El Gobierno denunció por mal desempeño a Bonadío ante el Consejo de la Magistratura

Álvarez consideró ante el Consejo que es “una cuestión de urgencia” el tratamiento de esta causa, que se suma a otras nueve que tiene el juez en contra en el organismo, en medio de la polémica por su orden para allanar la firma Hotesur, de la que es accionista la presidenta Kirchner y administra el hotel Alto Calafate.

“Yo quiero ser tajante: este Gobierno no persigue a los jueces”, afirmó el viceministro de Justicia y señaló que en la actualidad “de lo que se está hablando es de una persecución de Bonadío al Gobierno”.

Puntualmente, en su denuncia, el representante del Gobierno ante el Consejo de la Magistratura sostuvo que “el juez Bonadío utiliza las causas judiciales bajo su órbita con el único objetivo decondicionar la actividad de los consejeros en el marco de las causas que tramitan en su contra”.

“Es en este sentido que el mencionado magistrado impulsa las causas judiciales a su cargo con el único fin de extorsionar a los consejeros en funciones y obstaculizar el normal impulso de sus procedimientos acusatorios, configurando con estas maniobras lo que he denominado una ´operación escudo´”, sostuvo, citando sus propios dichos en la denuncia pública que hizo el fin de semana pasado.

Al respecto, señaló que “el accionar del mencionado juez se basa en utilizar abusivamente las facultades otorgadas por el Código Procesal Penal de la Nación en función de su calidad de magistrado, al solo efecto de generar impacto mediático para protegerse de las acusaciones en su contra y así

extorsionar a los consejeros que forman parte de este cuerpo”.

En ese orden, solicitó al Consejo que tenga en consideración su denuncia “por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones”, a la vez que pidió “a la Comisión de Disciplina y Acusación que disponga la apertura del procedimiento de remoción, ordene la suspensión” y en ese caso “formule la acusación correspondiente al Jurado de Enjuiciamiento”.

Respecto a las presuntas acciones de Bonadío en aquel sentido, Álvarez sostuvo que ante el “avance de algún procedimiento de investigación en su contra” en el Consejo, se produce “la disposición de medidas procesales tomadas por el magistrado en determinadas causas judiciales de alto impacto político y mediático”.

“Estamos denunciando el accionar coercitivo de Claudio Bonadío”, explicó el funcionario en declaraciones periodísticas.

Al fundar estos hechos en su denuncia, hizo hincapié en  que “tanto por los dos actos de asunción de nuevos consejeros y autoridades como por las dos reuniones de la Comisión de Disciplina y Acusación en las cuales se tomaron medidas concretas respecto de la actuación de Bonadío, el juez respondió con el impulso de causas judiciales bajo su órbita con medidas extraordinarias, de claro tinte mediático con el objetivo extorsivo descripto”.

Puso como ejemplo que, el 20 de marzo pasado la Comisión de Disciplina y Acusación resolvió citarlo por uno de los expedientes en su contra y “ese mismo día el juez denunciado dispuso la elevación a juicio” de la causa contra el exsecretario de Comercio Interior, Guillemo Moreno por presunto “abuso de autoridad”.

“Es importante destacar el grado de ilegalidad de su medida extorsiva, que no solo no fue impulsada con la imparcialidad y objetividad que debe primar en el trámite de una actuación procesal, sino que asimismo motivó que la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal decida apartarlo de la misma”, apuntó.

La ofensiva se produce luego de que el magistrado ordenara un allanamiento a la empresa Hotesur, que administra el hotel que pertenece a Cristina Kirchner en El Calafate, por la falta de presentación de balances ante la Inspección General de Justicia (IGJ).

La presentación en el Consejo se suma a la denuncia penal que realizó este miércoles el senador oficialista Marcelo Fuentes por presunto enriquecimiento ilícito: el legislador recogió la denuncia pública realizada por la presidenta Kirchner en las redes sociales, que indica que el magistrado tendría una participación accionaria en la firma “Mansue SA”, dedicada a la venta de combustible.

La denuncia de Fuentes señala que Bonadío no puede formar parte de esa sociedad ya que, de acuerdo al Reglamento para la Justicia Nacional, el artículo 8 dispone que “los magistrados están especialmente obligados a “no ejercer el comercio ni actividad lucrativa alguna sin autorización de la respectiva autoridad de superintendencia”. NA