendiera a la prensa.   

Les aseguró que la investigación se desarrolla desde Buenos Aires pero se centra en Santa Fe, de donde es oriundo, más precisamente de Rafaela y alcanza el secretario general de administración de la Corte, el contador Héctor Marchi, quien también es originario de esa ciudad.

Este miércoles la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señaló de manera extraoficial que "no se encuentra realizando ninguna acción de investigación o verificación impositiva sobre (Ricardo) Lorenzetti ni sus hijos".

A propósito, el senador oficialista Aníbal Fernández acusó a Lorenzetti de "victimizarse" con la denuncia y remarcó: "Si la AFIP dice que no hay investigación, es porque no la hay; no puede esconderse un expedientes".

"Esta es una Corte opositora, no es una corte independiente", enfatizó Fernández y reiteró sus objeciones al fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la elección popular de consejeros de la Magistratura.

En declaraciones a radio La Red, Aníbal Fernández aseguró que "no hay términos grises, acá es blanco o negro; el voto popular no es inconstitucional".

El cruce se da en un contexto de extrema tensión del Gobierno con la Corte, sobre todo después de que ese fallo que frenó uno de los ejes de la reforma judicial, definida por el oficialismo como "democratización de la Justicia".

Hace unos días, otro integrante de la Corte, Juan Carlos Maqueda denunció haber sido amenazado por un militante de la agrupación oficialista La Cámpora, tras lo cual el Gobierno pidió que se inicie una investigación.

Las causas delicadas que trata el tribunal no se agotaron con la reforma de la Justicia y no hay discurso en el que la Presidenta deje de recriminar esos fallos.

El tribunal comenzó a tratar también el reciente dictamen de la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, sobre la toma del control por parte del Estado del predio ferial de La Rural.

Gils Carbó opinó que la Cámara Civil y Comercial dejó al Estado en situación de "indefensión" al suspender aquella decisión de Cristina Kirchner.

Y además, la Corte debe fallar sobre otra de las grandes pulseadas que entabló la Presidenta: la Ley de Medios, cuyos dos artículos clave, están siendo objetados por el Grupo Clarín por presunta inconstitucionalidad.