Descartada la coartada del cajero, fue elevada a juicio la causa por el defalco al Banco Provincia

Cabe consignar que si bien la requisitoria está sujeta a un posible juicio abreviado, a priori la figura penal alude a una condena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua para ejercer empleos públicos.

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Como oportunamente se vino informando sobre el resonante caso ventilado en el 2011, la instrucción penal a cargo del fiscal Damián Borean había concluido en la acusación contra el empleado bancario, imputado de quedarse con dineros del Provincia.

En ese tren, además la Justicia había resuelto embargarle dos propiedades por el valor del defalco detectado por el informe pericial.

La denuncia se inició a partir de la propia exposición del Banco que, a priori, advirtió una cuantiosa cantidad de dinero faltante de sus arcas a partir de los dichos de presunto autor, José María Rife, quien se jubiló pero seguía cumpliendo funciones.

En efecto, el informe del perito contable del cuerpo de instructores judiciales analizó los alcances del presunto defalco en el Banco Provincia, tomándose como período desde 2005 a marzo de 2011 –tiempo en que efectivamente se jubiló-, cuando se presentó la denuncia. De la auditoría se estableció un faltante de más de 300 mil pesos.

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El Banco Provincia, constituido como particular damnificado había solicitado medidas cautelares, pedido al que se adhirió el fiscal, requiriendo la traba de embargo sobre bienes del imputado o, en su defecto, la inhibición general de bienes, para asegurar que haga frente al pago de las costas provocadas, como también a la sanción pecuniaria que podrá efectuársele a consecuencia del hecho ilícito.

 

Medida

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Respecto a la medida solicitada y a fin de evaluar la existencia de algún peligro cierto de frustración del proceso, el juez advirtió que el encausado en el mes de enero de 2011 -inmediatamente antes de develarse el hecho que diera origen a la causa- vendió una propiedad ubicada en la localidad de Ostende-Pinamar.

Así también, con fecha del 10 de febrero de 2012, es decir a posteriori de cometerse el ilícito y ya formulada su denuncia, afectó al régimen de Bien de Familia la propiedad  donde reside.

En virtud de los informes que consignaron los movimientos patrimoniales efectuados por el imputado, y considerando que en la actualidad el inmueble citado no es la única propiedad que posee, permitieron presumir al magistrado la posibilidad que a través de diversas operaciones pudiera frustrar los derechos indemnizatorios del damnificado, razón por la cual correspondió hacer lugar a la medida cautelar solicitada.

A la hora de calcular la cifra, con criterio de proporcionalidad en relación al objeto de tutela y atendiendo a la suma estimada por el fiscal (466.134 pesos), correspondió circunscribir la medida de embargo respecto a los inmuebles que citó el fiscal, tratándose de dos viviendas ubicadas una en calle Pozos y otra en la zona de Don Bosco, detrás de la Posada de los Pájaros.

 

 

El expediente

 

El caso ventilado primeramente dejó al descubierto no sólo la maniobra del imputado sino también la vulnerabilidad que la entidad tenía a la hora de sus controles internos.

De los cuatro cuerpos que cuenta el expediente judicial, más la documentación  remitida por el propio Banco, se subraya como un singular déficit de contralor que la propia casa crediticia no pudo localizar los tickets o comprobantes emitidos por los cajeros automáticos de las localidades rurales detectadas (Vela, Gardey y Napaleofú).

Por otra parte, se dictaminó que las notificaciones o advertencias por falta de dinero o fallas técnicas que eran denunciadas de dichos cajeros no fueron guardadas o archivadas para una eventual constatación de los movimientos.

El perito también subrayó que no se localizaron constancias de auditorías y/o controles mediante arqueos en el período comprendido entre enero de 2010 a marzo de 2011.

El informe perital precisó que en dicho período se detectó un faltante de 331.950 pesos hasta el 22 de marzo de 2011. Para más detalles, en el cajero de Napaleofú 70.900, Gardey 102.940 y Vela 158.110 pesos.

El informe perital redunda en que se observó un importante stock diario de dinero ocioso en el saldo total de los tres cajeros. Dinero, claro está, que estaba a disposición del agente bancario sospechado.

Con dichos montos -dice el perito- se podía “disimular” un faltante sin que los mismos dineros queden fuera de servicio.

Otra de las observaciones advierte que las “dispensas” (la plata que se retiraba de los cajeros) de dinero registrado en algunas ocasiones son por importes “redondos” y coincide con los montos de dinero cargados en el cajero el mismo día.

No se dejó de mencionar la “curiosidad” que el agente implicado nunca se tomó licencia. Apenas algunos días se registran como días de licencia y nadie lo reemplazaba, nadie cubría su tarea.

Allí radica buena parte de la sorpresa de los instructores, cómo en más de dos décadas un mismo agente cumplía siempre dicha función sin contralor alguno, y nadie advertía sobre el incumplimiento de determinadas normas establecidas por el Banco Central frente a lo que se investigó.

 

El accionar

 

También en el expediente consta el informe técnico tras la revisión de las gavetas de los cajeros sindicados, observándose que en todas ellas se hallaba presente un suplemento de madero (taco) colocado para eliminar el mecanismo de aviso a la red por bajo suministro de billetes, pasando así a un estado de aviso de falla de alimentación de dinero.

Así, entonces, al ser colocado el taco de madera el dispensador del cajero reportaba una falla técnica y no un alerta por baja cantidad de billetes.

Se habla lisa y llanamente de un “trabajo de hormiga” que se hizo ante los ojos de todos, o, lo que es más escandaloso, de nadie.

En verdad y en tren de responsabilidades más allá del principal sindicado, quedó demostrado que el agente bancario se movilizaba en soledad a pesar de lo que establecía el protocolo de seguridad bancaria.

 

El hecho

 

Vale reseñar que la denuncia se inició a partir de la propia exposición del Banco que, a priori, advirtió una cuantiosa cantidad de dinero faltante de sus arcas a partir de los dichos del presunto autor, quien se jubiló pero seguía cumpliendo funciones (trascendidos aluden que tendría intenciones de seguir a pesar de lo denunciado manteniendo contactos con funcionarios políticos).

El empleado en cuestión era el responsable de cargar los cajeros de las sucursales emplazadas en María Ignacia (Vela), Gardey y Napaleofú. El protocolo marca que dicha operatoria la debía realizar con otras dos personas, entre ellas un agente policial. Empero, en tren de confianza tras tantos años de trabajo, las últimas operatorias (en verdad no se puede aún acreditar desde cuándo lo hacía) las realizó solo, sin cumplir con aquellos requisitos administrativos.

Así fue que sin mayores controles, el hombre sindicado operaba a su antojo, incluso él mismo era el encargado de realizar los respectivos arqueos del dinero, que supuestamente depositaba en los cajeros. 

 

La coartada desestimada

Cabe consignar que en la causa Rife prestó declaración, aduciendo que los faltantes de dinero en los cajeros se debió a un asalto que había sufrido (una misma jornada) y que prefirió en su momento no denunciar para no develar las debilidades que el sistema ofrecía.

A criterio del fiscal, su versión no resultó creíble, ya que fue desvirtuada de manera contundente por los informes del sumario administrativo que obra en el expediente judicial.

A diferencia de lo expuesto por el acusado, las constancias acreditaron que no se detectaron en el sistema de seguridad de los tres cajeros (desde junio de 2010 a febrero de 2011) aperturas consecutivas de éstos en un mismo día. Incluso, los accesos a los tres cajeros automáticos en una misma jornada tampoco fueron sucesivos ni en el mismo orden y horarios en los que, según el relato del imputado, ocurrió el robo de su dinero no denunciado oportunamente.

El fiscal arribó a dicha conclusión luego de cotejar los horarios de apertura y cierre de los cajeros de Napaleofú y Vela (el 7 de junio de 2010) y los de Napeleofú y Gardey (el 24 de junio de 2010) con la distancia y el tiempo insumidos para cubrir en automóvil a velocidad promedio los tramos de las localidades citadas.

Concretamente el fiscal entendió que se estableció que Rife inició la sesión y operó el sistema informático en la sucursal bancaria Tandil durante el tiempo que le tomó ir del cajero de Napeleofú al de Vela y desde el cajero de Napaleofú al de Gardey. En definitiva –dice el funcionario judicial- Rife estuvo presente durante este lapso de tiempo de esas dos jornadas en su sitio de trabajo en la ciudad, sobre todo si se piensa que antes debió transitar desde Napaleofú a Tandil sólo 49 kilómetros en alrededor de 37 minutos a velocidad promedio.

Según el criterio de la acusación, Rufe esperó con paciencia la oportunidad para revelar la falta de dinero que sustrajera cuando ya no tuviera más remedio que hacerlo. Así, se aseguró que, pese al descubrimiento de la maniobra la imposición sobre su persona de cualquier sanción administrativa que supusiera la separación del cargo en la citada entidad financiera.