Denuncian la existencia de decretos ?mellizos? para la aplicación de los nuevos derechos de construcción

 

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A través de la denuncia ante las irregularidades manifiestas, que llegó al presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolik, y con una copia al intendente Miguel Lunghi, la entidad interpuso la medida de no innovar respecto al artículo 59 de la ordenanza 13.207 referidos a los costos que los contribuyentes deben afrontar en caso de iniciar un proyecto de obra en la ciudad, muchos de los cuales aumentaron considerablemente.

Más allá del tecnicismo, y mientras aguardan por una respuesta, los delegados Mariano Marcel y Mauricio Martino pretenden que el Gobierno local amplíe la consulta hacia otros sectores. “Nos interesaría que seamos escuchados, que podamos participar como representantes del Colegio de Técnicos”, destacaron.

En una entrevista con El Eco de Tandil plantearon su preocupación por la irregularidad administrativa advertida (que contempla aspectos técnicos muy puntuales) y ampliaron su postura al solicitar que se mantengan los gravámenes en los casos correspondientes.

 

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Aplicación sin previo aviso

En primer lugar, el maestro mayor de obras Mariano Marcel repasó los acontecimientos que derivaron en la presentación que contó con el aval del Colegio de Técnicos a nivel provincial.

A raíz de los cambios efectuados en la ordenanza impositiva para el ejercicio 2013, que incluso despertó cuestionamientos por el incremento en las tasas que rondó un 35 por ciento en promedio, los profesionales nucleados en la delegación comenzaron a indagar respecto de las nuevas disposiciones. “Nos tomó a todos de sorpresa a fines de enero”, confió.

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Este año el Ejecutivo implementó un nuevo valor para los derechos de construcción contemplados en el artículo 59 de la ordenanza 13.207 estipulados por valores referenciales de tabla. Es decir, respecto del tipo de obra a desarrollar, se aplicará un determinado costo.

Lo cierto es que, en base a algunos casos concretos, pudieron determinar que los nuevos gravámenes de los derechos de construcción comenzaron a aplicarse el 21 de enero “sin haberle avisado a nadie”. Ante este escenario, se concretó una reunión entre los integrantes de la institución y se decidió avanzar para conocer más la situación.

En una primera instancia, Mariano Marcel se acercó a la sede de Gobierno para hacerse de una copia del decreto de promulgación (el 127/2013) y el del texto ordenado de la ordenanza (el 199/2013). El texto de la normativa, en tanto, lo consiguieron a través de internet.

“Consultamos a fines de enero el Boletín Oficial y lo último que había publicado era de fines de noviembre”, cuestionó Mariano Marcel sobre el inconveniente que se presentó en ese momento.

A través del artículo 1 del decreto 199 se aprueba el texto ordenado de la normativa y establece que “los valores de los gravámenes municipales que se liquidan al momento de producirse el servicio, el permiso, uso o el ingreso del trámite, comenzarán a aplicarse a partir del 21 de enero de 2013”.

El mismo texto, en su artículo 2, indica: “Fíjese el 22 de mayo de 2013 la fecha en que entrará en vigencia la aplicación de las alícuotas previstas para la determinación de los derechos de construcción, establecidas en el artículo 59 de la ordenanza impositiva vigente”.

Cabe indicar que el artículo 3 de la ordenanza indica: “La aplicación de las nuevas alícuotas del derecho de construcción establecidas en el artículo 59 de la ordenanza impositiva, para las carpetas de construcción ingresadas a la administración municipal que posean número de expediente con fecha anterior a la de entrada en vigencia de la presente ordenanza, comenzará a regir a partir de los 120 días corridos de dicha fecha”.

 

Decretos

En búsqueda de respuestas que permitan esclarecer los plazos de aplicación, recordó que “pedimos una copia certificada (del decreto) y nos fuimos a Obras Privadas, donde dijimos que no pueden liquidar los nuevos valores porque tenemos hasta el 22 de mayo”.

Dado que no lo podían establecer con seguridad, “nos derivaron a la directora de Desarrollo Urbano, Marina Santos. Fui a preguntarle qué estaba pasando y no me supo contestar. Lo único que me dijo fue que si quería una respuesta formal debía hacer una presentación formal”, indicó Mariano Marcel sobre los pasos dados en un intento por conocer las razones de la anticipación en el cobro de las nuevas tasas.

En ese camino la delegación solicitó una audiencia junto a profesionales nucleados en los colegios de arquitectos e ingenieros, que se concretó el 10 de marzo con el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Mario Civalleri, y su par de Economía, Gastón Morando.

El motivo fue puntual: aclarar la fecha de aplicación del artículo 59 de la ordenanza impositiva.

 

Con las autoridades

En la reunión con las autoridades comunales, ratificaron que la fecha para la aplicación era el 21 de enero, ante lo cual el delegado del Colegio de Técnicos dijo: “El decreto 199 dice otra cosa, y entonces Morando sacó otra hoja”.

De inmediato “intercambiamos decretos y observo que era el mismo escrito que teníamos nosotros, pero que tenía una modificación. Hasta ese momento era una hoja sin firmas, sellados ni nada”, especificó.

“A partir de una solicitud de una audiencia resulta la modificación de este decreto. No nos dieron otra respuesta más que decirnos que era todo legal”, cuestionó.

 

Decretos “mellizos”

A la semana siguiente de aquel episodio, los delegados volvieron a solicitar en Mesa de entradas “un decreto modificatorio o anulatorio del 199”, y ante el pedido les volvieron a entregar otra copia. “Y veo que era la misma que me había mostrado Morando, con un agregado que dice ‘de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3 de la ordenanza 13.207’”.

Según el planteo se encontraron con un decreto 199 y un 199 “bis”, que reunirían los requisitos del acto administrativo. “Vamos con una preocupación, planteamos el problema y en vez de darnos una respuesta hacen una modificación”, dijo.

 

“No se respetó”

-¿No se respetó el 22 de mayo para la aplicación de los nuevos gravámenes?

-No, no se respeta. A partir del 21 de enero toda carpeta que ingresó la liquidan con la nueva ordenanza impositiva. Pero hay gente que empezó en noviembre o diciembre, muchos planes Pro.Cre.Ar, que consideraban una plata para los derechos de construcción y ahora tienen que considerar otra.

-¿Cuál es el pedido del Colegio de Técnicos?

-Primero pedimos participación. El Municipio tiene todo el derecho de hacer todas las modificaciones que quiera a la ordenanza fiscal e impositiva. Pero creemos que si es un Gobierno democrático, participativo, debe tener en cuenta a las instituciones que se avocan a los puntos.

Nosotros, a partir de la irregularidad, nos asesoramos legalmente y seguimos los pasos administrativos. Y pedimos la medida de no innovar con respecto a esta duplicación de decretos, que se respete el primero en cuanto a la fecha de aplicación. Si se hace una modificación sustanciosa de una ordenanza donde se cambian arbitrariamente los valores, que se otorgue un plazo de adecuación para aquellos que están en trámite. u

 

Sin consultas

“El problema de fondo es que el Municipio se maneja de una forma que no consulta y toma decisiones. Este es un caso extremo donde se pone de manifiesto una forma de actuar”, planteó el delegado Mauricio Martino, quien consideró que esta situación “merece una reflexión del Gobierno”.

“Pedimos que las cosas se manejen de otra forma, que haya consulta”, ratificó.

Por último aseveró: “Esperamos que se vea el fondo del problema, que acá no hubo debate de las cuestiones que nos afectan. No nos consultan y somos los que tenemos que hacer frente a estas cuestiones con los contribuyentes”.