Destituyeron a la jueza Parrilli por “mal desempeño en sus funciones”

Ahora, la defensa de la jueza tendrá la oportunidad de recurrir el fallo del Jury ante el Tribunal Superior de Justicia porteño, y de ser desfavorable, interponer un recurso ante la Corte Suprema de Justicia. La decisión fue adoptada por 8 votos a favor de la destitución y 1 en contra, y en la lectura de la sentencia, que se demoró por más de una hora, no estuvo presente la jueza, quien se ausentó por primera vez en la Sala de audiencias del Tribunal Superior de Justicia, ubicado en la calle Cerrito al 700, de esta Ciudad.
La destitución fue aprobada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, José Casas; el magistrado Eduardo Russo; los legisladores porteños Diana Maffía, Raúl Puy y Martín Borrelli; y los abogados Jaime Kesselman, Eduardo Awad y Leandro Vergara. Por su parte, el juez Guillermo Treacy se pronunció en contra de la destitución de su colega.
Si bien los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 5 de enero, Noticias Argentinas pudo saber que el principal argumento que invocaron los integrantes del Jury es que Parrilli hizo una ostentación de su cargo de jueza ante las agentes de tránsito. Además, en la sentencia, según confió un integrante del Jury, hicieron mención de los problemas psicológicos que dijo tener la magistrada, a raíz de los cuales intentó justificar su conducta. El juez Treacy, quien votó en contra de la destitución, entendió que las pruebas en contra de la magistrada no configuraban una causa de remoción del cargo, reveló un integrante del Jurado.
Si bien la sentencia estaba fijada para las 12:30, la misma comenzó pocos minutos antes de las 14:00, a raíz del debate entre los propios integrantes del Jury, reunidos desde las 11:30. No obstante, una fuente del Tribunal aseguró que el consenso entre ellos fue rápido, y que el debate sólo giró en torno al contenido de los fundamentos, aún no entregados a las partes. A la audiencia se ausentó la propia jueza Parrilli quien sí concurrió previamente a todas las jornadas de juicio, y sólo se retiró de la sala cuando se expuso el video en que fue captado insultando a las empleadas de tránsito, o bien cuando notaba la presencia de reporteros gráficos.
El lunes pasado, el juez Gabriel Vega, quien oficia de fiscal del Jury, había solicitado en su alegato que Parrilli fuese destituida de su cargo. En tanto, si bien Parrilli rehusó hacer uso de sus últimas palabras, su defensa rechazó la recusación. La destitución de la jueza surgió a raíz de la denuncia que formuló el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, ante el Consejo de la Magistratura porteño Luego de escuchar a los testigos y a las partes, el Consejo aprobó por mayoría el inicio del juicio político a la magistrada. Todo se inició cuando el 15 de septiembre pasado, una grúa del Gobierno de la Ciudad levantó el coche de Parrilli, un Volkswagen Gol que estaba mal estacionado, en Rodríguez Peña al 400. Cuando Parrilli fue a retirar su auto a la playa de infractores del Obelisco, tuvo que pasar por las oficinas que se encuentran en el subsuelo de 9 de Julio y Sarmiento y allí fue donde descargó toda su furia contra las dos empleadas municipales.
La jueza Parrilli fue captada por una cámara de seguridad reclamando a gritos y con insultos, la devolución de su vehículo. “Ganan 1.200 pesos para joder a la gente, ¡todas morochas, ni una rubia contratan!”, le gritó la jueza a las empleadas. Tras el episodio, Parrilli pidió disculpas por su conducta en escritos presentados ante la Justicia, así como ante el Consejo de la Magistratura. Incluso, el ministro Montenegro inició una denuncia penal contra Parrilli, y hasta el fiscal de la causa había solicitado que la magistrada vaya a juicio oral y público bajo los cargos de amenazas y discriminación.
Pero el juez en lo Penal y Contravencional Norberto Circo hizo lugar a un pedido de la defensa y le concedió una probation (suspensión del juicio a prueba), y ordenó que Parrilli realice tareas comunitarias en Cáritas durante un año y medio, a razón de cuatro horas semanales, y que, por el mismo período, no podrá conducir vehículos. También le ordenó que pague una indemnización de 5.000 pesos a Rocío Marlene Gómez y María Itatí Albe, las empleadas víctimas de los insultos y amenazas.

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