Denuncia de espionaje a presidente de corte suprema de Brasil sacude poderes

Lula ordenó además a la Policía Federal (PF) investigar el caso que sacude a los tres poderes del estado para descubrir quiénes fueron los responsables de las escuchas telefónicas de Mendes, así como de altos representantes del Congreso y hasta del ministro de gobierno, informó la presidencia a la AFP. En nota, la presidencia comunicó posteriormente que resolvió “refrendar el pedido del ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Jorge Armando Felix, al ministro de Justicia, Tarso Genro, de la apertura de una investigación de la Polícia Federal sobre los hechos”.
“Para asegurar la transparencia de la investigación, (decidió) separar temporalmente (de sus cargos) a la dirección de la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) hasta el final de las investigaciones”, continuó la nota. La denuncia de espionaje fue detonada el fin de semana por la revista Veja, que atribuyó las escuchas a la Abin y aseguró que su fuente fue un funcionario de lo servicios de inteligencia, que mantuvo el anonimato. Como supuesta prueba, la revista publicó una conversación telefónica entre Mendes y el senador conservador Demóstenes Torres, confirmada por ambos. Mendes reaccionó duramente denunciando “un descontrol del aparato estatal”.
Lula adoptó su decisión después de una larga jornada dedicada al tema, con reuniones, entre otros, con el presidente del STF, con sus ministros Nelson Jobim (Defensa), Tarso Genro (Justicia), y con el ministro-jefe del Gabinete de Seguridad Institucional, general Jorge Armando Felix. El primer mandatario le expresó a Mendes su “preocupación e indignación ante la posibilidad de que haya existido una escucha ilegal” en sus teléfonos, informó el portavoz presidencial, Marcelo Baumbach.
El titular del Senado, Garibaldi Alves, aseguró que la práctica denunciada “atenta contra el estado de derecho”, según la oficial Agencia Senado. Antes de la decisión de Lula, la Abin había abierto una investigación, mientras una comisión especial del Parlamento convocó al general Félix para que este martes explique las denuncias.
“La denuncia es grave porque se trata del presidente de uno de los poderes del Estado y porque habla de escuchas en los tres poderes. Exigiría medidas drásticas” como la renuncia de Genro, y del jefe de Abin, Paulo Lacerda, dijo a AFP el consultor del centro de estudios Santafe Ideias, Carlos Lopes. “Planalto (el palacio presidencial) perdió el control del aparato de seguridad”, afirmó en la radio CBN la comentarista política Lucia Hipólito.
Hipólito planteó varias hipótesis sobre el origen de las escuchas: “¿Se trata de una disputa interna entre la PF y los espías de la Abin? ¿Es una disputa de poder dentro del Partido de los Trabajadores (PT de Lula) involucrando al ex diputado (ex ministro y ex titular del PT) José Dirceu, y el ministro de Justicia?”. La denuncia de escuchas ilegales en las altas esferas del poder surgió hace un mes, tras una sucesión de investigaciones policiales, cuestionamientos mutuos entre la Abin y la PF, y después de que la prensa indicara que hasta el teléfono del principal secretario del presidente Lula estaba pinchado.
“Estoy convencido de que mi teléfono es una radio comunitaria”, ironizó en la época el ministro de Relaciones Institucionales, José Mucio. “Brasil no puede convertirse en un inmenso Big Brother (Gran Hermano) en el que la privacidad está prohibida”, se escandalizó el presidente del gremio de abogados, Cezar Britto. Las escuchas han sido claves en las más destacadas investigaciones policiales y escándalos políticos de los últimos años en Brasil.

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