El FPV le advirtió al Ejecutivo que infringe la ley al no contestar los pedidos de informes
Concejales del PJ-Frente para la Victoria volvieron a la carga con el reclamo para que el Departamento Ejecutivo dé respuesta a los pedidos de informes que vota el Concejo Deliberante y que hacen al poder de control que tiene el Legislativo.
Esta demanda se ha tornado histórica entre los bloques de las distintas composiciones del Deliberativo desde que asumió Miguel Lunghi al frente de la Intendencia, en 2003.
Algunos concejales, como Carlos Mansilla o Juan Roque Castelnuovo, cumplieron sus mandatos y se despidieron sin respuestas, aunque continuaron marcando públicamente esta falencia del Gobierno comunal.
Ayer, a través de un comunicado, los ediles del PJ-Frente para la Victoria afirmaron que “el Departamento Ejecutivo no responde a los pedidos de informe, incumpliendo con la Ordenanza 5.181 que estable textualmente: ‘Los pedidos de informes realizados al Departamento Ejecutivo deberán ser contestados en un plazo no mayor de 30 días a partir de la fecha de elevación del mismo’”.
Incluso, en alguna oportunidad legisladores marcaron que fue el radical Carlos Fernández, en su paso por el Concejo, el mentor de la ordenanza que hoy está incumpliendo la administración de Miguel Lunghi.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailPor todo esto, el bloque sostuvo que “seguimos esperando las respuestas, porque respetar las normativas, revalorizar la función pública y tener acceso a la información profundiza la transparencia que tanto se declama pero que tan poco se ejerce en los hechos concretos”.*
Cuatro temas clave para la oposición
En esa ocasión también marcaron “la necesidad de transparentar el ingreso de los agentes que se desempeñaban en la comuna, como una manera de saber con qué recursos humanos se contaba a los efectos de instrumentar políticas acordes para una gestión eficiente”.
En este caso, recordaron que el informe fue contestado correctamente por la administración del Hospital “pero no así por la oficina de personal, cuya respuesta falaz dio lugar a que la Comisión de Interpretación de Asuntos Legales resolviera por unanimidad que el expediente se girara nuevamente al Ejecutivo para que se completara la información. Pasaron varios meses y el expediente no ha sido respondido”.
Otra de las solicitudes fue información sobre los domicilios de los lugares de alojamiento para las familias víctimas de violencia. “Dicha minuta de comunicación fue presentada es del 2 de febrero de 2012 y aún no hay respuesta. Este es un caso que amerita celeridad y por tal motivo reclamamos una contestación”, manifestaron.
En tercer lugar, le pidió al Ejecutivo que informe sobre el resultado de la subasta pública de ocho inmuebles, que se realizó el 17 de diciembre de 2010 en el Centro de Martilleros. En esta oportunidad, requirió conocer “la metodología y criterios a utilizar a los efectos de definir las razones de interés público mencionadas en el Art. 1 de la Ordenanza 8311. Asimismo, conocer el saldo disponible en el fondo afectado Fondo Especial de Expropiaciones”.
Por último, requirió explicaciones sobre el traslado de residuos patogénicos a partir de una noticia periodística que planteó irregularidades con respecto a la eliminación de este tipo de deshechos.
Precisamente, exigió información sobre la movilización de los residuos patogénicos desde los centros de salud para confirmar si se realiza conforme a legislación provincial que rige para el desecho de estos deshechos especiales.
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