Defensor oficial valoró la instalación de una alcaidía pero objetó la cantidad de plazas que se proyectan

Con algunos reparos, el defensor oficial Diego Araujo analizó el anuncio del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires respecto de una ambiciosa modificación del Servicio Penitenciario Bonaerense que tendrá por objetivo optimizar las cárceles, los presos y las guardias.

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En el marco del plan estratégico a desarrollar durante la próxima década se señala a Tandil, entre otras localidades, como uno de los distritos a construir a mediano plazo (hacia 2017) una alcaidía de 144 plazas en promedio en respuesta a las condiciones de infraestructura del sistema.

El abogado, a cargo de una de las dos defensorías oficiales de la ciudad, calificó como una “buena la posibilidad” contar con este espacio que aloje a detenidos a los que aún no se les dictó la prisión preventiva de Tandil y la zona.

En su análisis, y mientras aguarda por otras certezas en torno a la iniciativa, advirtió en que la capacidad resulta elevada para la ciudad pero calificó que “resulta sumamente positivo” en la medida en que cumpla “estrictamente” la funcionalidad con la que fue creada.

El planteo

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Desde la perspectiva del defensor oficial, que ya había reclamado por la necesidad de instalar una estructura de estas características, la proyección de una alcaidía resulta algo positivo.

Y en esa línea ratificó el planteo realizado en varias oportunidades tendiente a darle una solución a la problemática que implica que los detenidos que no tienen prisión preventiva deban permanecer alojados en General Alvear o en la unidad de Sierra Chica.

“A todas las personas que están sin prisión preventiva, en una fase del procesamiento que lleva menos de 35 días detenido, se las alojaba en alcaidías”, que, para el caso del Departamento Judicial de Azul, se trata de pabellones adecuados para tal propósito.

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En efecto los inconvenientes que genera esta carencia responden no solo a la “modalidad de encerramiento”, ya que se trata de edificios readecuados, sino también a la distancia.

A propósito del último aspecto explicó que resulta necesario tener al imputado cerca no solo para la defensa sino también para los fiscales, “cuando necesitan en los primeros momentos de la investigación contar con el imputado para hacer algún tipo de diligencia como ampliar su declaración o hacer un reconcomiendo en rueda de personas o de elementos secuestrados” y también para cualquier trámite que deba ordenar el juez de Garantías.

Así fue que los defensores oficiales del sistema judicial expusieron que frente a esta problemática era conveniente que los detenidos tuvieran un lugar en la unidad penitenciaria de Barker.

Entre las razones de la propuesta destacó su cercanía a Tandil y también la infraestructura montada del Servicio Penitenciario, con lo cual solo debía adecuarse un pabellón para que cumpliera el objetivo.

El proyecto
para Tandil

En este contexto actual, que se generó a partir del anuncio del Gobierno bonaerense, Araujo reclamó mayores precisiones para definir, entre otros aspectos, los eventuales lugares de radicación -si es en la ciudad o en otro punto del partido- y efectuar las consultas correspondientes con los organismos políticos de la cuidad.

A modo de análisis el abogado advirtió que una alcaidía es un lugar con menor cantidad de plazas a las que se proyectan, circunstancia que pone en alerta la eventual transformación en una unidad penitenciaria.

Citó ejemplos en la provincia de Buenos Aires donde se registraron casos de este tipo al detallar que “hay alcaidías que por la dinámica propia del sistema que se han visto saturadas y rápidamente pasaron a la modalidad de una unidad penitenciaria y eso realmente hay que evitarlo”.

En esa línea consideró que el promedio planteado de 144 plazas es, a su criterio, “elevado para la ciudad de Tandil y los internos de la zona”.

“Estamos hablando de las alcaidías que están funcionando para personas detenidas sin prisión preventiva, con lo cual su situación procesal debe resolverse en 30, 35 días”, describió.

Medidas alternativas

Para finalizar Araujo se introdujo en un debate al plantear que “sería interesante también concientizar a nuestros magistrados en la Provincia de Buenos Aires en la aplicación de medidas alternativas a la prisión porque, si no cambia en muchas ocasiones el modo de abordaje que se tiene a una persona a la cual se la priva de la libertad, no va a haber estructura carcelaria que aguante”. Y así “todo el tiempo vamos a estar con la necesidad de crear nuevas cárceles”.

Así expuso que cuando una persona aún no recibió condena mantiene el principio de inocencia “en toda su plenitud”. Sin embargo la justificación para mantenerla privada de su libertad se basa en la existencia de riesgos procesales: el peligro de fuga o la posibilidad del entorpecimiento de la marcha del proceso.

En su explicación indicó “si lo que realmente se quiere es que la persona que está sometida a proceso no se fugue, podría aplicar arrestos domiciliarios o que haga presentaciones semanales en la unidad carcelaria, la aplicación de condicionamientos con medidas de control con pulseras magnéticas”.

Si bien admitió que representa un problema complejo que requiere también “cierta concientización de gran parte de la sociedad”, instó a dar un “debate franco”.

“Lo ideal es que los cambios sean integrales, es decir, que los jueces tengan la posibilidad de instrumentar medidas alternativas, que haya lugares de alojamiento que sean absolutamente adecuados y que también acompañen desde el punto de vista legislativo”, cerró.