El gobierno lanzó una moratoria con hasta 120 cuotas mensuales

 

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La iniciativa beneficiará a 1.713.355 contribuyentes, de los cuales 1.709.065 tienen deudas de hasta un millón de pesos, y de ese total casi el 99 por ciento son pequeñas y medianas empresas.

Con esta moratoria el gobierno podría recaudar varios miles de millones de pesos, según el grado de adhesión que tenga la iniciativa.

Con esa medida, el Gobierno busca aliviarle la mochila de deudas a las empresas para que mantengan sus plantillas de empleos en un contexto de cautela, por el freno que sufrió el crecimiento económico de la Argentina en los últimos meses.   

No obstante, los evasores y morosos denunciados penalmente por la AFIP y las grandes cerealeras que no hayan contado con preanotación de granos, no podrán ingresar a este plan lanzado por el Gobierno para regularizar sus deudas hasta en 120 cuotas.

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La presunta evasión tributaria de 244 millones de pesos del Banco HSBC -denunciado también penalmente por el supuesto lavado de dinero equivalente a 392 millones de pesos- fue utilizado como testigo por el Gobierno para presentar la iniciativa.

Así lo sostuvo el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, en conferencia de prensa en la sede del organismo, al brindar detalles del Plan de Regularización Fiscal Impositivo, Aduanero y de la Seguridad Social.

Otro sector excluido del beneficio es el de las grandes empresas exportadoras de granos, tanto nacionales como internacionales, por la millonaria deuda tributaria denunciada en 2007 y que aún mantienen con el fisco argentino. 

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Cargill le debe al Estado unos 228 millones de dólares; Bunge adeuda 126.378.759 de pesos; la aceitera general Deheza cuenta con un pasivo de 48 millones y la firma LDC, con uno de 141 millones;

Molinos Río de la Plata, en tanto, adeuda 197 millones de pesos; y Oleaginosa Moreno, tiene 17 millones en rojo.

 

“Avivadas, no”

 

Este sector, según reafirmó Echegaray, “no quedó incluido en este acuerdo fiscal porque son cuestiones que frente a una avivada, no le podemos dar un plan de facilidades de pago, si un plan de regularización para mantener el empleo”.

Aclaró, además, que “no pueden ser reformulados los planes del acuerdo fiscal del 2009, dado que entonces hubo condonación de multa e intereses”.

Echegaray puntualizó que pueden ser incluidas en dicho plan “la deudas derivadas de ajuste de inspección”, por lo que pidió a los contribuyentes que “aprovechen esta ocasión para conformar el ajuste e incluir esa deuda dentro de este plan de pago”.

Asimismo, se pueden incluir “las deudas que están en discusión en sede administrativa, contencioso administrativa o judicial, pero siempre y cuando el contribuyente se allane”.

La moratoria fue determinada por la resolución general 3451, publicada en el Boletín Oficial, la cual indica que el plan de desendeudamiento se implementará para cancelar las obligaciones vencidas hasta el 28 de febrero pasado.

La decisión del Gobierno de lanzar una nueva moratoria responde a su intención de “instrumentar medidas contracíclicas conducentes al desarrollo estructural de las empresas y a la generación de empleo”, según la resolución.

Asimismo, tiene como objetivo “el mantenimiento de las fuentes de trabajo y al fortalecimiento del poder adquisitivo de los ciudadanos y, con ello, la consolidación de la demanda y del mercado interno nacional”. NA