El abogado de las canteras sostuvo que las empresas deberán cobrar indemnizaciones

 

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En diálogo exclusivo con El Eco de Tandil, el letrado indicó que la normativa aplicada es de “ilegitimidad absoluta”.

Razonó que “nadie niega la legitimidad de una confrontación que pueda haber entre derechos individuales y derechos sociales. Pero lo primero hay que demostrar es que el derecho social está realmente afectado”.

Añadió que “eso no se hizo. Toda la gente de Tandil tiene que tener en claro que nunca se hizo un sólo estudio o dictamen de ninguna índole que indique que efectivamente había un daño ambiental, que no lo hay, sino que era solamente paisajístico. Tampoco se hizo el estudio sobre la afectación paisajística, que ya estaba resuelta favorablemente en los informes de impacto ambiental”.

Al respecto enfatizó que “cada empresa que han hecho cesar en su actividad tenía su propio proyecto de mitigación paisajística, que es a donde apunto. Daño ambiental no había ninguno”, sentenció.

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Falencia fenomenal

 

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Merbilhaa indicó que “el daño paisajístico, que es un subtema, estaba resuelto en las propuestas de impacto ambiental aprobadas por la misma provincia de Buenos Aires. Por lo tanto es totalmente ilegítimo plantearlo sin un informe serio que contradiga al informe oficial de la declaración de impacto ambiental. Es la primera falencia fenomenal” de las normas aplicadas.

En tren de hipótesis, el abogado consideró que “si se llegaba a la conclusión de que efectivamente –a pesar de estar todo bien según el propio Estado- cambiara de posición, el Estado tiene que indemnizar”.

Cuestionó que la única indemnización prevista sea para los trabajadores. “Me parece muy bien que la tengan, pero para las empresas no hay nada. Es decir, cerraron la actividad y les anularon su patrimonio sin darles nada. Y, además, lo hicieron ilegítimamente”.

 

Norma trucha

 

Merbilhaa profundizó al marcar que “todo se hizo con una norma trucha” ya que “la provincia no tiene potestades para legislar sobre minería. El medioambiente minero es legislación nacional”.

Desde su punto de vista, “a través de una legislación provincial que no alcanza al medioambiente minero inventaron por el paisaje una afectación con la minería. Es decir, afectaron a una potestad nacional desde la Provincia”.

La conclusión para el abogado de las canteras es que “todo lo que se hizo es ilegítimo, arbitrario, injusto e inconstitucional”.

Dijo como alternativa que “si se hubiesen hecho las cosas bien, era válido confrontar un interés particular con un interés colectivo. Si se demostraba que efectivamente estaba afectado el interés colectivo, legalmente –por derecha dirían los muchachos hoy- y legítimamente se podría haber resuelto el tema, haciendo que se cesara en esa actividad pero con todos los requisitos, compensaciones y reconocimientos al derecho individual afectado, sacrificado en aras del interés general”.

Recalcó Merbilhaa que “lo que no se puede es decir arbitrariamente ´a mí me parece que es el interés general y usted se debe ir de su casa´”.

El letrado enfatizó que la normativa aplicada “destruye todo: va en contra del Código de  Minería, de la Ley de Medioambiente Minero nacional, del decreto provincial que reglamenta al medioambiente minero (que ahora se obvió con otra legislación) y va en contra de lo que el Estado, el Poder Ejecutivo de la provincia dijo respecto de esas actividades y de esas canteras en particular. Va en contra de todo”.

 

Insostenible

 

Juan Pedro Merbilhaa planteó que “estamos frente a otra situación insostenible desde el punto de vista institucional. Todo lo demás se puede entender. Como abogado no hago una defensa de una actividad en sí misma. No defiendo un interés, sino que defiendo a las instituciones y la legitimidad. Esto se hizo todo ilegítimamente”, sentenció.

Consultado acerca de las mencionadas indemnizaciones para los empresarios afectados por el cierre de las canteras, el abogado indicó que “la jurisprudencia de la Corte nacional es calma y terminante. Siempre se reconoce que aunque el acto hecho por el Estado fuera declarado por la propia Justicia como lícito, se indemniza todo”.

Acotó que “esto no lo va a pagar solamente Tandil, sino todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires pagarán este acuerdo político entre la administración local de Tandil y la Gobernación. Ese acuerdo y empatía le costará un montón de plata -el día de mañana- a todos los contribuyentes provinciales, lamentablemente”.

Finalmente dijo que “será por hacer mal las cosas. Lo tendrían que haber pagado igual, pero tal vez de otra manera y en otra dimensión si se hubiera actuado en forma legítima”.