El acuerdo entre Anses, Provincia y un gremio reedita el interés de la CGT por las viviendas

El reciente acuerdo entre la Administración Nacional de Seguridad Social, el Instituto de la Provincia, y la Asociación de Trabajadores de la Unicén reeditó el interés de la filial local de la Central General del Trabajo.
En diálogo con Multimedios El Eco, el secretario general de la entidad, Marcelo Marcovich, señaló ayer que ?no conocemos en profundidad cómo arribaron a ese acuerdo, pero está claro que todos los gremios en Tandil tenemos que trabajar sobre el acceso a la vivienda de nuestros afiliados?.
Por ello, el dirigente reconoció que obtener este tipo de líneas de acceso es algo ?que siempre interesa a los gremios que estamos en la CGT?, teniendo en cuenta que no hace mucho tiempo se generaron gestiones y reuniones con otros organismos pero que quedaron libradas a la suerte y sin resultados a la vista hasta este momento.
Tandil, al igual que otras localidades de Argentina, ha mostrado distintas experiencias a lo largo de la historia respecto a la construcción de viviendas sociales a través de las estructuras sindicales.
Desde los populares barrios obreros levantados hace décadas, hasta eternas demoras como la que hoy marca la realidad de las casas de Smata que se encuentran usurpadas bajo el argumento de la emergencia social y el difícil acceso a un techo digno.
El anuncio más específico de la administración de Cristina Fernández se produjo en septiembre de 2008, cuando el Gobierno nacional planteó que junto a varias provincias pondría en marcha el plan federal de financiamiento habitacional Casa Propia, destinado a trabajadores con ingresos formalizados y sin vivienda.
Este programa tiene por objeto atender las necesidades habitacionales de las familias de trabajadores con ingresos formalizados y sin vivienda propia, promoviendo la incorporación de nuevos recursos para el financiamiento de la construcción de viviendas nuevas, complementados con fondos públicos; a fin de posibilitar el acceso al crédito bancario a un amplio sector de la población.
A fin de brindar continuidad a la implementación de este programa, las demás entidades bancarias públicas y privadas, nacionales e internacionales podrán participar, adoptando como tasas de referencia las que fije el Banco Nación para esta línea. Las provincias también comprometen sus esfuerzos para que los agentes financieros participen del programa.
El ministerio de Planificación, a través de la subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, fijará los criterios de elegibilidad de los proyectos y de los beneficiarios; aprobará y auditará la ejecución de los proyectos; y efectuará la correspondiente asignación presupuestaria de los recursos anuales en el presupuesto nacional a fin de garantizar el subsidio acordado para cada proyecto.
Además, las provincias financiarán con fondos propios un aporte no reintegrable equivalente al 10 por ciento del costo total del proyecto. También se deberá garantizar el subsidio de la tasa de interés a fin de mantener la constancia del porcentaje del salario que el adjudicatario afecte del conjunto del ingreso familiar, al momento del otorgamiento del crédito para la amortización del mismo, y en las condiciones particulares que en cada convenio específico se prevean.     
Las entidades bancarias tendrán a su cargo otorgar la pertinente calificación bancaria a las empresas constructoras y a los beneficiarios, otorgar a la empresa adjudicataria de la obra el crédito para el financiamiento del costo total de construcción de la obra y brindarle al beneficiario un crédito con plazo a 20 años, por el 80 por ciento del costo de la vivienda.
En tanto, la CGT y la CTA deberán aportar los terrenos aptos para los proyectos, preevaluar y proponer el listado de beneficiarios que serán evaluados en primer término por el instituto y posteriormente calificados por el banco a fin de determinar si son sujetos de crédito.*

Recibí las noticias en tu email

Accedé a las últimas noticias desde tu email

Suscribite al newsletter

Ver más

Ads

Ads

Ads