Desde Bahía Blanca advierten que las Sapem funcionan con gobiernos que admiten controles
También confirmaron que los directorios están integrados por dos representantes del Legislativo, con presencia de la oposición, y que las firmas son auditadas por el Tribunal de Cuentas.
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Si bien Elisa Quartucci (de la UCR pero en las filas de Integración Ciudadana) y Aloma Sartor (UCR) han pedido numerosos informes al departamento ejecutivo porque no pueden acceder a los datos de las Sapem, no renegaron del modelo y atribuyeron las falencias a la falta de transparencia del gobierno que conduce el kirchnerista emigrado al massismo Gustavo Bevilacqua.
En diálogo con El Eco de Tandil, las concejales brindaron algunos datos que suman al debate local de cara a la sanción de una ordenanza que conforme una Sapem en esta ciudad, en principio, destinada a gestionar el boleto electrónico y el sistema de estacionamiento medido.
En Bahía Blanca, ciudad con unos 320 mil habitantes, funcionan dos empresas con capitales estatales mayoritarios. Transporte Bahía Sapem, a cargo del servicio del transporte público, del estacionamiento medido y del gerenciamiento de la tarjeta magnética para el boleto electrónico. La segunda es Bahía Ambiental Sapem que tiene el control de la recolección de residuos y maneja unos 110 millones de pesos al año.
“En su momento, ambas ordenanzas fueron aprobadas por unanimidad. Todos los concejales entendíamos que era positiva la conformación de estas empresas. Lo que pasa es que cuando se pusieron en marcha se lo hizo con mecanismos no del todo transparentes”, explicó la edil bahiense Elisa Quarttucci.
Para dar un ejemplo de la situación en la ciudad sureña, señaló que “el Concejo Deliberante desconoce los convenios que ha firmado el municipio con las Sapem”. Es que estas firmas de capital estatal mayoritario, donde el 98 por ciento de las acciones es municipal “no forman parte de la administración comunal como tal”.
La integrante del bloque vecinalista expresó que “la crítica que como concejales le hacemos generalmente a las Sapem es precisamente la falta de información, y como se maneja como una empresa estatal, a pesar de eso los concejales, teniendo en cuenta que los recursos son mayoritariamente originados por el Estado municipal, creemos que tenemos que tener injerencia en el control de esos fondos”.
En Bahía Blanca, las Sapem se conformaron con dos representantes del Concejo Deliberante en el directorio y cuando se puso en marcha, participaba la oposición, aunque hoy se ha retirado por “la falta de claridad y de transparencia que hay en el manejo”.
El Legislativo bahiense creó en 2008 las Sapem, que se instrumentaron en 2011 y 2012. La participación de los concejales en el directorio se propuso y se aprobó por ordenanza. El órgano ejecutivo está conformado por un presidente, que es representante del intendente; dos integrantes por el Departamento Ejecutivo y dos por el Concejo Deliberante.
El contralor
En cuanto a los controles, Elisa Quartucci confirmó que las Sapem están sujetas a las revisiones del Tribunal de Cuentas, pero no son auditadas directamente por el Concejo Deliberante. “En lo que insistimos los concejales de la oposición es que como los fondos salen en su gran mayoría del Estado municipal, los concejales también tenemos que tener injerencia en el control”, explicó.
Ante la solicitud de los balances, confirmó que “accedemos a cuentagotas” y valoró la herramienta “bien gestionada”, aunque el problema es “cómo se toman esas decisiones, y la falta de información y de transparencia en esa toma de decisiones”.
“Está usando recursos públicos”
Según la concejal de la UCR Aloma Sartor, la figura de la Sapem se estructuró para que las comunas pudieran brindar algunos de los servicios públicos “sin recurrir a la lógica municipal, con la planta municipal, horario municipal, sindicato municipal”, entendiendo que “requieren una lógica más de empresa”.
Evaluó que “el formato en sí puede ser válido, el problema es cómo se logra que no se tergiverse” y describió que si bien en Bahía los capitales surgen del presupuesto municipal, hay un directorio integrado por privados.
“El Tribunal de Cuentas en estos años ha avanzado mucho sobre el control de las Sapem. Por lo menos, pareciera que les piden información y les vuelven a pedir. Si el Tribunal de Cuentas avanza, quiere decir que hay un reconocimiento de que por más que sea una empresa que se mueve con una dinámica como la de las privadas, en definitiva, está usando recursos públicos”.
La edil indicó que ha solicitado “montones de pedidos de informes” para conocer la dinámica de las Sapem aunque no ha logrado las respuestas esperadas. “Me parece que el déficit es el de la construcción de la confianza y de la transparencia. Tiene que ver con un entorno y un clima político específico. No necesariamente este modelo trasladado a otro lado debe tener problemas. El problema es que no esté consolidada la institucionalidad en la ciudad”, resumió.
Describió que en Bahía Blanca “esta empresa tiene que tener síndicos; en el directorio el Concejo Deliberante tiene representación, entonces la oposición podría tener representación. La verdad es que ninguno de nosotros quiere ir, porque hay un contexto político que no ayuda a pensar que ahí está todo bien, y hay responsabilidades, porque se manejan millones de pesos”.
Resaltó que la herramienta es buena en ámbitos de “una institucionalidad fuerte, donde cada uno juega su juego y hay controles entre el Legislativo y el Ejecutivo, donde funciona la información, y los pedidos de informes se contestan”.
Y resaltó como ejemplo que la gerenta de la Sapem Ambiental nunca fue al Concejo Deliberante y la han citado, han aprobado proyectos para convocarla. “Nosotros tenemos muy debilitada la institucionalidad, entonces es muy difícil”, resaltó.
Choque de intereses
La concejal Sartor también puntualizó que se generan choques entre el rol del Estado y los intereses de las empresas privadas. “La Sapem Ambiental tiene dos camiones tipo Vactor que son los que se utilizan para el desagote de cloacas, cañerías, que son muy caros. Acá la empresa ABSA, que es la del servicio de toda la región, tiene uno y siempre roto. El municipio a través de esta Sapem Ambiental tiene dos. Nosotros tenemos situaciones en los barrios, donde algunos están rodeados de líquidos cloacales porque las redes están absolutamente colapsadas. Lo lógico sería que el municipio, que tiene estos dos camiones en la Sapem Ambiental, los ponga a disposición en una cuestión de salud, y te contestan que sale 2 mil pesos la hora y quién lo va a pagar”, resaltó.
Con este caso, analizó que “empieza a haber una confusión entre un rol municipal en cuanto a los servicios públicos con un funcionamiento empresarial”.
En resumen, indicó que “los formatos en sí mismos no son malos, podría ser una solución si el municipio quiere avanzar con atender algún tipo de servicio público y sin caer en la figura de la concesión privada”.
El rol de los representantes del Concejo Deliberante
Por otra parte, las legisladoras bahienses adelantaron que los distintos bloques están debatiendo la participación de representantes del Concejo en el directorio de las Sapem, debido a la gran responsabililidad que implica avalar decisiones que se toman en ese ámbito.
Si bien el doble rol de concejal y director de la Sapem no es incompatible, cuando se crearon estas empresas se desconocía la magnitud que iban a adquirir.
“Uno de los problemas que estamos discutiendo entre todos los partidos políticos, inclusive el propio oficialismo, y que probablemente haya que hacer una reforma a la ordenanza, son estas representaciones que tiene el Concejo Deliberante en el directorio, dada la condición específica de responsabilidad y de conocimientos”, adelantó Aloma Sartor.
Y agregó que “estamos planteando que el Concejo Deliberante podría designar a alguien por concurso, que sean pagos, tengan una obligación y vayan, y sean la interface con el Concejo, y nosotros nos quedemos con el control político, porque como son recursos públicos tenemos la obligación de hacer el control político del uso de esos recursos públicos”.
Por otra parte, indicó que deben revisar la participación de los concejales en los directorios de las Sapem porque asumen grandes responsabilidades sin ser especialistas y avalan decisiones que pueden comprometerlos a futuro.
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