?El Congreso se ha transformado en una escribanía?, analizó Leandro Despouy en su paso por la ciudad

En ella, bajo el título de “Control en la Argentina, actualidad y perspectivas”, disertó sobre la reforma judicial que está llevando a cabo el Gobierno nacional y otros temas de actualidad. Participó, además, de la XVIII Jornada Universitaria Nacional de la Empresa Argentina, que comenzó ayer y culmina hoy.

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Su visita se dio en el marco de un ciclo de conferencias que está realizando por las distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires. A la mañana, en tanto, cedió un espacio en su agenda para conversar con los medios.

En primera instancia, Despouy relató que tuvo una entrevista “muy cordial” con el intendente Miguel Lunghi, a quien describió como “un hombre severo respecto a los desafíos y preocupaciones que lo interpelan desde esta ciudad, privilegiada y bella”, entre varias ventajas que enumeró respecto a otros distritos que visitó en la provincia de Buenos Aires.

“Me he encontrado con un Intendente muy preocupado por cuestiones vinculadas al manejo que se hace a nivel nacional de los fondos provinciales, municipales, y un poco comprobamos que las principales críticas que hemos realizado desde la Auditoría General de la Nación, hay una distribución terriblemente discrecional, arbitraria y discriminatoria de los recursos y fondos públicos”, indicó Despouy.

En tal sentido, lanzó que “esto es lo que daña porque de alguna manera privilegia las gestiones de los intendentes que pueden tener afinidad política y realizar una pésima gestión de los fondos públicos y penalizar a quienes realizan una excelente gestión de los recursos públicos pero tienen otra afinidad política”.

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En consecuencia, señaló que “este tipo de arbitrariedades son las que se requieren conjurar de manera rápida y en forma categórica porque aquí, cuando visitamos este lugar y verificamos la forma en que incide, el impacto y los esfuerzos que se realizan de la Municipalidad para vencer esta dificultad, son mayúsculos”

Garantizó desde su lugar que “como organismo de control lo verificamos a nivel nacional porque vamos y vemos cómo se transfiere”. Entonces, denunció que “este manejo discrecional es una discriminación política”, y advirtió que “tenemos que poner fin a esto porque de lo contrario le estamos entregando al oficialismo un instrumento de gestión y condicionamiento político muy poderoso”.

 

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El Congreso,

una escribanía

 

Desde su rol en el organismo nacional, consultado sobre cómo se puede hacer para que esos fondos se distribuyan efectivamente de manera más equitativa, Despouy explicó que “nosotros lo ponemos de manifiesto, somos un país donde va a haber elecciones, pero el gran problema que tiene es que el Congreso se ha transformado en una escribanía. Hace lo que el Ejecutivo le señala, todas estas cosas son posibles porque el Parlamento no existe, no controla, los diputados representan una fuerza política que plantea que la distribución tiene que ser clientelar y orientada desde la voluntad del Ejecutivo, esos diputados que pueden tener intereses contradictorios respecto a esa voluntad porque se está sancionando determinada región, no van a cambiar su decisión y van a votar a favor de esas propuestas”.

Se mostró preocupado al mencionar que “no puede ser que nuestro país sea el que registre mayor distorsión entre el presupuesto que se aprueba y el que se ejecuta. En 2009 hubo un 30 por ciento de diferencia, esto quiere decir que el Ejecutivo pudo disponer libremente de miles y miles de millones de pesos, esto no puede ser, ningún país racional y democrático puede funcionar de esta manera”.

 

La Justicia

 

Además, criticó que el Ejecutivo “ha destruido todos los órganos de control, hasta la Justicia, esta ofensiva de esta nueva ley tiende a debilitar el control que ejerce la Justicia. Digamos acá que la reconstrucción de las instituciones republicanas no es un problema teórico, de purismo, no; tiene consecuencias terribles esta destrucción de la República, en los derechos de las personas pero también en la economía, vamos a terminar en un país completamente manejado por la caja política, esto es una regresión infinita, vamos hacia una América Latina que están dejando todos los otros países, estamos produciendo márgenes de excluidos y marginados, que nos conducen a lo que fue Colombia y Guatemala en los años pasados”.

Lanzó que “hay dos generaciones que prácticamente no van a conocer el trabajo” y advirtió que “estamos deformando los perfiles básicos de nuestra definición social como país, hay una enorme distorsión económica en la ejecución presupuestaria, una enorme distorsión política en la asignación de los recursos en función de las preferencias políticas, inclusive en el interior mismo de las fuerzas que gobiernan y hay un deterioro muy grave en la institucionalidad del país, no se puede hablar ni pensar hoy de que es necesario destruir la democracia para poder avanzar contra los grupos fácticos o las corporaciones, si volvemos a ese lenguaje nos vamos a encontrar con que bastaría que el Ejecutivo estigmatice al Poder Judicial diciendo `ustedes son la corporación, los voy a suprimir´, o a la inversa, que el Poder Judicial dijera `ustedes representan la corrupción, la arbitrariedad y por lo tanto vamos a derrocarlos´”.

 

Sobre la reforma

 

Sobre cuál es su visión en torno a la reforma judicial planteada desde el Gobierno nacional, Despouy manifestó que “sería una irracionalidad llegar a ese tipo de situación. Hecha por una como por otros, como del Ejecutivo cuando pretende descalificar y destruir el Poder Judicial detrás del apotegma, del paradigma de decir es la corporación, esos términos, la sinarquía –palabras vacías en las que cabe todo- esto es realmente algo muy grave, si nosotros entramos a aceptar esto que se está tratando de hacer con la Justicia es una aberración porque no es un reforma legal de la Justicia, es una reforma constitucional a través de una ley pero que está afectando la naturaleza misma del Poder Judicial, la independencia de la Justicia”.

Analizó que “es muy grave eso, es un disparate, esto es inaceptable, la comunidad internacional les ha dicho que no puede ser, no puede ser en ningún país del mundo, no pueden regresar a formas tan primitivas de institucionalidad”.

“Después de esa batalla legislativa que se dio -donde la oposición fue muy clara-, está la batalla legal, los jueces tienen que declararla inconstitucional y, además, después viene la batalla internacional, porque la comunidad internacional no nos va a dejar a nosotros que seamos un país que vuelva a una decadencia de la Justicia como se pretende en este caso”, trazó Despouy