Dos mujeres de la CCC se encadenaron a la Anses y piden que la Nación abra el diálogo

 La lluvia y el viento fueron los protagonistas de la quinta jornada de campamento de la Corriente Clasista Combativa (CCC) frente a las oficinas de la Regional de Anses, en Pinto al 500, en reclamo de viviendas y trabajo.
 

Durante las primeras horas de ayer, la militante Griselda Altamirano y una de sus compañeras se encadenaron al acceso principal de la sede del organismo para impedir cualquier intento de desalojo y ratificar la postura de no abandonar la protesta que se inició el último lunes.
 

“Hemos decidido tomar esta nueva medida viendo la negativa del Gobierno nacional a resolver la situación de déficit habitacional que se vive en Tandil y ni siquiera dialogar sobre los puntos que nosotros reclamamos específicamente”, dijo Griselda Altamirano en diálogo con este Diario.
 

Por otra parte, cuestionó que “han actuado en ofensiva contra la lucha popular, porque han judicializado la protesta” y mencionó la apertura de una causa penal en contra suyo y de Jorge Lezica.
 

“Es una denuncia que la realiza Marcelo Cifuentes, que no consideramos que sea el responsable político; creemos que él es el responsable de la seccional y el que manda a hacer la denuncia es obviamente (Diego) Bossio y el Gobierno nacional. Deslindamos, más allá de que sea él el que tuvo que efectuarla, su responsabilidad”, aclaró la dirigente.
 

Por este motivo, el Juzgado Federal de Azul le ordenó a la Policía Federal que mantenga el diálogo con los manifestantes, en la búsqueda de disuadirlos en su actitud. “Nosotros les dijimos que no íbamos a desbloquear, que ellos cumplan con su trabajo, que informen a las autoridades pertinentes, al juez (José) Comparato de Azul, y que sea el juez el que determine”, adelantó Altamirano sobre la acción de la policía.
 

Desde su óptica, “hay una contradicción de derechos. Si bien el derecho a trabajar existe, también el derecho a una vivienda digna, y ambos tienen jerarquía constitucional, como el derecho a transitar. El tema es que para este Gobierno cuando quiere utilizar el derecho de los trabajadores para apagar una lucha, para callar una lucha, y los está utilizando a los trabajadores de la Anses, está poniendo por delante eso para no resolver y no tener una decisión política, una voluntad política de destrabar el conflicto”.
 

También indicó que por el Municipio, el jefe de Gabinete Juan Pablo Frolik se acerca al campamento unas tres veces por día “a pedirnos que liberemos parte del tránsito o que levantemos, y cada vez que viene se encuentra con la negativa ratificada en cada asamblea que tenemos todos los días a las 3 de la tarde”.

Dispuestos
a “un gesto”

 

En cuanto a la posibilidad de un acercamiento de parte del Gobierno nacional, Griselda Altamirano informó que el jueves por la noche recibieron otro llamado de Carlos Montaña, subsecretario de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo Social.
“Le dijimos que nosotros no vamos solamente con una llamada telefónica a levantar el acampe. Lo que sí podemos hacer como gesto, en caso de que se pueda abrir el diálogo, es desbloquear la entrada de la Anses, permitir el acceso de los trabajadores en la instancia de negociación. Si después el acuerdo es favorable, evaluaremos si levantamos la medida totalmente; pero si vamos a una negociación y no nos favorece, volveríamos a bloquear la entrada”, manifestó Altamirano.
Además, sostuvo que el Estado nacional “no quiere que se destrabe el conflicto, que salgamos de acá, y por el contrario judicializa y quiere que esto termine con alguna represión porque nosotros de acá no nos vamos a ir”.

 

El petitorio

 

En cuanto a los puntos que motivan la protesta, Griselda Altamirano precisó que son viviendas y la formación de cooperativas, en el programa Techo y Trabajo; el plan Mejor Vivir, que se destina a la ampliación de casas, y la culminación de las unidades habitacionales del Plan Federal, obras que se encuentran detenidas en el barrio de La Movediza.
“Son los tres puntos que tiene el petitorio. No estamos hablando de tres mil viviendas, no estamos hablando de las 8 mil (que consideran que faltan en Tandil). Las cooperativas se arman en relación a la cantidad de casas que hay para hacer”, explicó la dirigente.
En igual sentido, evaluó que “construir casas o hacer ampliaciones le daría mucho trabajo a los albañiles que están en negro y haciendo changas en los barrios y en la periferia. Se solucionaría parte de un problema, que es generado por el mismo Estado. Es utilizar una herramienta, formar una cooperativa, que no es ni siquiera lo ideal, que sería ser un asalariado en otro tipo de condiciones, pero sería un avance en relación a la situación que se vive hoy en los barrios”.

 

Lluvia y frío en
los adoquines
 

Ayer, en una jornada gélida y húmeda, los menores habían regresado a sus hogares para resguardarse de la lluvia y ante un posible desalojo compulsivo. Es que las carpas montadas sobre los adoquines de Pinto al 500 debieron ser cubiertas por lonas negras para evitar filtraciones. No había chances para que los niños jugaran en las veredas o en el verde de la Plaza Independencia.
Consultada sobre las condiciones que atraviesan durante la manifestación, la dirigente de la CCC sostuvo que “no hay mucha diferencia entre la realidad que se vive en el acampe con la de muchos hogares de Tandil donde hay casas muy precarias”.
Y para cerrar, dio un ejemplo concreto: “Sin ir más lejos, en las casas que están ocupadas en el Plan Federal están viviendo sin ventanas, sin techos y en este momento les está pasando mucha más agua que a nosotros. Esa es la situación de la vivienda en Tandil y eso es lo que no pueden seguir negando”.*

 

Cifuentes le reclamó a Lunghi una postura frente a la toma

 

 “Más allá de lo legítimo o no del reclamo, tiene que haber una expresión clara de toda la clase política, en especial de quienes estamos en la ciudad de Tandil, en especial del Ejecutivo municipal, en donde se repudie este tipo de metodología”, expresó en la víspera el titular de la Regional de Anses, Marcelo Cifuentes.
El funcionario le recriminó al Intendente que “cuando fue la toma del CIC, varios de los dirigentes del justicialismo salimos a repudiar la toma de los edificios públicos y el no permitir el acceso al lugar de trabajo para ejercer la administración pública municipal. Esto me parece que tiene que ser un mensaje contundente de toda la clase política, en especial del responsable del Ejecutivo local”.
Además, aclaró que Diego Bossio “está sumamente informado de esta situación” y adelantó que su postura es que “estos petitorios no son de la órbita de la seguridad social y por lo tanto, no le podemos dar curso”.
Si bien la CCC acampa frente a la Regional bajo el argumento de que es el único organismo nacional en Tandil, Cifuentes advirtió que “el Gobierno ha manifestado en reiteradas oportunidades, y en el tema del parque Indoamericano ha sido muy claro, que no negocia bajo presión”.
Con respecto a las dos mujeres encadenadas, sólo expresó que “son situaciones que nosotros lamentamos mucho”.

 

“Serio perjuicio”

 

Cifuentes indicó que la protesta “está causando un serio perjuicio a todas las oficinas de Anses que nosotros controlamos y administramos, y está demorando los plazos que nosotros tenemos para el otorgamiento de las jubilaciones y las pensiones”.
Sobre la denuncia que realizó ante la Policía Federal, describió que “dejé constancia de que no podíamos tomar los puestos laborales y eso impedía cumplir y desarrollar la tarea específica nuestra”, al tiempo que agregó que “hay una cuestión de responsabilidad de quien ejerce el cargo de jefe regional de poner en conocimiento a las autoridades competentes de que hay una obstrucción al desarrollo de la función de la administración pública”. *