Diéguez amplió su declaración e insistió en que los subsidios fueron por casos de urgencia

Como se informó oportunamente, el funcionario lunghista ya había expuesto frente al representante del ministerio público, acompañado por su letrado particular, Jorge Dames, y sin responder preguntas puntualmente, sino de forma genérica cómo funciona la Secretaría y de qué manera se administran los subsidios de ayuda social.

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El subsecretario hizo especial hincapié en las “urgencias” con que se convive desde el área y que ante la necesidad de dar respuestas se utilizan los fondos puestos a consideración.

Asimismo, según trascendió de su exposición, Diéguez había hecho otra lectura, otra interpretación sobre las ayudas sociales directas y lo que se considera “indigentes”.

Bajo ese mismo espíritu, el lunghista ahora puntualizó sobre tres de los casos sustanciados en la causa, insistiendo en que se trató de urgencias que deben atenderse en el marco de gente que necesitaba esos recursos económicos.

 

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Los casos

 

Por lo que trascendió de su declaración indagatoria, Diéguez igualmente no pudo aclarar cuál era la necesidad económica de las personas a quienes destinó los subsidios, que está claramente especificado que se trata para indigentes.

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A saber, una de las ayudas “urgentes” que el funcionario explicó fue para un estudiante. En lo que no reparó el subsecretario, y se lo hizo notar el fiscal, es que dicho estudiante es hijo de dos profesionales, por lo que no se explica -y Diéguez tampoco lo hizo- porqué ayudó a un joven que a priori no tendría porqué tener semejante urgencia económica.

El segundo caso se refirió a una contratación directa que se realizó por unas obras de emergencia que también debieron atenderse desde su área.

En el tercero de los casos intentó aclarar sobre el subsidio otorgado a dos hermanos que, curiosamente, ya recibían un plan social.

Tras exponer por los tres casos puntuales, Diéguez, secundado por su letrado, dio por cerrada la declaración, dejando más dudas que certezas sobre lo que buscó aclarar, especulándose que la “desprolijidad” administrativa al menos ya está más que sustentada en los innumerables casos que obran en el expediente judicial.

Tal se informó en ediciones pasadas, la estrategia defensista es referirse a que se trató de emergencias que ameritaban actuar en lo inmediato y que resultaba inapropiado utilizar los circuitos normales de la burocracia administrativa para obtener dinero para dicho fin.

La pregunta que subyace, entonces, es para qué están justamente esos pasos burocráticos si no es para controlar que el dinero no se utilice para otras cosas como las que específicamente se determina en el presupuesto. En todo caso, sugieren desde la investigación, debieran modificarse los procesos administrativos para agilizar ante la urgencia y no quedar sometido al manejo poco claro de fondos, en este caso dinero que debiera estar destinado a los que más lo necesitan.

Las apreciaciones del funcionario claramente apuntaron a responder un párrafo sustancial de la acusación del fiscal, cuando se puntualiza en la imputación que la desviación de las partidas asignadas, por la multiplicidad de maniobras cometidas y el alto monto dinerario afectado, provocó indefectiblemente un sustancial perjuicio a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad en la ciudad, quienes a raíz de la aplicación diferente que se les dio a los recursos, no pudieron algunos de ellos recibir la ayuda social directa y vieron sus necesidades básicas insatisfechas.

 

La denuncia

 

Cabe recordar que la denuncia se radicó en 2011, a partir de la exposición formal que realizaron concejales de los bloques opositores con la denuncia mediática realizada por el delegado gremial Marcelo Hidalgo.

Dicha causa la llevó adelante el fiscal Marcelo Fernández, quien dejó el cargo y la instrucción recayó en su par Marcos Egusquiza.

Según los testimonios y pruebas aportados por los denunciantes, se presentaron casos en los que se otorgaron subsidios a cambio de prestaciones de servicios e insumos para la Secretaría de Desarrollo Social, que fueron cobrados por personas que no son “indigentes” y que no recibieron la visita de rigor de trabajadores sociales.

Los disparadores de la investigación fueron unos cuadernos escritos a mano donde se consignarían los trabajos encargados y los pagos realizados a proveedores a través de subsidios.

Según lo denunciado, las ayudas sociales tuvieron un destino diferente al presupuestado, tales como el pago a una cantera, un albañil y sus hijos, entre más de medio centenar de casos, con falsos informes sociales que hacían pasar por indigentes a personas que en verdad estaban cobrando servicios.

 “Yo estoy tranquilo porque ninguno cometió una irregularidad para nuestra forma de ser, simplemente son muy heterogéneas las situaciones y es mucha la urgencia donde quizás  administrativamente algunas cuestiones no dan como tiene que ser, pero todo termina en una persona que necesita algo”, supo decir Diéguez cuando se lo indagó desde la prensa sobre la denuncia y consiguiente causa, que ya tiene una conclusión para el fiscal y por eso la imputación. Ahora, sólo resta saber si llega hasta el subsecretario o hay más actores superiores que transiten el mismo camino.