Darían hoy la media sanción restante a la ley que frenará la minería en la Poligonal
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires finalmente aprobaría hoy la Ley de Paisaje Protegido, legislación que una vez reglamentada estipula dos años de plazo para que las empresas radicadas dentro de la Poligonal se reconviertan a otra actividad, se trasladen o directamente cierren sus puertas.
Si bien la norma no alcanzaría unanimidad en el recinto y podría tener sobre todo abstenciones, se espera amplia mayoría en el acompañamiento hacia una norma elaborada y presentada por Néstor Auza cuando el hoy concejal se desempeñaba como senador provincial.
El recorrido parlamentario previo a la primera sanción en Senadores contempló una serie de negociaciones que incluyeron a los ejecutivos provincial y municipal, con Daniel Scioli y Miguel Lunghi apuntalando, pero también consultas al gremio de la Asociación Obrera Minera Argentina que logró garantías laborales una vez que se aplique la normativa.
Luego de que el propio Scioli pidiera durante la apertura de sesiones ordinarias el rápido tratamiento de la ley, varias bancadas habían condicionado su debate a un dictamen previo de comisiones, como requisito ineludible.
Esa cuestión quedó saldada a mediados de la semana pasada cuando un plenario de comisiones parlamentarias emitió un rápido dictamen favorable a la iniciativa, sin modificar el texto ya aprobado por los senadores a finales del período 2009.
Durante la Asamblea Legislativa, Scioli le había pedido a los legisladores, entre otras leyes, la aprobación de esta norma para ?limitar las detonaciones que perjudican tanto a los vecinos de la ciudad como a su magnífico entorno natural?. Ahora y tras ese rápido acuerdo que hubo en diputados, Scioli expresó su ?satisfacción? por el visto bueno que obtuvo la iniciativa.
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Antes de que se generara ese consenso, Lunghi había denunciado la presunta existencia de ?presiones empresarias? para frenar el proyecto.
Las declaraciones de Lunghi entonces fueron respaldadas por el titular del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Jano, quien reconoció que su bancada pidió el tratamiento sobre tablas y que ese paso no pudo darse ?porque el oficialismo tiene un tercio para impedir ese tratamiento?.
Lo cierto es que ese panorama sombrío para los tandilenses se revirtió en pocos días y dos legisladores se reunieron el sábado pasado con concejales del PJ-FPV y con integrantes de la Asamblea Ciudadana para la Preservación de las Sierras, con el objetivo de ratificar el ánimo mayoritario de que la ley se apruebe hoy mismo.
?En Semana Santa el gobernador Scioli vendrá a Tandil para anunciar esta ley, que da respuesta a un reclamo que viene desde hace mucho en materia de preservar el medioambiente. Las cuestiones económicas no pueden estar por encima de los recursos medioambientales?, anticipó Eduardo Gatica, presidente de la Comisión de Minería en la Cámara baja.
El legislador recordó además que una vez sancionada necesitarán el ?acompañamiento de la población? para una reglamentación compleja en donde participarán representantes de una comisión bicameral, además de funcionarios de los gobiernos provincial y local.
Olavarría lo observa con
atención y preocupación
Pero mientras en Tandil el clima es ampliamente favorable a la erradicación de la minería dentro de la Poligonal, en los predios más cercanos a la ciudad, en la vecina localidad de Olavarría existe preocupación por las consecuencias que podría generar esa ley en otros distritos, cuestión que niegan quienes la auspician, pero sobre la que advierten sus detractores.
Mario Cura, diputado y oriundo del distrito minero de Olavarría, resumió la semana pasada porqué lo que en nuestra ciudad es celebrado es visto desde su comunidad con cautela.
?Tienen una gran preocupación los productores de Olavarría porque entienden que éste puede ser el primer paso de una segunda intención? señaló el legislador, anticipando que no acompañará el proyecto elaborado por Auza.
Cura fue un poco más lejos con las advertencias y pidió prudencia por ?las indemnizaciones que les corresponderían a los dueños de las canteras, porque les dan solamente un año para reconvertirse. Esto va a generar planteos judiciales de indemnizaciones por expropiaciones, denominados expropiaciones inversas, que no están cuantificados, de 100 ó 200 millones de dólares, de los cuales se va a tener que hacer cargo la Provincia?, según su opinión. Y también anticipó que, a su modo de ver, ?esta ley no se va a poder ni aplicar por las contradicciones que tiene. Y si se llegara a aplicar, el costo económico que va a generar en la Provincia por las expropiaciones inversas es inmenso?.
Críticas desde la Nación
Siempre en contraposición al clima tandilense, ahora Olavarría se encamina a convertirse en el principal centro de inversiones en materia de minería a cielo abierto, cuestión que es respaldada desde el gobierno de José Eseverri.
El actual director de Minería de la Provincia, Sebastián Pené, fue funcionario del eseverrismo hasta el año pasado, los dirigentes de la Cámara de la Piedra tienen contactos fluidos con ese palacio y el año pasado lanzaron una novedosa tecnicatura superior para operarios del sector.
El fin de semana pasado se anunció un acuerdo con la Universidad Politécnica de Madrid (España) y hasta el director de Minería de la Nación, Miguel Guerrero, se quejó por la embestida.
?Sabemos lo que está pasando no muy lejos de acá, donde en Tandil a través de un ?ambientalismo exacerbado? están queriendo prohibir las actividades mineras en forma total. La Argentina es muy grande, tiene muchos tipos de minería, pero a Olavarría le toca la minería que realmente conoce el país, que es la vinculada a la construcción, por eso esta ciudad tiene mucho que decir y aportar?.*
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