El Gobierno admitió que será imposible afrontar los gastos del año sin echar mano a las reservas

El Gobierno admitió por primera vez que sin el Fondo del Bicentenario que echa mano a las reservas para afrontar pagos de la deuda, le será imposible cumplir con los gastos proyectados en el Presupuesto 2010.
Lo hizo al presentar un informe ante la Corte Suprema para responder la demanda de San Luis contra la validez del decreto que autorizó al Ejecutivo a usar reservas del Banco Central para pagar deuda.
Según ese trabajo, sin el Fondo del Bicentenario no se podría ejecutar el gasto dispuesto por el presupuesto nacional ni obtener recursos para cumplir con los acreedores.
El documento, de 59 páginas, al que tuvo acceso el diario La Nación, pide a la Corte rechazar la demanda y sostiene que el Gobierno quiso “optimizar el uso de las reservas que superan las necesarias para preservar la estabilidad financiera”.
El informe requerido por el máximo tribunal admite que “sin la constitución del Fondo del Bicentenario existen fuertes probabilidades de que el presupuesto 2010 no se pueda ejecutar debidamente, porque no se reúnen las condiciones financieras que se requieren para llevar adelante las operaciones de financiamiento que autoriza el presupuesto, lo que implica la imposibilidad de obtener recursos para hacer frente a vencimientos de la deuda pública, en general, y de los gastos aprobados por el Congreso, en particular”.
El escrito lleva la firma del procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, y fue presentado el viernes 8 de enero, varios días antes de que venciera el plazo de 10 días para contestar el pedido de informes que formuló la Corte al Gobierno el último día hábil del año.
Ahora, el tema quedó en condiciones de ser debatido por la Corte en el acuerdo de ministros que se realizará la primera semana de febrero.
En fuentes judiciales sostienen que ese argumento podría inclinar al máximo Tribunal a fallar a favor del Gobierno, pero su trascendencia tendría costo político para una administración que se niega a admitir la disparada del gasto público.
Tras conocerse el controvertido DNU 2010/09, la provincia de San Luis promovió una acción de amparo, el lunes 28, con la firma del gobernador peronista Alberto Rodríguez Saá y el patrocinio del ex ministro de la Corte, Rodolfo Barra y del fiscal de Estado de la provincia, Eduardo Allende.
San Luis planteó la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 2010/09 por el cual la presidenta Cristina Kirchner -soslayando la intervención del Congreso ordenada en la Carta Orgánica del BCRA- dispuso crear el Fondo del Bicentenario y trasladar al Tesoro nacional poco más de 6500 millones de dólares a las reservas del Banco Central.
Los amparos presentados por San Luis, en la Corte, y por el PRO, ante la Justicia de primera instancia, fueron los dos primeros cuestionamientos en ingresar en la Justicia contra el decreto.
Luego llegaron las presentaciones que formularon la UCR y el PJ disidente, la suspensión del decreto, que dispuso la jueza María José Sarmiento y el decreto 18/10, que removió a Redrado y también fue suspendido -de lo que se informa por separado-.
Apenas recibida la demanda de San Luis, la Corte -con inusual rapidez- sorprendió al Gobierno y a todos los actores del conflicto: envió la causa a la Procuración General, a cargo de Esteban Righi, y en apenas 24 horas le pidió al Poder Ejecutivo que brindara un informe, lo que implica contestar la demanda. (NA)

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