El abogado Pellegrino afirmó que la malversación de fondos públicos en Desarrollo Social está probada
Ariel Pellegrino, quien consideró que la figura penal está probada en la investigación, explicó que las etapas de un proceso son primero juntar las pruebas, luego llamar a indagatoria, que es la primera acusación formal ante el fiscal; posteriormente, hay una segunda acusación cuando pide que la causa vaya a juicio y la tercera es el día de los alegatos.
“Desde que se llama a indagatoria, empieza a correr el plazo para concluir la investigación ya que son en principio seis meses, aunque puede prorrogarse por seis meses más, para elevar la causa a juicio. Por eso, el fiscal se apura a llamarlo a indagar de entrada porque luego no tiene tiempo de producir las pruebas. Las pruebas fueron favorables, los hechos se probaron todos en las circunstancias que se presentaron”, afirmó el abogado.
Además, recordó que Diéguez como imputado tiene el derecho a negarse a declarar, pero consideró que siendo un funcionario público “sería interesante que brinde las explicaciones del caso” y agregó: “Creo que la primera pregunta que le tiene que hacer el fiscal es qué conocimiento tenía de esto Oscar Teruggi, porque es medio raro que el secretario de Desarrollo Social no esté al tanto de todo esto”.
Por último, advirtió que existe un principio de inocencia que es para el Estado, pero no según el criterio del abogado, y evaluó que “por las pruebas que vi y el expediente, puedo asegurar que es culpable y que hubo una malversación de caudales públicos. Lo que queda esperar es si cuando se presente va a declarar o no y si estará acompañado por un abogado del Municipio o por uno propio”. u
El caso
En su edición del lunes, El Eco de Tandil informó que el fiscal Marcos Egusquiza citó a indagatoria al subsecretario de Desarrollo Social Rubén Diéguez por una denuncia radicada en 2011 por los concejales opositores sobre irregularidades en el otorgamiento de subsidios en el área comunal.
Durante la instrucción de la causa se produjo el cambio de fiscal y las denuncias de los concejales del PJ-FPV sobre la falta de avances, quienes manifestaron que su postura no fue “oportunismo político” como los acusaron desde el oficialismo, sino que intentaban esclarecer el destino de los fondos de los ciudadanos.
La investigación partió de las declaraciones y pruebas presentadas por el delegado gremial del área Marcelo Hidalgo.
Según consta en el expediente, por lo menos desde 2007 hasta 2011, en reiteradas oportunidades dieron a los fondos de la partida denominada Ayuda Social Directa, perteneciente al presupuesto general de gastos del Municipio de Tandil, un destino distinto al específico para el que dichos efectos se hallaban destinados, esto es: brindar apoyo económico de emergencia a indigentes o grupos más vulnerables, aplicándolos para pagar a particulares el precio contractual por la provisión de materiales o cosas, el pago de horas extras y/o servicios determinados.
El fiscal tipificó los hechos como “Malversación de caudales públicos, agravado en prejuicio de la Municipalidad de Tandil, en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público reiterado”.
“La Justicia
nos está
dando la razón”
En diálogo con esta Redacción, los concejales del FPV Eduardo “Tony” Ferrer y Fernando Rossi expresaron que no se equivocaron cuando Hidalgo hizo la denuncia.
“Como legisladores tomamos el compromiso de comunicarle al fiscal para que se comprobara esta causa, porque estaba en juego ni más ni menos que la plata de la gente; porque creíamos, por la documentación, que había muchísimas desprolijidades y hoy la Justicia de alguna manera nos está dando la razón. Igualmente, queremos ser muy cautos con lo que está pasando, pensamos que la Justicia tiene que seguir investigando hasta las últimas consecuencias”, indicó Ferrer.
Por otra parte, Fernando Rossi agregó que se trata de un área sumamente sensible para lo que es el manejo de las finanzas públicas, donde además se administran recursos significativos.
“No es oportunismo político”
Por otra parte, Rossi manifestó que quedó demostrado que en ningún momento fue un oportunismo político ni quisieron hacer persecución a ningún funcionario sino que en realidad las denuncias arribaron a los bloques opositores y era su responsabilidad darles traslado a la Justicia para que actuara.
“En ese sentido, queremos destacar la labor del fiscal que tomó la causa, que claramente le dio un impulso coincidente con lo que veníamos planteando, que es que había sobrados elementos para que la causa se activara y no quedara paralizada como venía desde hace tiempo”.
Rossi aclaró que “esto no es una acusación personal a ningún funcionario, pero los hechos que se imputan son sumamente graves como para que los sigamos, estemos atentos y para esperar que si esta causa sigue avanzando, se tomen medidas concretas desde el ámbito que corresponde”.
Ferrer sumó que como bloque nunca trabajaron estratégicamente sobre cada una de las denuncias sino que mantienen un compromiso y una obligación con todos los ciudadanos de Tandil porque además se trata del dinero de la gente. “Consideramos que éste es un paso trascendental, así que veremos cómo avanza la Justicia. No son elementos para mirar al costado, hay que hacerse cargo y ver, en caso de corresponder, realizar todas las acciones correctivas necesarias para que estas situaciones no se reiteren”, agregaron los concejales. u
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PARA CLAUDIO ERSINGER
“La sociedad debe demandar los
actos públicos con transparencia”
Por su parte, el concejal del Frente Renovador Claudio Ersinger indicó que en el funcionamiento de todas las instituciones en una democracia, todos deben estar de acuerdo en que tiene que ser así. “Me parece que en el siglo XXI, la transparencia en los actos públicos debe ser algo demandado por la sociedad; todos queremos saber cómo se gasta la plata de los impuestos, así que a nosotros en ese momento nos movilizó el hecho de poder esclarecer esto”, destacó.
Además, puntualizó que desde la oposición no se sumaron a las respuestas que venían del sector oficialista donde les decían que era todo una cuestión política para afectar la imagen del Intendente porque estaban en un año electoral.
Y sostuvo que conociendo los plazos de la Justicia, esto iba a trascender ese año electoral que era 2011; además pasó otro año electoral en 2013 y está llegando a un punto en el que citan a indagatoria a un funcionario de rango de subsecretario.
“Esto va más allá de lo político, nadie está acusando a nadie de robar nada, porque lo que yo vi como elementos es que se usaban ciertos fondos que estaban determinados por presupuesto para ayuda social a familias en estado de vulnerabilidad y se utilizan para pagar otro tipo de cuentas que deberían pagarse por el sector de Compras. Antes que nada es una desprolijidad en el manejo de los fondos y si tengo que ser un poco más estricto, sería una defraudación a los concejales que aprobaron el presupuesto”, indicó Ersinger.
Por último, manifestó que le parece bien que la Justicia avance, que investigue y que “si tiene que sancionar a alguien, que lo haga, ya sea a este funcionario o al que sea si es que involucra a niveles de decisiones superiores o inferiores”.
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