Diéguez reconoció posibles desprolijidades pero defendió su inocencia porque se trató de solucionar urgencias sociales

Tal se anunció, ayer por la mañana comenzó el juicio oral y público a cargo del Juzgado Correccional 1 en el que se ventiló la instrucción penal contra el exsecretario de Desarrollo Social, Rubén Diéguez, acusado de malversación de caudales públicos en perjuicio de la administración municipal en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público. A más precisiones, el ministerio público consideró que el funcionario lunghista desvió fondos destinados a la ayuda social directa para indigentes y vecinos en estado de vulnerabilidad para pagar a proveedores circunstanciales como así también complementar los haberes de algunos pasantes que cobraban un plan social.

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Lo que para el fiscal constituye un delito penal, para el lunghismo son cuestiones meramente administrativas y así lo emularía el defensor del imputado, Jorge Dames, quien anticipó que no está acreditado el delito y por ende su cliente debía ser absuelto.

En lo que factiblemente será la columna vertebral del alegato a desarrollarse hoy, Dames anticipó que los hechos ventilados no constituyen delito alguno, que hay órganos de control que así lo establecen para la administración municipal y que, en todo caso, los casos expuestos tuvieron siempre un objeto, un destino de ayuda social.

A la vez, subrayó sobre la necesidad de dejar en claro que no se está hablando de un hecho de corrupción, ya que su pupilo no se llevó “un peso a su bolsillo” de los fondos que se cuestionan, apreciación compartida por el propio fiscal, que no puso en duda la honestidad del funcionario pero sí en su irregular proceder en cuanto a los recursos presupuestariamente destinados a la ayuda directa.

Aquí radica el meollo del entuerto. Si las reconocidas desprolijidades administrativas que aduce el propio Diéguez, al son de las urgencias sociales que desde el área se atendieron y se atienden, constituyen un delito como lo plantea el fiscal Marcos Eguzquiza, que lejos de conmoverse por la presencia como público de hombres fuertes del gobierno, ratificó los lineamientos de la acusación e indagó con contundencia al propio Diéguez, quien quiso explayarse y ampliar su declaración más allá de lo que había expuesto oportunamente en el expediente en cuatro oportunidades.

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Entre las presencias en la audiencia, estuvo el exsecretario de la cartera de la polémica y hombre de extrema confianza del Intendente, Julio Elichiribehety, el secretario de Seguridad Atilio Della Maggiora, el actual subsecretario de Desarrollo Social Pablo Civalleri y la mujer y también funcionaria del acusado Guillermina Cadona -directora de Educación.

También se hicieron presentes en la antesala del juicio los exediles Eduardo Tony Ferrer y Adriana Calvar, quienes integraron la comitiva que dio impulso a la denuncia que derivó en la instrucción e imputación señalada. Empero, los exconcejales una vez anoticiados que no iban a ser tenidos en cuenta como testigos, desistieron de participar.
Apenas, entonces, cuatro testigos citados para la ocasión sería el ingrediente de una audiencia particular, en la que prevaleció el consenso previo de las partes para incorporar todo el material probatorio por lectura, con una clara intención de no hacer “más ruido” del obligado por las circunstancias para una instancia que el lunghismo prefería evitar, pero que el propio involucrado -Diéguez- quería transitar, al entender que su accionar debía ser aclarado y creyendo, claro está, en su inocencia.

Así, el testimonio del señalado sería lo más relevante de una larga jornada judicial que terminó pasadas las 14.30, instancia en la que buscó explicar no solo el funcionamiento y espíritu del área en la que trabajó por 12 años junto a Elichiribehety primero y Oscar Teruggi después, si no también aclarar caso por caso sobre las ayudas sociales que el fiscal le imputa como delitos.

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Dentro de las singularidades del debate acordado, estuvo dado porque una vez escuchado el comparendo de los testigos, que no hicieron más que ratificar lo expuesto en la causa, la defensa pidió que se leyeran las declaraciones completas que realizara Diéguez a lo largo del expediente. Lectura de parte de la secretaría del Juzgado que demandó alrededor de un par de horas, transformando el espíritu de la oralidad del juicio en un clima por momentos tedioso.

Los testigos

Sobre el testimonio de los vecinos llamados a comparecer frente al juez Carlos Alberto Pocorena, se trató de tres hombres y una mujer que ratificaron lo que oportunamente consta en la causa: acreditaron que recibieron un “subsidio” de parte de Desarrollo Social por prestaciones realizadas.

A más datos, un herrero, un mecánico, un albañil, coincidirían en responder que efectivamente recibieron el pago de parte de la secretaría por distintas tareas que oportunamente realizaron en rol de proveedores del Municipio, ya sea en el arreglo de determinada obra de una vivienda o un rodado, respectivamente.

Aquí radica el reproche penal que endilga el fiscal: destinar dinero de la ayuda directa a indigentes (tal reza la partida oportunamente contada en el presupuesto) para pagar por prestaciones de personas que claramente no revestían tal calidad social, porque no tenían sus necesidades básicas insatisfechas.

Para Diéguez y el lunghismo en su conjunto, en definitiva, esos pagos tenían como destino una ayuda social, siendo que las prestaciones se realizaban en pos de solucionar una situación vulnerable en medio de urgencias económicas de terceros.

El cuarto de los casos ventilados (el resto fue incorporado por lectura) fue el comparendo de una mujer, madre de un joven que actualmente se desempeña en la Oficina de Empleo, quien cobraba desde la misma “caja” destinada a las ayudas sociales por contraprestaciones laborales.

Aquí el reproche fiscal redundaría en el mismo espíritu: no se trataba de un joven indigente, ni tenía sus necesidades básicas insatisfechas. Se trataba de un joven que cobraba una especie de beca estudiantil (Promet) y vivía bajo el techo de la casa de sus progenitores: una jubilada jerarquizada del banco Provincia y un arquitecto.
Todos los testigos citados ratificaron a sus modos y sus formas el contenido de lo que explicitado en distintas fojas del grueso expediente que por años confeccionó el fiscal, quien seguramente hoy también en su alegato no hará más que redundar en aquella acusación y pedir condena para Diéguez.

Cabe consignar que ante una eventual sentencia condenatoria, el delito al que se alude promueve prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, ítems que llevaría al funcionario y al Gabinete en su conjunto a evaluar la continuidad o no en el cargo que actualmente ostenta el imputado (coordinador de Políticas de Prevención Social Comunitaria) ante una circunstancial sentencia que no estaría firme.

Una larga lectura

Transitando la media mañana y con la finalización del desfile de testigos, tal lo acordado, el juez dio paso a que su secretario leyera las decenas de fojas que contenían las cuatro declaraciones del imputado en tiempos de instrucción.

Lo ventilado no fue otra cosa que redundar en lo oportunamente publicado en estas páginas tiempo atrás, en donde se expusieron los argumentos que Diéguez esgrimió para responder a la indagatoria del fiscal y buscando aclarar caso por caso cómo se efectivizó la entrega de dinero, siempre subrayando que todo lo destinado monetariamente desde las partidas en cuestión tuvo un correlato con una necesidad social atada a las urgencias que cotidianamente el área que tenía a su cargo debía afrontar y resolver.

En las explicaciones volcadas al expediente, Diéguez además de exponer sobre cómo funciona la dependencia comunal y la gran demanda social que atiende, subrayó que las necesidades sociales debían tomarse como algo más amplio que los sectores de menos recursos, considerando el contexto particular de cada involucrado y las respectivas singularidades. Por caso, ejemplificó que oportunamente se asistió económicamente a trabajadores de metalúrgicas cuyas firmas cerraban por improductividad y desde el área se les brindaba apoyo monetario, más allá de que en la mirada distante a la cotidianidad resultasen vecinos con trabajo y con casa propia. Y así ampliaría con otros ejemplos, por caso asistiendo a un remisero con recursos escasos que no podía seguir trabajando si no arreglaba su rodado para llevar el sustento a su casa.

Diéguez acuñó la idea de que el concepto de indigente debía ser flexible ante la demanda constante y sonante que recibía -y recibe- la secretaría para atender problemáticas puntuales de vecinos con o sin trabajo.

La acusación del fiscal

Según reza en el expediente replicado ahora en el debate por el fiscal, por lo menos desde 2007 hasta 2011, en reiteradas oportunidades dieron a los fondos de la partida denominada Ayuda Social Directa, perteneciente al presupuesto general de gastos del Municipio, un destino distinto al específico para el que dichos efectos se hallaban destinados, esto es: brindar apoyo económico de emergencia a indigentes o grupos más vulnerables, aplicándolos a los efectos de pagar a particulares el precio contractual por la provisión de materiales o cosas, el pago de horas extras y/o servicios determinados.

De este modo, principalmente en las oficinas oficiales de calle Arana casi 4 de Abril, se ordenaba a los empleados de la dependencia Marcelo Hidalgo, Juan Pablo Barragán, María Rosa Avila y Verónica Mirta Sinka, secretaria de Rubén Diéguez, la implementación de falsas solicitudes de ayudas sociales en razón de indigencia a favor de los terceros que contrataban con la dependencia municipal, las que se documentaban con la suscripción por parte de los proveedores de formularios preparados, según reglamento interno de la secretaría, y se autorizaban con la firma del subsecretario, quien fingía como trabajador social que certificaba la supuesta indigencia del solicitante, insertando de esta manera el titular de la subsecretaría, en forma reiterada, en cada una de las solicitudes de ayuda social, declaraciones falsas afirmando una necesidad económica de cada uno de los peticionantes y, a su vez, se consignaba la realización de inexistentes informes sociales a los fines de avalar la carencia que debía ser satisfecha, como la situación de vulnerabilidad.

Una vez concretados los pedidos de ayuda, las mismas eran remitidas, junto a un listado general de todos los pedidos de ayuda directa para su aprobación y el pago por ventanilla de sumas de dinero correspondientes a través de la Secretaría de Economía, consistiendo estas sumas de dinero en contraprestación por servicios de diferentes tipos, tales como trabajos de locación de obras determinadas y horas extras de personal temporario municipal, como así también provisión de materiales y artefactos varios, aunque se hacían documentar como beneficios sociales afectados a la partida presupuestaria a favor del contratante.

Asimismo, se detalla en la acusación que, según el precio convenido, cuando excedía la suma reglamentaria para ser afectada al rubro presupuestario Ayuda Social Directa, la cantidad se descomponía en sumas más pequeñas que, con igual procedimiento, eran pagadas a diferentes familiares y allegados del prestador, algunos de los cuales igualmente se hallaban registrados como proveedores del Municipio.

Dicha desviación de las partidas asignadas, por la multiplicidad de maniobras cometidas y el alto monto dinerario afectado, provocó indefectiblemente un sustancial perjuicio a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad en la ciudad, que a raíz de la aplicación diferente que se les dio a los recursos, no pudieron algunas de ellas recibir la ayuda social directa y vieron sus necesidades básicas insatisfechas.

“Necesito resolver los problemas y eso a veces lleva a desprolijidades”

Terminada la lectura de todo lo que oportunamente había respondido el funcionario ante la indagatoria fiscal, el imputado quiso reforzar algunos conceptos, ampliar su declaración espontáneamente, ahora sí frente al juez y dispuesto a responder las inquietudes del ministerio público, sin libreto armado.

Como se había percibido en la previa y transcurso del debate, Diéguez se mostró muy tranquilo y convencido de su accionar, realizando una extensa y sólida exposición política de lo que hizo al frente del área y de cómo fue el abordaje de los casos que terminan siendo el cimento de la acusación penal.

Se trató de un contundente testimonio político, no así a la hora de responder puntualmente al inconmovible fiscal a la hora de indagarlo por los manejos de recursos y en la confección de actas, informes sociales que no se condicen con la condición social de quienes fueron ayudados económicamente.

Primeramente, el funcionario quiso dejar sentado y aclarado que estaba de acuerdo en que la Justicia indague a los funcionarios en pos de bregar por la transparencia de los recursos públicos, pero sin pausa aclaró que debía considerarse que las situaciones sociales son complejas, difíciles de encuadrar en planillas, atendiendo las urgencias de los respectivos casos.

“Para entender lo que se hace y pasa en la Secretaría hay que estar ahí”, se defendió a modo de preámbulo el exsecretario, para luego ahondar en conceptos tales como la necesidad social, el conflicto social y las urgencias, considerando que la necesidad no es solo de los indigentes o pobres, sino que hay un contexto como así también su respectiva singularidad del caso a tratar.

Diéguez puso énfasis en señalar que nunca hubo intención de evadir o fraguar informes sociales en pos de beneficiar a alguien que no lo necesitaba, sino que en todo caso se buscó siempre optimizar los recursos a favor de determinada circunstancia a atender.

Hizo una férrea defensa del accionar de la Secretaría en su articulación con distintas instituciones gubernamentales, incluso el judicial, además de ONGs, logrando así que no se vea gente durmiendo en las calles ni pidiendo en los semáforos. Habló justamente sobre la prevención invisible y la atención a distintos vecinos para que no se llegue a aquellos escenarios.

No caprichosamente aludió al trabajo en conjunto incluso con la Justicia para atender casos de urgencia, como la contención de gente desalojada en determinada vivienda o barrio usurpado, por lo cual se requirió de tomar dinero de aquella ayuda social que ahora se cuestiona.

Sin ánimo de apelar al esfuerzo personal que él hizo en determinados casos, igualmente ejemplificó con asistencia a determinado vecino que requirió de un traslado urgente a otra ciudad y dicho traslado fue solventado de su bolsillo como de otros actores involucrados.

El imputado insistió en que nunca “me quedé con un solo peso, ni quise favorecer a un tercero, todo tuvo siempre un fin social”, para luego admitir que seguramente en pos de solucionar alguna urgencia, en la necesidad de resolver los problemas, a veces se cometa alguna desprolijidad” administrativa.

La interesante argumentación del lunghista frente al juez luego se vio algo sacudida por las preguntas puntuales del fiscal, quien más allá de reconocerle su labor al frente del área no dejó de insistirle en que a su entender se había cometido delito a la hora del manejo de los fondos.

Así, a preguntas por casos puntuales, Diéguez naufragaría en respuestas que no lograban disipar la desconfianza del acusador, y que más bien robustecían la hipótesis que llevó a imputarlo por los delitos expuestos.

Así cerraría la primera audiencia de debate, lejos de las sorpresas, sino más bien una reafirmación de las tesis que llevó al fiscal a acusar, y al imputado a defender su inocencia. Hoy será el tiempo de los respectivos alegatos, para luego conocer el veredicto del magistrado, probablemente a ventilarse la semana entrante.