El conflicto por el Plan Federal de viviendas está sin negociación y cada vez más trabado

La comisión de vecinos que ocuparon hace dos semanas casas sin terminar y terrenos destinados al Plan Federal de Viviendas ratificó ayer la toma, al tiempo que sus miembros dispararon nuevas acusaciones al gobierno municipal de Miguel Lunghi.
Lejos de retomar una instancia de diálogo, manifestaron ayer su reclamo por ?una adjudicación inmediata? de esos espacios y responsabilizaron al Municipio con algunos datos cruzados respecto a las versiones oficiales.
Con Gustavo Bravo como uno de sus voceros y en compañía del dirigente del Movimiento Evita, la comisión que se conformó tras la toma indicó ayer que ?en lo que va de este año hay trece denuncias por usurpaciones? en viviendas del programa nacional.
Ayer, el subsecretario de Desarrollo Social Rubén Diéguez reconoció la existencia de sólo tres trámites judiciales, porque el Estado ?está obligado a hacerlo, para lograr luego una mediación pacífica y solucionar cada una de esas situaciones?.
Lo cierto es que mientras en la comuna reconocen tres, para los ocupantes de los predios ya son 13 en lo que va de este año, cuestión que dijeron se agrava por la existencia de supuestas ?listas negras?.
Según describieron, cuando la asistente social completa las planillas con asistencia alimentaria los marcaría como ?usurpadores? dentro del barrio, situación a la que les vecinos se han visto ?arrastrados y obligados? por la situación.
?Queremos la adjudicación inmediata y nos oponemos a cualquier desalojo, porque desde que estamos acá, el barrio se llenó de patrulleros. Cuando pasan hechos de inseguridad no hay presencia tan rápida?, se quejaron ayer los vecinos.
Lo cierto es que con ese panorama, centraban sus argumentos en al menos dos de los artículos firmados oportunamente en el acuerdo entre el Estado nacional y el Municipio.
Insistían en que el tercer punto de ese convenio estableció que ?el Municipio se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por la Nación?.
Y que en el quinto artículo de ese acuerdo se determinó que ?el Municipio evitará pagar en mora los certificados comprometidos con sus recursos propios, de producirse dicha mora, los reclamos por este concepto deberán ser abonados por el Municipio con sus propios recursos?.
Lo cierto es que el oficialismo ayer ratificó que las gestiones para destrabar la cuestión se dieron en el máximo nivel. ?Lo hicimos en los lugares donde debíamos hacerlo y en los niveles más elevados, como el senador Pampuro por ejemplo. Se trata de un claro caso de discriminación política?, dijo ayer el senador Carlos Fernández.*

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