Diputados de Encuentro Federal buscan frenar la venta de tierras rurales a extranjeros mediante una cautelar
Los legisladores Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot presentaron una medida judicial para suspender el artículo 154 del DNU 70/23, que permite la adquisición de inmuebles rurales por parte de extranjeros.
Los diputados de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, presentaron una medida cautelar con el objetivo de suspender los efectos del artículo 154 del DNU 70/23. La iniciativa busca evitar que se consoliden nuevas adquisiciones de tierras rurales por parte de extranjeros mientras se define el futuro de la normativa.
Esta presentación judicial se produjo luego de que la Corte Suprema revocara un fallo que había declarado la inconstitucionalidad de dicho artículo, el cual derogó las restricciones establecidas por la Ley de Tierras. El planteo se suma a la ofensiva parlamentaria de los bloques opositores para intentar derogar el decreto en su totalidad.
Los legisladores firmaron el pedido de sesión especial para el 15 de octubre, donde se buscará debatir la derogación del DNU 70/23. Sin embargo, en paralelo, presentaron la cautelar para evitar que durante el período de vigencia del artículo 154 se consoliden operaciones que luego puedan quedar protegidas como derechos adquiridos.
La cautelar busca evitar que las operaciones que puedan realizarse durante este período se consoliden luego como derechos adquiridos. El planteo advierte que, aun si el Congreso rechazara el DNU o si se restablecieran por ley las restricciones, las adquisiciones perfeccionadas durante su vigencia podrían quedar a salvo.
En el escrito, los diputados cuestionaron que la derogación de la Ley de Tierras mediante un decreto no reunió las circunstancias excepcionales que exige la Constitución Nacional. Asimismo, argumentaron que las tierras rurales y los cuerpos de agua son recursos naturales estratégicos y no renovables, por lo que su régimen debe ser definido por el Congreso de la Nación.
Como parte de la medida, los legisladores solicitaron preservar el Registro Nacional de Tierras Rurales, mantener actualizada la información sobre las adquisiciones realizadas por extranjeros y garantizar la publicidad del proceso judicial.
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