Dos legisladoras de Olavarría reconocen las presiones de canteristas, pero aprobarán la ley

De cara al debate definitivo de la Ley de Paisaje Protegido en la Cámara de Diputados, opinaron sobre el conflicto y el tratamiento de la ley la diputada Alicia Tabarés y la senadora María Isabel Gainza.
En declaraciones realizadas al diario El Popular de Olavarría, ambas se mostraron favorables a su aceptación final y reconocieron las grandes presiones existentes para que no sea aprobada la ley.
En principio, Tabarés aclaró por qué la norma no fue tratada aún en Diputados: ?La ley entró el año pasado y todavía no tuvo tratamiento. Y este año, por pedido de la oposición, no daremos tratamiento a ninguna ley sobre tablas. Las comisiones están formadas, ya tienen sus autoridades, pero todavía no están funcionando?.
Sin embargo, manifestó que ?este miércoles se va a tratar la ley en un plenario de cuatro comisiones: Medio Ambiente, Constitucionales, Presupuesto e Impuestos y Legislación, de las que ya están los presidentes, y a la cual voy a asistir. Es cierto que han existido presiones de las empresas para tratarla sobre tablas, pero primero tiene que ir a despacho?, explicó. ?Sobre la ley, recién ahora tenemos un informe encargado a la secretaría de bloque, que ya está en la Cámara. Incluso lo revisó un asesor con detenimiento y me dijo que estaba bueno porque contempla todas las aristas. Scioli tiene la decisión tomada de apoyar esta ley, así lo anunció en la apertura de sesiones de la Cámara de Diputados, pero tiene que salir primero. Si bien tenemos una opinión formada, creo que todavía hay que esperar. En cuanto a la oposición, la UCR había dicho a fin de año que la iba a aprobar, pero ahora cambió la composición de la Cámara de Diputados. Así que nos tenemos que volver a sentar a debatirla?, resumió la diputada por el Frente para la Victoria.
Por su parte, la senadora Gainza subrayó que a pesar de no encontrarse en funciones cuando la ley fue aprobada, sabe que ?se puso especial cuidado en el resguardo de las fuentes laborales, y se han tomado todos los recaudos del caso. En Tandil, la opinión generalizada es que las explotaciones mineras se acercan cada vez más a la ciudad, a los asentamientos urbanos, y eso afecta no sólo al medioambiente sino también a la calidad de vida. En los últimos tiempos, Tandil ha adoptado un perfil turístico y en esa ciudad razonan que este tipo de explotaciones afecta a cientos de puestos de trabajo que dependen del turismo, mientras que por el lado de la minería serían perjudicadas unas 60 fuentes de trabajo, que además ya están aseguradas?, adelantó.
La legisladora por Coalición Cívica se refirió a la desaprensión de ?muchas empresas que han explotado la tierra, han dejado pozos enormes y se han olvidado de lo que establece la legislación respecto de la forestación necesaria y otras compensaciones por esa misma explotación. Cuando uno se excede, es lógico que esas cosas se reprochen. Esto no es ir en contra de la minería, todo ese sector de la producción es muy respetable?, reconoció.
Por último, Gainza planteó una salida factible al conflicto: ?También creo que es cierto lo que dicen las pymes mineras, que las grandes empresas se han quedado con todos los terrenos donde hay yacimientos de piedra caliza, y me parece que una solución a este problema lo podría aportar la mediación del Estado para interceder ante las cementeras para que fraccionen y vendan alguna franja de terreno; la intervención del Estado es posible?.

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